La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner planea presentar una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, buscando que este organismo internacional audite el juicio de la causa Vialidad en busca de posibles violaciones a los derechos y garantías que protege el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Esta maniobra estratégica surge tras la negativa de la Corte Suprema de Argentina a alterar la sentencia que pesa sobre la exmandataria y que la condena a seis años de prisión, además de inhabilitarla de por vida para cualquier cargo público. Desde la defensa de Kirchner, se argumenta que el Estado argentino puede haber incumplido sus obligaciones al participar de tratados internacionales que velan por los derechos humanos al no asegurar un debido proceso imparcial.
Para enfrentar este desafío, el equipo encabezado por Carlos Beraldi ha sumado al abogado brasileño Rafael Valim, conocido por su rol en la defensa del presidente Lula da Silva durante el caso Lava Jato, y al exjuez español Javier Borrego, experto en derechos humanos en Europa.
Cabe destacar que un caso en particular ha sido citado por la defensa: el del presidente Lula, donde el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que hubo un atropello a las garantías del debido proceso. La defensa de Kirchner espera que este precedente sea un factor influyente en la evaluación del comité.
El Comité de Derechos Humanos, ante la presentación de Kirchner, primero debe evaluar su admisibilidad. Un fallo a favor de la expresidenta no podría revocar su condena en Argentina, pero sí sumaría un juicio global respecto a las acciones del Estado en el cumplimiento de sus compromisos de derechos humanos.
Los mensajes de Kirchner resuenan más allá de las sentencias judiciales, abarcando la esencia misma de la democracia. Redactando su postura en una reciente columna del diario español El País, Kirchner declara que el sistema democrático no se limita a elegir gobernantes, sino que depende de instituciones que resguarden los derechos plenos. Según sostiene, la justicia debe actuar como defensora de la libertad y no como actor político.
Denuncia haber sido sometida a un juicio cargado de irregularidades que lesionaron los principios básicos de un debido proceso, frente a un contexto judicial que Kirchner etiqueta como hostil, influenciado además por el «machismo estructural» existente en el sistema.
La exmandataria, al vincular su caso con amenazas a la democracia, proclama que su proceso de inhabilitación no sólo es un ataque a sus derechos personales, sino también a los votos de millones de ciudadanos. Kirchner puntualiza que el uso del sistema judicial para inhabilitar a líderes representa una potencial amenaza para la democracia, alterando el equilibrio electoral.
La petición ante el Comité fue una decisión que Kirchner atribuye a intereses que trascienden lo personal para arrojar luz internacional sobre la justicia en Argentina. Enfatiza que buscará e utilizará los mecanismos del derecho humanitario internacional en su defensa, convocando voces expertas reconocidas en el foro mundial.