Por Bernarda Tinetti
El actual proceso de apertura comercial, impulsado por el gobierno de Javier Milei, viene consolidando un cambio estructural en las unidades de negocios de las grandes empresas que operan en el país. La idea de reconversión, o porque están de acuerdo o porque no les queda otra, caló hondo en el sector industrial que decide importar los productos terminados antes que producirlos acá. La situación empuja a despidos en distintos rubros. Ni compre nacional ni fabricación local. Marcas icónicas como Essen, Peugeot, Whirlpool, Nestlé, Cencosud y siguen las firmas, en la lista de las que se subieron al esquema oficial: traen la mercadería subsidiada de afuera (principalmente de China y Brasil) pero le ponen un precio como si las hubieran fabricado en Argentina. El caso de Lumilagro ingresa termos de acero a 8.178 pesos y los vende a 44.000 pesos; mientras Adidas importa zapatillas a 26.790 pesos para venderlas a 100.000 pesos. La especulación también impacta en el rubro más sensible: los alimentos. Mondelez importa 56.25 por ciento más y suspendió a 2.300 operarios. El costo de traer un paquete de galletitas Club Social es de 521 pesos, pero su precio de góndola alcanza los 2.164 pesos. La rentabilidad es exorbitante mientras cae el poder adquisitivo de los salarios y dejan trabajadores en la calle.
Este fenómeno no es un efecto colateral, sino una estrategia deliberada de transformación que prioriza elevados márgenes de rentabilidad a corto plazo por sobre la preservación del empleo y la capacidad productiva nacional.
Según el informe “Las grandes empresas ante la apertura importadora”, elaborado por Gustavo García Zanotti y Martín Schorr, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), la economía atraviesa un cuadro agudo de desindustrialización y un repliegue de la fabricación nacional en favor de la adquisición de bienes terminados del extranjero.
La combinación de una acelerada reducción de aranceles y una marcada apreciación cambiaria provocada por el Ejecutivo incentivaron lo que se conoce como “sustitución inversa”: las firmas desmantelan líneas de producción local para transformarse en importadoras de productos terminados, casi en su totalidad de China y en algunos casos desde Brasil.
“La destrucción de capacidad de producción y de “densidad industrial” que ha tenido lugar hasta aquí es mayor a la de otros ensayos neoliberales en el país (como el llevado a cabo por Cambiemos o bajo el régimen de convertibilidad). Y se expresa, entre otras manifestaciones, en el cierre de numerosas empresas (de todos los tamaños), el levantamiento de líneas de producción, despidos y suspensiones de trabajadores, o la decisión empresaria de reconvertir en mayor o menor grado la actividad productiva hacia la importación de bienes finales”, aseguran los investigadores.
Este esquema de negocios, como el de Lumilagro, se repite en diversas ramas industriales. Lumilagro se volvió un emblema de esta transición. Tras despedir a 170 trabajadores en su planta de Tortuguitas, comenzó a importar termos de acero desde China. Essen Aluminio, por su parte, importa cacerolas desde el gigante asiático con un costo de 50.000 pesos y las vende a 384.000 pesos. En el medio, despidió a 30 empleados.
Adidas directamente cerró su planta en el país y desvinculó a 360 trabajadores; actualmente importa zapatillas a un costo bajísimo en relación al precio de venta a comercios. En el sector de electrodomésticos, Newsan importa celulares Motorola por 136.770 pesos y los coloca en el mercado a 260.000 pesos. La reconversión incluyó 45 despidos y 70 suspensiones.
El impulso por la desindustrialización que caracteriza a la administración del Gobierno libertario también generó problemas en la industria alimentaria. Mondelez suspendió a 2.300 operarios a fines de 2025, mientras que sus importaciones de bienes finales saltaron del 16 por ciento al 25 por ciento de su operatoria total. El informe del IPyPP explica que la caída en los costos de importación no se traduce en beneficios para el bolsillo del consumidor, sino que es capturada íntegramente por las empresas para sostener márgenes de ganancia extraordinarios.
“Según los registros aduaneros, en enero y febrero de 2026 BYD Y Peugeot realizó importaciones por 44 millones de dólares (2.716 autos eléctricos). En particular, el modelo Dolphin Mini EV GS tiene un precio unitario CIF de importación de 15 mil dólares. Por el régimen especial de importación sin arancel, a este precio se le debe cargar sólo el 3 por ciento de la tasa estadística: el costo unitario queda en unos 15.450 dólares. Como comparativo, al cotejar con su tienda online en Argentina donde comercializan el mismo auto importado desde el exterior, este cuesta unos 23.900 dólares”, ejemplificó el informe.
Otro caso es el de Whirlpool, que cerró su planta y dejó en la calle a 300 trabajadores. Entre heladeras, congeladores, etc., las unidades importadas pasaron de las 52 mil en 2023 a las 88 mil en 2025.
Las estadísticas oficiales registran el desastre. Según el Indec, en febrero de 2026, la industria utilizó apenas el 54,6 por ciento de su capacidad instalada, una caída significativa frente al 58,6 por ciento registrado en febrero de 2025. Números muy bajos teniendo en cuenta que se compara con la gestión de Milei del primer año, cuando la industria sufrió un parate importante a causa de la devaluación y la falta de certezas sobre la dirección que iba a tomar la administración del Estado.
Sectores clave como la metalmecánica y la industria automotriz operan con niveles críticos de inactividad, utilizando solo el 33,9 por ciento y el 38,9 por ciento de su potencial, respectivamente.
Los datos confirman el desplome productivo: la fabricación de maquinaria agropecuaria cayó un 37,7 por ciento interanual y la de aparatos de uso doméstico un 38,0 por ciento. Incluso el sector de alimentos y bebidas redujo su uso de capacidad al 58,6 por ciento debido a la menor molienda de oleaginosas y la baja en la producción de carne vacuna. Solo la refinación de petróleo mostró un crecimiento, alcanzando el 88,9 por ciento de uso de capacidad por el mayor procesamiento de crudo.
A este repliegue fabril se suma el deterioro severo de los ingresos. El índice de salarios, también medido por el organismo oficial, creció apenas 2,4 por ciento en febrero, quedando nuevamente por debajo de la inflación, que fue del 2,9 por ciento en ese mismo mes y entró en una espiral acelerada. Esta dinámica, que se arrastra desde enero, marca el cuarto mes consecutivo de pérdida de poder adquisitivo para el total de los trabajadores. El sector registrado —que incluye tanto al ámbito público como privado— anotó su sexto mes seguido de caída real, con subas que apenas promediaron entre el 1,6 y el 2,3 por ciento, muy lejos del Índice de Precios al Consumidor.
Únicamente el sector privado no registrado mostró una mejora mensual del 4,6 por ciento, situándose 1,7 puntos porcentuales sobre el IPC, aunque en términos interanuales la variación general de los salarios (35,8 por ciento) sigue corriendo por detrás de los precios.
Esta erosión salarial, combinada con la caída del 37,7 por ciento en la fabricación de maquinaria y del 38 por ciento en aparatos domésticos reportada por el Indec, configura un escenario de pinzas donde la destrucción del empleo y la caída del ingreso real retroalimentan el enfriamiento del mercado interno, que al mismo tiempo alimenta la desindustrialización.
El diagnóstico de Zanotti y Schorr es contundente: el país asiste a una transferencia de ingresos desde los consumidores y los trabajadores hacia las cúpulas empresariales que, bajo el amparo de la política oficial, renunciaron a su rol protagónico como productores para convertirse en meros intermediarios.
Una dinámica que destruye el mercado interno al mismo tiempo que al empleo calificado, reemplazando el valor agregado nacional por una logística de importación que maximiza la renta inmediata pero desmantela el futuro del desarrollo técnico y productivo del país.
Fuente: P12