Con una masiva asamblea en la ex ESMA, trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación rechazaron la nueva ola de despidos en el área y denunciaron que el gobierno de Javier Milei busca vaciar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

Este lunes se conoció que otros 60 trabajadores y trabajadoras fueron dejados sin empleo por el exjuez Alberto Baños, hoy a cargo de la Secretaría. Estos nuevos despidos afectaron sobre todo la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria y el Archivo Nacional de la Memoria y significa la parálisis de muchas de las tareas que esas áreas están llevando adelante desde hace años.

Como ocurrió en marzo y abril, cuando hubo otros 42 despidos, no existió comunicación oficial ni aviso a los afectados y afectadas. Sólo una lista que circuló con los nombres de las 34 personas cuyos contratos serían renovados. Las otras 50 se enteraron así que ya no tenían trabajo.  A esos casos se sumaron otras 10 que recibieron telegramas en sus casas, algunas que ya habían sido despedidas en marzo y luego reincorporadas.

Ante este panorama, el cuerpo de delegados de ATE desarrolló una asamblea frente a la Secretaría para acompañar a las y los despedidos y para rechazar la intensión del gobierno de vaciar las políticas de derechos humanos.

“Vienen a desmantelar a la Secretaría. No les interesa ninguna política que tenga que ver con la promoción de los derechos humanos”, señaló Octavio Rampoldi, delegado de ATE en la Secretaría, en una entrevista con Trinchera TV. “De 84 contratos que vencían, sólo se renovaron 34. A esas 50 personas nadie las notificó, sólo circuló la lista que a quienes renovaban. Es muy triste y habla de la cobardía de esta gestión de Alberto Baños, que no da la cara. Está acá en la ex ESMA y se esconde. Es una gestión con mucho cinismo y mucha cobardía”, añadió.

Este martes a las 11 se realizará un nuevo acto en la puerta del Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cuneo Libaron (Sarmiento 329) en defensa de la Secretaría y en rechazo a los despidos.

Los despidos, área por área

De los 50 despidos por finalización de contrato, 27 fueron en la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria. Según explicó la delegada Paula Donadío, las personas despedidas son trabajadores y trabajadoras que se ocupaban de las actividades pedagógicas, de la conservación y preservación de todos los ex centros clandestinos de detención, arquitectos y personal de mantenimiento.  “El área de Conservación quedó casi desarmada. Ellos viajan a pedido de los juzgados, forman compañerxs en las provincias para el cuidado y la preservación de los lugares. Trabajaron, por ejemplo, en el Casino de Oficiales de la ex ESMA”, explicó. También hubo despidos en los Espacios de Memoria que la Secretaría gestiona en todo el país.  En El Atlético, por ejemplo, echaron a más de la mitad de los trabajadores, entre ellos a las arqueólogas históricas del sitio.

-11 de los despedidos trabajaban en el Archivo Nacional por la Memoria, que se encarga de la preservación de documentación vinculada a violaciones a los derechos humanos.

-En Leyes Reparatorias hubo otras 9 personas echadas. El área fue apuntada por Cúneo Libarona cuando paralizó su accionar con la excusa de hacer una revisión de las indemnizaciones a personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos.

-El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, un espacio de difusión y promoción de la cultura, la educación y los derechos humanos que funciona en la ex ESMA, sufrió 5 despidos. 

–La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) también fue apuntada por Cúneo Libarona en los últimos meses. Abuelas de Plaza de Mayo denunció un intento de desarmar la Unidad de Investigación Especial, que realiza investigaciones prejudiciales en casos de denuncia de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. Ahora, fueron despedidas 3 personas.

-El Consejo Federal de Derechos Humanos, que promueve políticas de derechos humanos en todo el país, sufrió otros dos despidos.

-Otra de las personas despedidas trabajaba en la Dirección Nacional de Protección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, que se enfoca en la defensa de los derechos de las personas usuarias del sistema de salud mental.

-También hubo un despido en la Dirección Nacional de Formación, encargada de los cursos sobre derechos humanos que se realizan en la plataforma virtual de la Secretaría, y otra en el área de Promoción de DDHH.

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Zaguan Transindical: despidos en cupo laboral travesti trans

Zaguán Transindical es una organización sindical de trabajadorxs estatales que accedieron a los puestos por la ley de cupo laboral trans. Surge en 2023 para organizarse sindicalmente y velar por el efectivo cumplimiento de la mencionada ley N°14783 que fue sancionada tres años atrás y hasta la fecha había contratado 955 personas. Un número muy por debajo de lo estipulado: 1% del total de la nómina de trabajadores de la administración pública, da un número de 5551 puestos de trabajo. Desde marzo, además, tuvo que adaptarse a los tiempos que corren y acompañar a les compañeres despedides en la primera ola de despidos masivos en el estado, consecuencia de la afilada motosierra de Javier Milei. Por Sofía Oilla (ANRed)

Carla, trabajadora travesti despedida en marzo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) e integrante de la organización Zaguán Transindical, fue entrevistada en el programa radial “Que Arda!” (sábados 12 a 14hs por FM Riachuelo 100.9) a propósito de los despidos en el estado y las consecuencias para las personas del colectivo.  “Hasta ayer (viernes 28 de junio) contábamos 130 despidos y de 9 a 30 reincorporaciones. Ahora estamos viendo hasta dónde escala este nuevo número de despidos”, aseguró. Es que, a fines de la semana pasada y comienzos de esta, vencen los contratos estatales que el gobierno prorrogó en marzo y se esperan cientos de no renovaciones de contrato. Es decir, despidos encubiertos.

Esta situación afecta por un lado a les integrantes de la comunidad travesti trans quienes pierden el acceso a un trabajo formal, a la seguridad social, a la inclusión y al reconocimiento como sujeto de derechos, expulsándoles nuevamente: “para muchas es volver otra vez a la calle, a la prostitución”, afirmó Carla. Por otro lado, tiene una implicancia concreta en el acceso a políticas públicas de toda la sociedad. Menos estatales se traduce en recorte en políticas públicas que se implementan para garantizar derechos a la población.

En particular, en el caso de la ANDis, no sólo no se cumple con la ley de cupo por discapacidad, sino que afecta a la accesibilidad de estas personas al espacio público, por ejemplo. O la cobertura de prestaciones médicas o el acceso a tratamientos o medicamentos.

Carla contó que haciendo la experiencia de Zaguán Transindical, cuando comenzaron a reunirse y escucharse entre todes, detectaron algunos obstáculos en la implementación del cupo, incluso cuando les compas lograban acceder a los empleos: “muchas entraron con la categoría más baja y esos lugares no estaban preparados. Una compañera que entra a los 50 años, no tiene acompañamiento, la mandan a un lugar oscuro, nadie le da una mano, nadie le enseña cómo hacer el trabajo, es hostil y encima cobra dos pesos… entonces las chicas dicen: mirá, yo me voy a la calle que la conozco y que gano más plata… y se van”.

Respecto de los despidos informó que con abogades de ATE están realizando un seguimiento de los casos individuales y han presentado una demanda pluriindividual, pero aún están a la espera de cómo evolucione judicialmente. Respecto de la capacidad de organizarse dijo: “es difícil que les compañeres despedides puedan dar la cara porque lo que se logra con esto es que la gente baje la cabeza, se sienta mal y no pueda salir de eso”.

Aun así, apuestan a la organización colectiva y a la unidad política para dar pelea a este gobierno que vino a avasallar todos los derechos conquistados con años de lucha y sangre. Más aún para este colectivo en particular, históricamente estigmatizado y excluido de todos los ámbitos del sistema.

Acá podes escuchar la entrevista completa

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CRECE LA PERSECUCIÓN SINDICAL

Ahora la Ciudad quiere quitarle los fueros a un delegado médico por reclamar durante la pandemia

Ocurre tras cuatro años de persecución a un psiquiatra del Hospital Álvarez, que exigía los elementos de protección contra el COVID para sus compañeros de trabajo.

Por: Martín Suárez

En la edición impresa del domingo 23 de junio, Tiempo publicó un informe sobre la persecución y hostigamiento sindical que realiza el macrismo porteño desde que gobierna la Ciudad de Buenos Aires. En la nota se repasan varios hechos donde trabajadores y trabajadoras porteños de diferentes sectores, fueron víctimas de la opresión estatal al recibir penas como suspensiones sin goce de sueldo y desafueros sindicales. Entre los gremios más atacados por la gestión PRO se destacan docentes, trabajadores de la salud y metrodelegados.

El último caso conocido fue la persecución contra el metrodelegado Claudio Dellecarbonara, que fue desaforado por una denuncia penal por haber liberado los molinetes en 2021 en el marco de una protesta votada por el gremio. Unos días después de la sanción, la justicia nacional hizo lugar al reclamo del trabajador y anuló la pena.

El Gobierno de la Ciudad

Ahora el gobierno porteño pide el desafuero sindical de Guillermo Muñiz, médico psiquiatra del Hospital Álvarez, delegado y referente gremial de la Asociación de Médicos Municipales (AMM), por haber reclamado hace cuatro años durante la pandemia, donde exigió la entrega de algunos elementos de protección para no contraer COVID.

“A mí se me inicia un sumario administrativo a partir de una nota que me hace el jefe de mi guardia en abril de 2020 a propósito de la pandemia. Yo reclamaba en ese momento los elementos de protección personal para los trabajadores, y cómo organizar la atención a los pacientes”, señala a Tiempo el médico psiquiatra Guillermo Muñiz.

El profesional y referente de la AMM, recuerda que planteó este pedido en un cambio de guardia, tras armarse una asamblea entre los profesionales que salían de guardia y los que ingresaban a la misma.

“Éramos alrededor de 40 personas aproximadamente, y en ese momento expresé lo que ocurría durante todos los días de trabajo. Tuve una discusión acalorada con el jefe de mi guardia porque no nos daban los elementos de protección, y los pocos que nos daban eran de malísima calidad, habiendo en el hospital algunos de mayor calidad. Entonces me hicieron una nota y la misma llegó a la dirección y la dirección dejó que corriera hacia el Ministerio de Salud. Es allí donde el ministerio, durante la gestión de Larreta (hace 4 años), me inicia un sumario administrativo».

Muñiz realizó todos los descargos legales que tuvo que hacer, el ministerio de Salud porteño ignoró cada uno de ellos y dictó una suspensión de cinco días. La misma quedaba automáticamente inhabilitada porque el trabajador tiene fueros sindicales por parte de la Asociación de Médicos Municipales, el cual es dirigente hace más de 30 años, y referente nacional de la FESPROSA, que es la Federación de Profesionales de Salud de la República Argentina.

“No pudieron hacerme cumplir la sanción, que es injusta de por sí, porque tengo fueros gremiales. Entonces lo que inicia en el dictamen la resolución que da el Gobierno de la Ciudad, es que entendiendo que tengo tutela gremial, ellos mandan a la Procuraduría, que es la justicia laboral de CABA, el pedido de desafuero para que se me haga efectiva el cumplimiento de la sanción”, agrega el trabajador.

Lo grave, y al mismo tiempo coherente con estos tiempos, es que éste pedido de desafuero ocurre luego de cuatro años, en medio de un contexto de ataque sistemático contra el conjunto de las y los trabajadores.

El temor como represalia al reclamo

Las coincidencias entre el gobierno local de Jorge Macri y el Nacional de Javier Milei son tantas que es casi imposible analizar ambas gestiones por separado. Entre otros puntos, coinciden también en hostigar a quienes reclaman. “Amedrentarnos, intimidarnos a los gremialistas, que ya estamos más o menos curtidos, pero fundamentalmente a la gente que protesta o quiere protestar que es más joven, a ellos le quieren generar temor. ¿Para qué? Para que no estén movilizados los gremios y que puedan abrir los planes de ajuste que tienen previsto en la ciudad y en el resto del país sin mayor resistencia”, analiza en diálogo con Tiempo Muñiz.

Ante el pedido de desafuero que hizo el gobierno contra el trabajador del Hospital Álvarez para que pueda ser sancionado, Muñiz aclara que desde la Asociación han realizado una denuncia. “Hay un agravante”, subraya el profesional médico, “El ministro Fernán Quiroz, al ser consultado por la Asociación de Médicos Municipales por mi pedido de desafuero, responde que no han pedido nada, y yo tengo las resoluciones que puedo mostrar fehacientemente en qué punto está mi caso en este momento. Que no es el único, porque Jorge Adaro, Claudio DelleCarbonara, con quien estuve hablando, vamos posiblemente a juntarnos la semana que viene para ver si hacemos algo de conjunto”, termina.

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Despidos de estatales: Unos 90 médicos y enfermeros fueron desvinculados del Hospital Posadas, lo que perjudicará la atención en áreas sensibles

En esta nueva oleada de despidos masivos de trabajadores estatales que dependen del Gobierno de la Nación, cayeron casi un centenar de empleados del área de salud del Hospital Posadas ubicado en la provincia de Buenos Aires. Los afectados además dejan sin servicio público a áreas muy sensibles como neonatología, endocrinología o biología molecular. «Despidieron a gente que salva vidas todos los días», dijo un paciente.

Profesionales de distintas especialidades de salud, enfermeras, técnicos y administrativos fueron despedidos del Hospital Posadas ubicado en El Palomar, partido de Morón, provincia de Buenos Aires. Ya se cuenta a unos 90 trabajadores desvinculados, de los que depende el tratamiento y asistencia de miles de pacientes que llegan desde todo el país. 

En esta nueva ola de despidos que ordenó el Gobierno de Javier Milei, cayeron varias dependencias del Estado que verán afectados sus servicios como el Inti; Desarrollo Social; la Ex Esma, el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Hospital Posadas y otras reparticiones. La situación es crítica para algunas de ellas que quedan prácticamente vaciadas e imposibilitadas de seguir ofreciendo servicio público a la comunidad.

Específicamente en el caso del importante centro médico bonaerense, las cámaras de televisión se acercaron para obtener el testimonio de médicos, enfermeros y trabajadores que reclamaban por despidos propios o de compañeros.

Uno se presentó como paciente del área de endocrinología, comentó la desidia del Gobierno al despedir a gente “que salva vidas todos los días», entre los casos mencionó a «una bióloga molecular que detecta la leucemia o fisiatras que atienden niños en el hospital, neumonólogos, gente de la guardia de adultos. En mi caso, echaron a mi endocrinóloga que me viene tratando hace años y es la única que se especializa en tiroides».

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Pablo Moyano confirmó que «la CGT va a judicializar la reforma laboral y Ganancias» y se mostró optimista: «Creo que nos tiene que dar la razón»

El co-secretario general de la CGT, Pablo Moyano, confirmó el adelantó de InfoGremiales y aseguró que la central obrera judicializará el capítulo de reforma laboral y el regreso del impuestos a las Ganancias que aprobó el Congreso. Además, llamó a sostener la unidad del PJ y pidió ser amplio e incluir a sectores del radicalismo y el socialismo.

El dirigente sindical de Camioneros y referente de la CGT, Pablo Moyano, confirmó el anticipo de InfoGremiales y ratificó que la central obrera llevará a la Justicia el capítulo de reforma laboral aprobado en la ley Bases. A 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón, llamó al peronismo a darle impulso a la unidad y señaló que es vital debatir y llegar a consensos para ofrecerle una alternativa en las urnas el año que viene a todos los ciudadanos.

En una entrevista con la 750, Moyano explicó que la CGT judicializará algunos puntos de la Ley Bases, que se terminó de aprobar en la Cámara de Diputados, y consideró como “traidores” a los referentes del peronismo que acompañaron al Gobierno de Javier Milei.

“La responsabilidad es del Gobierno y de los traidores en el Senado y Diputados del peronismo que les dieron el voto. La CGT va a judicializar la reforma laboral y Ganancias. Va a ser un nuevo camino de lucha en la justicia que creo que nos tiene que dar la razón”, adelantó en exclusiva.

Finalmente, ante la pregunta de cuál fue el rol del movimiento sindical durante los primeros meses de gestión de ultraderecha, afirmó: “Hicimos dos paros generarles, movilizaciones multitudinarias. ¿Qué querés que haga? Creo que el movimiento obrero es la contención de los laburantes para defender sus derechos. Parte del peronismo traicionó a sus votantes. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a ir a la Justicia”.

El dirigente de Camioneros además fue contundente al señalar que “en este contexto que estamos viviendo económico y político, hoy, más que nunca, el peronismo se tiene que unificar”.

Por eso, confirmó que Camioneros y la CGT van a participar de los actos programados en homenaje a Perón mostrando una imagen importante de unidad al interior del partido. “Ojalá sea el principio de un proceso de unidad para darle a la sociedad una propuesta para el año que viene. Vemos que un país a la deriva, económicamente, políticamente, con leyes regresivas. Por eso tenemos que dar un gesto de unidad”, dijo.

De todos modos, fue muy claro al señalar que, pese a los intentos por llegar a la unidad, “con el peronismo solo no alcanza”. Por eso consideró que otros sectores, como el radicalismo y el socialismo, deben ser tenidos en cuenta para un gran acuerdo nacional.

“El llamado que hace Cristina es a todo el arco político. Porque quedó demostrado que con el peronismo solo no alcanza. El radicalismo que todavía cree en la soberanía nacional, el socialismo, todo el arco político que tenga un nivel de acompañamiento a los derechos de los argentinos, tenemos que hacer ese esfuerzo”, convocó.

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ATE ya registró 2.305 despidos durante el fin de semana y este lunes protesta en todos los organismos públicos

“Esto se parece cada vez más a una dictadura. Enfrentamos un plan sistemático para destruir el Estado en el que los nuevos desaparecidos son los trabajadores despedidos y sus familias”, señaló Rodolfo Aguiar, el líder de ATE Nacional, quien encabezará las medidas de fuerza a partir de las 9 en la sede nacional del INTI, ubicada sobre la colectora de Av. General Paz al 5445, Buenos Aires.

En las primeras horas de la segunda ola de despidos en el Estado, ATE ya registró 2.305 despidos en la Administración Pública Nacional y se prepara para profundizar las medidas de fuerza mañana en todos los organismos públicos y ministerios. «Esto se parece cada vez más a una dictadura”, evaluó Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.

“Enfrentamos un plan sistemático para destruir el Estado en el que los nuevos desaparecidos son los trabajadores despedidos. Ellos y sus familias están siendo condenados a una muerte civil», esgrimió el referente estatal, quien encabezará las medidas de fuerza junto a la conducción nacional del sindicato a partir de las 9 en la sede nacional del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), ubicada sobre la colectora de Av. General Paz al 5445, del lado de la Provincia de Buenos Aires.

El dirigente señaló “Al igual que en marzo, nuevamente se advierte una gran cantidad de cesantías en el interior del país” y sentenció: “Por estas horas el Estado nacional agoniza en las provincias. Su ausencia es casi total».

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Yofra: «Confío más en la lucha de los trabajadores que en la Justicia para revertir esta reforma laboral noventista»

El dirigente de Aceiteros Daniel Yofra expresó su postura respecto a la sanción de la Ley Bases en declaraciones radiales y remarcó que si se empieza a implementar la nueva reglamentación laboral va a traer problemas con los trabajadores «porque se van a dar cuenta de que la CGT tendría que haber salido a luchar más y de que los legisladores votaron contra los trabajadores».

El secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón, Daniel Yofra, sostuvo esta mañana que “hay que salir a luchar” contra la reforma laboral regresiva que contiene la Ley Bases. “Confío más en la lucha obrera que en la justicia, pero vamos a hacer el intento de judicializarlo. Pero si pensamos que lo administrativo va a salvar a la clase obrera estamos totalmente equivocados. Los problemas gremiales se solucionan con lucha, con medidas de fuerza”, dijo.

“Cuando empiecen a implementar estas normas vamos a tener problemas con las bases, porque se van a dar cuenta de que la CGT tendría que haber salido a luchar más y de que los legisladores votaron contra los trabajadores. Es una ley que los que vivimos los 90 como trabajadores sabemos lo que significa: más contratistas, tercerización y baja salarial. Va a pasar lo del MTA de los 90, que era una alternativa a las CGT que no luchaba”, dijo Yofra durante una entrevista en Futurock tras anunciar que se levantó la huelga nacional realizada por trabajadores aceiteros y desmotadores de algodón contra la Ley Bases y la reinstalación del impuesto a las Ganancias.

Agregó: “Cuando te dicen que son dialoguistas es porque están entregando muchos derechos de los trabajadores. Puedo ser dialoguista, pero sin medida de fuerza eso no puede traer nada bueno para los trabajadores. Este es un gobierno de empresarios que lo único que le importa es sacarnos derechos”.

Además, recordó que “la OIT pidió un estudio en el año 2015 sobre 63 reformas laborales que se hicieron en los últimos años. Todas fueron regresivas en derechos para los trabajadores y ninguna dio resultados, ninguna aumentó los salarios ni generó empleo”.

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Nuevo libro de SiPreBA analiza el vínculo entre Perón y el gremio de prensa

En conmemoración de los 80 años del Estatuto del Periodista y los 50 años del fallecimiento de Juan Domingo Perón, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) edita un nuevo libro titulado Perón y el gremio de prensa.

La presentación oficial se realizará el viernes 5 de julio a las 19 hs. en la sede del sindicato ubicada en Solís 1158, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El libro estará disponible para la venta en el mismo lugar.

Este nuevo volumen está escrito por reconocidos autores como Tomás Eliaschev, Julia Rosemberg, Felipe Celesia y Fernanda Nicolini, y cuenta con un prólogo de Eduardo Jozami. La obra surge en un contexto de importantes efemérides y busca revisar la historia del gremio de prensa desde la perspectiva del peronismo.

El libro ofrece un repaso de la creación del Estatuto del Periodista, un documento clave que plasmó derechos obtenidos a través de procesos colectivos y el compromiso de líderes políticos como Juan Domingo Perón. Además, destaca tres hitos significativos en la historia del periodismo argentino: la creación y fortalecimiento de los medios públicos, la expropiación del diario La Prensa en 1951 y la experiencia de la comunicación sindical en la CGT de los Argentinos, encabezada por figuras como Raimundo Ongaro y Rodolfo Walsh.

En un contexto actual de resistencia frente a las políticas neoliberales y de extrema derecha, Perón y el gremio de prensa se presenta como una herramienta valiosa para quienes trabajan en medios de comunicación públicos, privados y autogestivos, ofreciendo una mirada al pasado que ilumina las luchas presentes y futuras.

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Despidos masivos: Desmantelamiento de la Línea 144 y de todos los programas para mujeres, géneros y diversidad

Entre los despidos masivos que el Gobierno organizó para este viernes, se produjo por vaciamiento de personal el desmantelamiento en la práctica de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género. Con esta decisión, caen la Línea 144 de asistencia a las mujeres víctimas de violencia, los hogares y programas que protegen a las diversidades, mujeres y niños que huyen de entornos violentos, la aplicación efectiva de la Ley Micaela para formar contra la violencia de género y más.

Comenzó una nueva tanda de despidos masivos en el Estadoa partir del vencimiento de contratos precarizados que se habían renovado el último 31 de marzo por tres meses. Desde ATE estiman que llegaron al menos unos 5 mil telegramas o correos informando la desvinculación a última hora.

Este viernes despidieron al 80% de trabajadores y trabajadoras de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género, lo que implica un desguace en las políticas públicas de género del Estado Nacional.

Estos despidos implican la destrucción absoluta de todos los programas: Línea 144, Asistencia Integral en Femicidios y Travesticidios, Hogares y Refugios, Acompañar, Producir, Prevención y Formación, Programa Travesti Trans, Ley Micaela, Escuelas Populares, Acompañamiento a diversidades, Políticas de Cuidados, Igualdad y la lista sigue.

«Responsabilizamos a Claudia Barcia, el Ministro Mariano Cúneo Libarona y al presidente Javier Milei por las consecuencias de esta decisión que implica el absoluto desamparo de todas las mujeres y diversidades del país, además del incumplimiento de la normativa nacional y los compromisos internacionales en la materia», expresaron desde la Junta Interna de ATE.

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Paquete fiscal: Vuelven a pagar Ganancias 800.000 trabajadores eximidos durante el gobierno anterior

La reciente aprobación del paquete fiscal en la Cámara de Diputados traerá como consecuencia la reincorporación de unos 800.000 trabajadores al régimen del Impuesto a las Ganancias, quienes habían sido eximidos durante la gestión anterior.

Pese a la oposición del Senado y la amenaza de judicialización, se dio luz verde al texto original que restablece la cuarta categoría de Ganancias.

El nuevo régimen establece que el mínimo no imponible será de $1.800.000 brutos para solteros y de $2.200.000 para casados con hijos. De esta forma, alrededor de 800.000 trabajadores volverán a tributar con alícuotas que oscilan entre el 5% y el 35%, tras haber estado eximidos durante la administración de Alberto Fernández.

En cuanto a casos específicos, un empleado soltero con dos hijos menores a su cargo deberá tributar si su salario bruto supera los $2.100.000, lo que equivale a un sueldo neto de $1.781.277,39. Por otro lado, un empleado casado con dos hijos menores quedará eximido del impuesto si su salario bruto es inferior a $2.400.000, equivalente a un sueldo neto de $2.081.277,39.

Además, se implementará una actualización trimestral del mínimo no imponible durante este año, y a partir del próximo, se hará de manera semestral basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cabe recordar que el Senado había votado por mantener el régimen cedular aprobado en septiembre pasado, impulsado por el ex ministro de Economía, Sergio Massa, el cual eximía a cerca de 800.000 contribuyentes. Con este régimen, el piso mensual era de 15 salarios mínimos vitales y móviles, lo que equivalía a un salario bruto superior a $3.514.725, variando con las actualizaciones del salario mínimo, actualmente en $234.315.

De acuerdo con un informe de SDC Asesores Tributarios, el esquema cedular establecía un mínimo no imponible de 180 SMVM anuales, incluyendo el aguinaldo. Esto significaba que quienes se encontraban bajo este régimen no tributaban ganancias hasta superar los 180 SMVM, y solo lo hacían por el excedente.

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MÁS DE 80 AÑOS DE HISTORIA

Mendoza: cerró la fábrica de alimentos Canale y despidió a casi 40 trabajadores

La empresa, que producía alimentos en conservas, cerró la planta que tenía en la localidad mendocina de Real del Padre, en la cual trabajaban 38 personas. De momento, se informó que sólo operará con la fábrica que tiene en Ugarteche.

La caída de ventas se agudiza y cada vez son más las empresas argentinas que, impedidas de sostener su producción, deben cerrar sus puertas. Este fin de semana trascendió que la fábrica de alimentos Canale, ubicada en el pueblo mendocino de Real del Padre, paró sus motores y despidió a 38 trabajadores.

La planta –ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de San Rafael– tenía 22 trabajadores efectivos y 16 temporarios. Entre su producción se destacaban las conservas, como tomates –tanto cubeteados como en puré–, mermeladas, pimientos dulces y duraznos, peras y ensalada de fruta enlatada.

La fábrica se fundó en 1942. En 2016 se había declarado en quiebra y, desde entonces, pasó por varios dueños, como Dulcor y AVA SA.

El intendente de San Rafael, Omar Félix, se hizo eco de la situación en sus redes sociales y responsabilizó al Gobierno nacional por el cierre: “Primer efecto de reactivación económica luego de aprobar la Ley Bases, cierre definitivo de la planta fabril de Canale en Real del Padre, 38 empleados despedidos. Sin palabras”.