El impacto de los incendios forestales en la Patagonia volvió a instalar en la agenda nacional un debate de fondo: cómo frenar la destrucción de los bosques nativos. En ese contexto, comenzó a circular en el Congreso un proyecto de ley que propone penas de hasta 10 años de prisión para quienes cometan estos delitos de forma intencional.
La iniciativa plantea la creación de un Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo, con el objetivo de tipificar conductas que hasta ahora no estaban claramente contempladas en el Código Penal. Entre ellas, la tala ilegal, el desmonte y la degradación de estos ecosistemas.
Según datos incluidos en el proyecto, en la última década Argentina perdió alrededor de 2.100.000 hectáreas de bosques nativos. A esto se suma el impacto reciente de los incendios forestales en la Patagonia, donde entre octubre de 2024 y marzo de 2025 se quemaron más de 32.000 hectáreas, incluyendo áreas protegidas.h
Penas más duras y nuevas responsabilidades
Uno de los puntos centrales de la propuesta es el endurecimiento de las sanciones. Se prevén penas de entre 3 y 10 años de prisión para los casos más graves, especialmente cuando exista intencionalidad o se generen daños ambientales de gran magnitud.
Además, el proyecto amplía el alcance de las responsabilidades. No solo se penalizará a quienes ejecuten los desmontes o provoquen incendios, sino también a funcionarios públicos que habiliten o participen de manera irregular en estas prácticas. En esos casos, se sumaría la inhabilitación para ejercer cargos.
El texto también incorpora agravantes, como cuando las acciones tengan fines económicos, impliquen riesgo para la vida humana o afecten la salud pública. Incluso contempla un aumento de la pena si el daño genera consecuencias como la erosión del suelo o alteraciones en el régimen hídrico.
Un intento de frenar prácticas que continúan
El proyecto, encabezado por el diputado rionegrino Martín Soria, acompañado por Carlos Linares (Chubut), Ana Marks, Alicia Kirchner, Cándida López y Adán Bahl, busca cubrir vacíos legales que, según sus impulsores, persisten pese a la vigencia de la Ley de Bosques.
En ese sentido, se establece que será delito destruir o degradar un bosque nativo incluso cuando se excedan autorizaciones o se incumplan normativas existentes.
Al mismo tiempo, la iniciativa pone el foco en las limitaciones del Estado para prevenir estos hechos. Entre los problemas señalados aparecen los recortes presupuestarios, la menor capacidad operativa y las dificultades de coordinación entre Nación y provincias.
En los fundamentos, los autores advierten que el esquema actual no logra frenar estas prácticas: sostienen que, en muchos casos, las multas se pagan y la actividad ilegal continúa. Por eso, plantean que el derecho penal puede funcionar como una herramienta disuasiva frente a conductas reiteradas.
Con este nuevo intento legislativo, el Congreso vuelve a poner en discusión cómo proteger uno de los recursos naturales más sensibles del país, en un contexto marcado por incendios cada vez más frecuentes y de mayor impacto.
* Fuente: Diario Río Negro