Tras los alegatos en el proceso judicial contra integrantes de la Agrupación Albatros de Prefectura Nacional por la muerte en 2017 de Rafael Nahuel en Villa Mascardi, el letrado Rubén Marigo, referente de la regional barilochense de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y quien lleva junto a Ezequiel Palavecino la querella de la familia del fallecido, evaluó que “a lo largo del juicio ha habido claramente dos posturas antagónicas”, en referencia a quienes apuntan a un enfrentamiento armado y a los que sostienen –incluido él, claro– que “hubo un homicidio agravado por ser efectuado por miembros de las fuerzas de seguridad, por dos o más personas, con armas de fuego”.
Asimismo, Marigo añadió que tanto por parte de la familia como de la APDH nacional, que interviene también como querellante, se solicitó que se sumara “el agravante del odio racial hacia los pueblos originarios”.
Cabe resaltar que, asimismo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación actúa también como acusadora en el proceso. De tal manera, Marigo consideró que “los alegatos de las tres querellas fueron coherentes”, impulsando el pedido de prisión perpetua contra los prefectos.
En cambio, apreció que lo había sorprendido –en el peor de los sentidos– la postura del fiscal Rafael Vehils Ruiz, quien apuntó a un “exceso en la legítima defensa”. En tal sentido, el abogado de los padres de Rafael Nahuel recordó que “por los medios de comunicación él había expresado que le parecía dudosa la existencia de un enfrentamiento armado”.
“Todas las querellas catalogamos el alegato del fiscal como una defensa en lugar de una acusación”, sostuvo Marigo.
De tal manera, manifestó que esa postura es similar a la expuesta por los letrados de los prefectos, que pidieron “la absolución en base a la teoría de la legítima defensa”, y expuso que Vehils Ruiz fue en la misma dirección “que la fiscal en primera instancia (Sylvia Little), lo que coincide con la posición de los integrantes del grupo Albatros o, al menos, los favorece”.
Más allá de esas apreciaciones, Marigo indicó: “Pensamos que el Tribunal está liberado de tomar la decisión que corresponda, y creemos que, a lo largo del juicio, ha quedado claro que tanto Rafael Nahuel, que fue asesinado por la espalda, como Johana Colhuan y Gonzalo Coña, heridos también por la espalda, sufrieron el ataque mientras eran perseguidos montaña arriba, todo lo cual fue ratificado en la inspección ocular (en el sitio donde el joven de veintidós años falleció)”.
El abogado también expresó: “Pese a que a la defensa le molestó el tema, creo que fue correcto que encuadráramos la investigación como un delito de violencia institucional, así como que dijéramos que no podía sacarse del contexto histórico de lo que significó el 2017, con el invento del enemigo interno de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), que fue justificando todo este tipo de procedimientos, como lo demostró, en su declaración, el jefe del operativo del grupo Albatros, Julio César Mostafá”.