La justicia ha hablado y José Alperovich, tres veces exgobernador de Tucumán, enfrenta una condena de 16 años de prisión por abuso sexual contra su sobrina y exasesora. La sentencia, dictada por el juez Juan Ramos Padilla, incluye también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Tras una denuncia por nueve hechos ocurridos entre 2017 y 2018, Alperovich enfrenta las consecuencias de sus acciones.
En una jornada cargada de tensión, Alperovich optó por el silencio en la sala del tribunal, dejando en manos de la justicia su destino. El Juez Ramos Padilla no dudó en condenarlo por «abuso sexual simple reiterado en tres oportunidades», resolviendo su detención inmediata en una unidad carcelaria. Los detalles escabrosos de los actos cometidos no pasaron desapercibidos en la sentencia, que describió cada uno de los encuentros de manera detallada y contundente.
La cronología de los hechos revela un patrón perturbador de abuso y manipulación. Desde los primeros incidentes en Buenos Aires en diciembre de 2017, donde Alperovich manoseaba a la víctima en su departamento en Puerto Madero, hasta los eventos posteriores en febrero y marzo de 2018 en distintos domicilios de Tucumán, la denuncia presenta un relato escalofriante de violencia. El testimonio de la víctima, marcado por el horror y la angustia, expone la gravedad de los actos perpetrados por el exgobernador.
La valentía de la denunciante, que acudió a diversas instancias en busca de justicia a pesar de las advertencias y presiones recibidas, ha sido clave en el desenlace de este caso. Desde su paso por «Mujeres por mujeres» hasta el «Observatorio de mujeres», enfrentó obstáculos y resistencia antes de formalizar la denuncia penal en noviembre de 2019. La exposición pública de la acusación por parte de Alperovich evidencia la dificultad de las víctimas para hacerse escuchar y creer en un sistema que a menudo las revictimiza.
La sentencia, que marca un precedente en casos de abuso de poder y confianza, busca reparar el daño causado a la víctima y prevenir futuros abusos. La lucha contra la impunidad y la protección de los derechos de las víctimas son pilares fundamentales en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
