Por corresponsal popular, para ANRed
En la noche del 5 de diciembre de 2019, manifestantes de la UACCh (Unión de Asambleas de las Comunidades de Chubut), unión también conocida como “movimiento del No a la Mina”, protestaban frente a la Legislatura por la creación de un ministerio de hidrocarburos y minería. Uno de los tantos proyectos a pedido del poder multinacional, instrumentado por el gobierno de Mariano Arcioni, delfín de Sergio Massa y respaldado por el gobierno nacional.
Pasada la media noche, una violenta represión termina con 6 militantes detenidos y detenidas. La golpiza que se inició durante la detención, continuó y se agravó en la comisaría, luego de ser encapuchados. A uno de los detenidos se lo amenazó con la desaparición “vos vas a ser el próximo Santiago Maldonado” y los tres varones fueron trasladados por calles de tierra hasta una comisaría de otra ciudad (Trelew). En todos los casos, lxs detenidxs fueron criminalizados por la fiscal de turno Florencia Gómez. Horas más tarde, luego de una revisación médica, las 6 personas violentadas logran radicar la denuncia contra la policía por torturas y vejámenes.
La fiscalía intentó evitar la instancia del juicio por todos los medios, paralizando la investigación, demorando ruedas de reconocimiento, obstaculizando la presentación de la querella, pidiendo la falta de mérito, entre otras mañas jurídicas. A las acciones dilatorias y maniobras de la fiscalía, se les suman vigilancia policial en los domicilios de los denunciantes durante casi dos años, amenazas y acoso callejero. En las sucesivas revictimizaciones también se coordinaron acciones judiciales y policiales.
Este juicio es único en Chubut e incluso a nivel nacional, porque no sólo es en el sentido inverso a la criminalización con que el poder del capital está cargando sobre quienes defienden los territorios, sino porque su accidentado desarrollo deja al desnudo la parcialidad del sistema judicial, su connivencia con las ilegalidades de las fuerzas policiales, su rol protagónico para garantizar impunidad a quienes violan cotidianamente derechos humanos y convenciones internacionales. Estas políticas de Estado, moneda corriente en las provincias, fueron ensayadas hasta el hartazgo durante los períodos de nuestra historia reciente más oscura.
Las instituciones de la democracia representativa en Chubut son proclives, dinero mediante, a obedecer a las corporaciones antes que nada. Ya se sabe, no hay velo ni manto populista capaz de cubrir la vocación terricida de toda la dirigencia política, de ahí que pese a la represión policial y judicial, no cedan los cortes de ruta, las iniciativas populares, las recuperaciones territoriales, ni las puebladas como el Chubutaguazo en diciembre de 2021, que obligó a dar marcha atrás con la zonificación minera.
El juicio a cargo de la jueza Carina Breckle, tiene como acusados por torturas, vejámenes y lesiones a los policías Juan García, Matías Basualdo, Cynthia Rodríguez y Verónica Larsen, continuará la semana que inicia el lunes 2 de octubre. Sea cual sea su resultado, el horizonte de la organización popular en Chubut es claro, rodear con ternura a quienes vienen sufriendo violencia institucional y prepararse para otra embestida de quienes siguen hablando de recursos, commodities y la cultura del consumo por sobre cualquier otra.