El fiscal general Cristian Olazábal, junto al ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, brindaron una conferencia de prensa este miércoles en la Unidad Regional para confirmar tres allanamientos en la investigación por la causa denominada “Emergencia Climática II”, derivada de los episodios ocurridos en 2017 en Comodoro Rivadavia. Además, reclamaron una pronta definición del Superior Tribunal de Justicia respecto de las condenas ya dictadas.
“Hubo medidas de comprobación directa, consistentes en allanamientos, requisas personales y registros vehiculares, con la finalidad de secuestrar elementos útiles para la investigación. Fueron todos consistentes en equipos informáticos”, señaló Olazabal. Uno de los allanados fue el exsecretario de Economía municipal, Germán Issa Pfister.
Por el deber de reserva que establece el Código Procesal Penal, evitó precisar nombres, aunque reconoció que los procedimientos alcanzaron a personas vinculadas a exfuncionarios municipales de la gestión de entonces.
El fiscal recordó el juicio que culminó en agosto de 2024 por la causa denominada “Emergencia Climática I”. El fallo de primera instancia fue confirmado por la Cámara Penal el 4 de diciembre de 2024, momento en el cual el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de los condenados a penas de cumplimiento efectivo.
Sin embargo, el 24 de diciembre se les otorgó arresto domiciliario y días después el propio fiscal pidió revisar esa medida.
El expediente se encuentra a estudio del STJ tras la impugnación extraordinaria presentada por las defensas, y la fiscalía aguarda la resolución para ejecutar las penas.
El fiscal explicó que los allanamientos recientes surgieron de observaciones realizadas por el tribunal durante el debate oral, donde se detectaron “conductas atribuibles a personas no enjuiciadas en la primera etapa”.
Pese a estar sentado junto al fiscal en uso de licencia por ser ministro del gobierno provincial, Olazábal negó eventuales lecturas políticas en estos sorpresivos procedimientos a poco más de dos meses de la elección legislativa en la que el exintendente Juan Pablo Luque enfrentará a Ana Clara Romero, quien en los últimos meses recordó con denuncias mediáticas aquel desastre natural de hace 8 años.
RESPUESTA DE LUQUE
«Persecución política disfrazada de justicia», tituló un posteo en redes sociales Juan Pablo Luque, el candidato a diputado nacional por Unidos Podemos, el frente encabezado por el peronismo de Chubut para las próximas elecciones del 26 de octubre.
Según adelantaron fuentes cercanas al candidato, este jueves haría una conferencia de prensa para dar sus impresiones sobre la denuncia de los fiscales y el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, quienes llamativamente dieron una conferencia en conjunto, en la Unidad Regional.
«Ayer, el absurdo posteo de mi contrincante, la actual diputada Ana Clara Romero, haciendo uso de sus fueros, me acusa falsamente de una vinculación con la causa emergencia que es inexistente. En 12 años de gestión jamás tuve una denuncia. Hoy, casualmente, a pocas horas de ese posteo, un juez —a pedido de un fiscal— libra una orden de allanamiento al estudio contable de quien fuera secretario de Economía de Carlos Linares en aquel período y luego durante mi gestión. Un funcionario que ya había sido desligado de responsabilidades en la causa original de la emergencia y ahora pretenden acusarlo nuevamente para abrir la causa ‘emergencia 2’, con el único objetivo de mantener, mientras dure la campaña, un manto de duda sobre una vinculación que no existe», escribió Luque.
«Resulta difícil encontrar otra explicación que no sea la persecución política y la difamación del adversario, imponiendo incertidumbre, temor y dudas en la comunidad. No hay ningún elemento para acusar a esa persona y solo lo hacen con la intención de intentar quebrarme como rival político», agregó Luque.
«En una campaña que debería ser democrática y transparente, no les basta con la operación en redes sociales con múltiples páginas pautadas instalando una mentira permanente: pretenden además involucrarme con la emergencia climática de 2017 en Comodoro Rivadavia, con la cual jamás tuve vinculación. Así lo afirmó públicamente el ex fiscal y actual ministro Héctor Iturrioz, y lo confirmó el fiscal actual de la causa, Cristian Olazábal».
«Quiero que la comunidad lo sepa con claridad: hoy vemos jueces y fiscales que, lejos de actuar con la independencia que corresponde, se alinean con la política de turno. No hablo de todos, pero sí de hechos concretos como este, que dejan a la vista esa actitud. Esta presión del poder político sobre sectores del poder judicial destruye las instituciones y busca intimidar, condicionar y silenciar».
«En los últimos días hemos sido objeto de seguimientos y actividades de inteligencia ilegal mientras desarrollábamos actividades de campaña. Todo ese accionar dirigido a un amigo, ex funcionario y parte esencial de mi equipo político, no tiene ningún sustento y evidencia la intencionalidad política y el claro exceso».
«No hay ningún motivo penal para que esto avance: es un nuevo circo armado para las cámaras y los medios. Un modus operandi que representa un peligro real, no solo para quienes hacemos política, sino para cualquier chubutense de a pie, que también puede ser víctima de persecución».
«A mí no me van a callar ni a hundir como pretenden. Los que tienen miedo son ellos, porque saben que los chubutenses están cansados de tantas mentiras y van a decir basta. Llegaré con la verdad a la sociedad que representé y busco seguir representando. Y quiero ser claro: no voy a soltar la mano de mi amigo injustamente perseguido porque sé de su honestidad y de su integridad. No nos van a quebrar ni a dividir. Vamos a seguir de pie, juntos, defendiendo a nuestra gente», concluyó Luque.