El Decreto que firmó el gobernador Mariano Arcioni para la instrumentación de la Emergencia en Seguridad de Chubut tuvo duros cuestionamientos de organismos de Derechos Humanos y vecinales de la Comarca Andina Patagónica. Criticaron la estigmatización mapuche y reclamaron fondos por el brote de Hantavirus en la región.
La Asamblea Comarcal contra el Saqueo y el Colectivo Santiago Maldonado Lago Puelo son las dos organizaciones que encabezan el duro comunicado que le apunta al gobernador chubutense, haciendo eje en la estigmatización del pueblo mapuche a través del supuesto combate a la RAM. Al mismo tiempo exigieron fondos estatales provinciales y nacionales para prevenir y contrarrestar el brote de Hantavirus en la región de la Comarca Andina Patagónica.
Junto a dichos estamentos firmaron la declaración la APDH Nacional, Jubilades Actives, NOMADAS -Comunicación Feminista- y la Vecinal de Villa del Lago de Lago Puelo.
El texto sostiene que “El brote de hantavirus en la Comarca Andina puso en evidencia la situación de crisis estructural que venimos atravesando: ajuste brutal y vaciamiento de áreas sensibles como Salud, Educación y Acción social. Esta situación genera un estado de vulnerabilidad en la población insostenible. Previendo cualquier respuesta social, ya sea de protesta o de auto organización, el Estado no vacila en aceitar la maquinaria represiva, ‘sin reparar en gastos’”.
Vale recordar que con fecha del 9 de enero de este año, se publicó en el Boletín Oficial de Chubut el Decreto 1353/18 donde el Poder Ejecutivo provincial instrumentó por el término de un año la Emergencia en Seguridad Pública.
En uno de sus párrafos principales, sostiene textualmente que “Que para un más eficiente desempeño de la gestión de la seguridad pública por parte de la Policía Provincial, resulta pertinente encomendar a esa institución la responsabilidad de presentar un plan de inversión en recursos materiales, equipamiento e infraestructura para el efectivo despliegue de las estrategias de control del delito y la seguridad de su personal, comprendiendo para ello las áreas de comunicaciones, parque automotor, dependencias administrativas y centros de detención, entre otras, razón por la cual este marco de emergencia se propone a los fines de agilizar, sin obviar la compulsa de precios, aquella tramitación posterior para la adquisición de los bienes”.
Sobre este particular, las organizaciones mencionadas sostuvieron que “lo que nos urge son recursos básicos tales como barbijos, respiradores, más personal en los hospitales, capacitación de los agentes de salud, APS y campañas permanentes de prevención, lo que el Estado Provincial decreta es más patrulleros, más policías, más centros de detención”.
Haciendo referencia a la crisis desatada por el brote de Hantavirus en Epuyén y las duras consecuencias económicas y sociales, los firmantes agregaron que “Brilla por su ausencia un plan de asistencia inmediata a las economías locales, ya deterioradas por años de abandono, sin posibilidades de absorber el impacto de una mala temporada turística y luego de un 2018 con pago escalonado y paritarias a la baja. Nos preguntamos con profunda preocupación, cómo puede ser una respuesta a toda esta situación de penurias económicas, el aumento de presupuesto policial y parapolicial”.
La RAM en la mira
El gobierno de Chubut y los de las provincias de Río Negro y Neuquén conformaron con el Ministerio de Seguridad Nacional que lidera Patricia Bullrich el Comando Unificado Patagonia que tiene como prioridad la desarticulación y combate con la RAM.
En esa misma línea argumental, el decreto firmado por Arcioni incorporó en sus considerandos: “Que constituye una recurrente preocupación para nuestra Provincia el accionar de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a cuyos integrantes se les imputan delitos contra la propiedad, la seguridad y el orden público, razón por la cual, con el fin de atender, entre otros, la materia de delitos federales producidos por las actividades de esa organización y en el marco de la planificación desarrollada por el Comando Unificado Patagonia, se convoca al Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior”.
Frente a ese panorama, las organizaciones sostuvieron que “el avance de los proyectos extractivistas” son la argumentación fundamental de estas políticas en materia de seguridad y expresaron “condenamos que una vez más, el gobierno de Chubut profundiza en esta declaración de emergencia la persecución y estigmatización del pueblo mapuche insistiendo en la construcción de un enemigo interno, en sintonía con la línea de acción del Ministerio de Seguridad nacional”.
Vinculando la crisis desatada por el Hantavirus, Emergencia de Seguridad y la persecución a los pueblos aborígenes denunciaron “el abandono intencional del Estado en materia social y sanitaria, y retomamos el concepto de ‘crisis de diseño’ para habilitar el desvío de los recursos públicos hacia la represión y el control social al servicio de los proyectos extractivistas”.
Finalmente exigieron “el cese inmediato de la persecución policial y judicial al pueblo nación mapuche tehuelche, reconociendo su condición de pueblo preexistente al Estado argentino, un Estado, que al igual que el chileno, perpetró en su contra un genocidio para adueñarse de sus territorios”.