Por Pablo Esteban
Sobran los motivos para la cuarta marcha universitaria que se realizará este martes en todo el país. Como es natural, si se tiene en cuenta la presencia de casi 60 universidades, la protesta tendrá sus réplicas en todos los rincones. La convocatoria porteña tendrá su epicentro en Plaza de Mayo y el acto principal será a las 17, cuando gremios, rectores, docentes y estudiantes tomen la palabra. Las universidades nacionales y el universo de 2 millones de personas que las habitan afrontan en mayo de 2026 sus horas más oscuras. La maniobra de la Justicia de delegar la decisión final sobre la Ley de Financiamiento Universitario en la Corte Suprema podría dilatar aún más el cumplimiento de la propia norma, que lleva más de 200 días sin aplicarse. La batalla más reciente: la disputa entre las autoridades gubernamentales y las de la UBA por el desfinanciamiento de los hospitales universitarios. Cuando el humo libertario se corre, la realidad es una sola: la situación de los docentes y los trabajadores no docentes es calamitosa, ya que desde que asumió Javier Milei perdieron, aproximadamente, el 34 por ciento de su poder adquisitivo.
La situación no da para más: se estima que el 80 por ciento de los profesores cobra por debajo de la línea de pobreza. De hecho, 10 mil docentes ya dejaron las aulas y los estudiantes también quieren salir a defender su derecho a una enseñanza de calidad. El Gobierno, fiel a su estilo, embarra la cancha y hace lo imposible por sostener la asfixia sobre las casas de estudio y sus trabajadores. Por estos días, incluso, íntima a los rectores a instrumentar medidas para garantizar el dictado de clases y suspender las medidas de fuerza.
Clara Chevallier, secretaria general de Conadu, destaca: «El Gobierno viene dando manotazos de ahogado, tratando de bloquear judicialmente una ley que fue votada y sancionada en dos ocasiones por el Congreso nacional. Los sindicatos siempre tenemos en claro que la principal arena de lucha no es la judicial, sino la acción gremial. Por eso, para este martes esperamos una marcha masiva que, además de defender a la universidad, sirva para articular esas broncas que estamos viviendo de forma privada, de manera aislada. Tristezas que encuentran una razón en el gobierno de Javier Milei». Y remata: «Esperamos que el 12 de mayo sea el comienzo del fin de este gobierno“.
Abril Miranda, secretaria general de la Federación Universitaria de Mar del Plata y líder del movimiento estudiantil, completa: “Reconocemos que hay una transferencia directa del ajuste hacia las universidades nacionales, que tienen enormes dificultades para garantizar el funcionamiento básico. Los estudiantes vivimos en una situación de pluriempleo y, al igual que los docentes, tenemos que sostener dos o más trabajos para poder subsistir. Cada vez más alumnos abandonan las aulas, por no poder costear gastos de transporte, materiales de estudio y demás». Y sigue: “Hoy la universidad pública funciona por la enorme voluntad de su comunidad. Defender la ley es defender la educación superior para millones de personas que buscamos construir movilidad social ascendente y un futuro posible. Por eso, marchamos este 12 de mayo”.
Que revienten todas las plazas
En medio de un mar de incertidumbres, hay dos certezas. La primera: al Gobierno no le interesa la división de poderes y acudirá a herramientas legales y políticas con tal de no cumplir con lo que les corresponde a las universidades. La segunda: gracias a su tozudez y torpeza, el oficialismo también se desgasta. Durante la gestión libertaria, las marchas universitarias federales fueron las movilizaciones más numerosas y configuraron la mayor muestra de resistencia y transversalidad, al unir en un mismo reclamo a estudiantes, trabajadores y sociedad civil.
Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, refiere: “Ahora más que nunca, la manifestación del 12 tiene que ser contundente. Un país recordándole a un presidente por qué es importante cumplir con la ley. Un país recordándole a un presidente por qué la educación es importante. Un país defendiendo lo que a Argentina le hace bien».
A su turno, Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue, señala: “Con el rector de la Universidad Nacional de Río Negro salimos en conferencia de prensa convocando a la marcha. Sobran los motivos para seguir defendiendo a la universidad, al sistema científico, al sistema tecnológico». Y continúa: “El Gobierno no cumple la ley de financiamiento y, al hacerlo, brinda un mensaje pésimo para la ciudadanía. Esperamos una convocatoria realmente masiva, tanto o igual de grande que la primera marcha. Estamos muy fuertes, llamamos a la Patagonia a volver a marchar y a levantarse, porque el rol que cumplen las universidades es muy importante“.
A contramano de lo que busca el Gobierno, la universidad pública no puede transformarse en un privilegio, sino que debe seguir siendo un derecho. Para eso, el Estado tiene que garantizar las condiciones mínimas de subsistencia. Si el Gobierno que administra el poder no lo hace, la sociedad se lo hará notar todas las veces que crea necesario.
Así lo entiende Miranda, que también forma parte del movimiento Estudiantes Evita: «En el fondo, lo que estamos discutiendo es si la universidad pública seguirá siendo un derecho para todos y todas, o bien, si se va a transformar en un privilegio para unos pocos. Las universidades no van a cerrar permanentemente, pero lo que busca este Gobierno es construir un modelo restrictivo donde el acceso a la educación superior deje de ser una responsabilidad del Estado“.
El martillo lo tiene la Corte
La situación con la ley de financiamiento, que recomponía los salarios de los trabajadores, los gastos de funcionamiento, las becas y demás partidas para sostener a las universidades, sumó esta semana un nuevo capítulo. Sancionada dos veces por el Congreso y vetada también en dos oportunidades por el presidente, la norma conservó su vigencia, luego de que el propio parlamento rechazara el veto en una decisión histórica. Pero el Gobierno sostiene una política de ajuste innegociable para la educación superior, por lo que optó por judicializar la ley.
La última del enredo kafkiano: la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso extraordinario presentado por el Gobierno contra el fallo que había confirmado la medida cautelar a favor del Consejo Interuniversitario Nacional. En criollo, los efectos de la medida frenaron la aplicación de la ley y los cortesanos deberán decidir qué sucede con las universidades del país: si se mantienen con vida a partir del cumplimiento de la ley y todo lo que ella supone, o bien, si su funcionamiento se interrumpe de manera indefinida.
La estrategia del Gobierno siempre fue la misma: dilatar el cumplimiento de la ley lo máximo posible. El asunto es que el contexto se le fue desplazando al oficialismo, que pasó de celebrar la consigna “No hay plata” al inicio de la gestión, a perder el centro del ring por el malestar económico y por hechos de corrupción que, evidentemente, exhibían que sí había dinero, pero solo para los funcionarios del propio elenco gubernamental. En paralelo, la Subsecretaría de Políticas Universitarias afina los últimos detalles para presentar su propia ley de financiamiento, que tan solo reconoce un atraso salarial del orden del 12 por ciento durante el periodo 2023-2026 y prevé pagarlo en cuotas a los trabajadores de las universidades nacionales. A esta altura, y con la inflación cuesta arriba, es casi un insulto.
Para sumar más alarmas al contexto, retorna y se generaliza un fenómeno que se creía desterrado: las amenazas de bomba y de muerte en las diferentes casas de estudio. Algunas, como las Universidades Nacionales de Quilmes, Luján y del Comahue debieron suspender sus actividades temporalmente a causa de provocaciones que ponían en peligro a la comunidad.
Hospitales universitarios con los días contados
Los últimos días fueron de alto voltaje para las universidades nacionales, como si la marcha del 12 de mayo fuera recalentando las fricciones entre las autoridades gubernamentales y las universitarias. Mientras que la UBA denunció que el Gobierno no transfirió recursos para insumos, mantenimiento y equipos de sus hospitales, Capital Humano afirmó estar al día con las transferencias y acusó a la UBA de querer quedarse con todos los fondos que pertenecen a la totalidad de los hospitales universitarios del país.
Lo cierto: el presupuesto total para estas dependencias dedicadas a la salud es de 114 mil millones en 2026 y, en lo que va del año, solo se ejecutó un 10 por ciento (solo se giraron poco más de 10 mil millones). En consecuencia, la realidad de 700 mil pacientes que pasan por estas instalaciones queda en un limbo.
El episodio de los hospitales constituye una muestra sensible de lo que sucede a nivel general. El último informe elaborado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) y la Federación de Docentes de las Universidades apunta que los salarios de los trabajadores universitarios tuvieron una caída real del 33,7 por ciento en los últimos 29 meses y cayeron por decimoséptimo mes consecutivo. Para volver al nivel que tenían en noviembre de 2023 y recuperar lo perdido en este lapso, tendrían que incrementarse un 50 por ciento.
En este paisaje y con los antecedentes del caso, parece una brecha insalvable. Lo parece, es cierto. Pero, como enseñó alguna vez un maestro muy citado por estos días: el pesimismo de la inteligencia debe acompañarse del optimismo de la voluntad. Y no hay un sitio con más inteligencia y voluntad que la universidad pública argentina.
Fuente: P12