La Legislatura del Chubut aprobó este jueves la adhesión de la provincia a la Ley Nacional N° 27.786 de Organizaciones Criminales, conocida como “Ley Antimafias”, una iniciativa impulsada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres que busca fortalecer la investigación y persecución del crimen organizado mediante la articulación entre organismos provinciales y nacionales.
El proyecto fue aprobado durante la sesión ordinaria con los votos de los bloques oficialistas Despierta Chubut y Familia Chubutense, mientras que Arriba Chubut y el Frente de Izquierda rechazaron la iniciativa al considerar que presenta “reparos institucionales” y podría derivar en una mayor criminalización de la protesta social.
La normativa establece que el procurador general y el gobernador serán los encargados de formalizar pedidos de colaboración interjurisdiccional para combatir organizaciones criminales. Al mismo tiempo, aclara que la adhesión no modifica las competencias constitucionales ni legales del Ministerio Público Fiscal ni de los tribunales provinciales en materia de investigación y juzgamiento de delitos de jurisdicción local.
Durante el debate, la diputada oficialista María Andrea Aguilera, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, sostuvo que las mafias operan mediante estructuras organizadas, permanentes y con capacidad de actuar en distintas jurisdicciones, por lo que consideró necesario que el Estado “también actúe en red”.
“Frente a esta actuación en red de las organizaciones delictivas, el Estado debe hacerlo con información compartida, coordinación institucional e inteligencia criminal”, afirmó la legisladora al defender el proyecto.
Aguilera explicó además que la adhesión permitirá dotar al Estado de mayores herramientas para investigar y sancionar organizaciones integradas por tres o más personas dedicadas a cometer delitos graves.
“Lo que estamos haciendo es que la intervención provincial surja de la articulación entre el Ministerio Público Fiscal, que tiene a su cargo la persecución penal, y quien tiene la representación institucional de la Provincia, que es el gobernador”, mencionó.
Desde la oposición, el presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, cuestionó la iniciativa y señaló que existen “reparos de índole institucional”.
“En efecto, lo que se considera una virtud del proyecto que es mantener la jurisdicción provincial en determinado tipo de delito, para nosotros, por la experiencia reciente, es un problema”, expuso Pais.
En tanto, el diputado del Frente de Izquierda, Juan Aquino, rechazó el proyecto al advertir que “avanza con más criminalización de la protesta social”.
Con la aprobación legislativa, Chubut se incorpora al esquema nacional de cooperación impulsado por la Ley de Organizaciones Criminales, orientado a coordinar acciones entre distintas jurisdicciones para enfrentar delitos complejos y estructuras mafiosas.
Fuente: Legislatura de Chubut