La abogada y docente trans, Cristina Montserrat Hendrickse, declaró su objeción de conciencia por la resolución de Horacio Rodríguez Larreta que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas al considerarla «a todas luces discriminatoria y anticonstitucional», lo que fue respaldado por otres docentes y alumnes.

Por otro lado, el FIT lanzó un recurso de amparo para “ponerle un freno a la prohibición autoritaria”, mientras que Amnistía le pidió explicaciones a Soledad Acuña sobre las investigaciones en las que se basó para tomar las medidas.

“Entiendo que me están coaccionando a invisibilizarme, a censurarme, están coartando mi libertad de expresión y principalmente mi derecho humano a la identidad de género», dijo Montserrat Hendrickse, al referirse a la medida que lanzó Soledad Acuña. Cristina tiene 53 años, es abogada recibida de la Universidad de Buenos Aires, con cuyo título ejerce hace 28 años y dicta clases de Historia en la Escuela Normal Superior Nº6 «Vicente López y Planes» de la ciudad de Buenos Aires.

La docente decidió hacer un comunicado a partir del correo que le llegó a todos los docentes sobre la nueva resolución. Montserrat Hendrickse sostuvo que «la pretensión de hablar negando las diversidades de género a las cuales orgullosamente pertenezco como mujer trans», la lleva a «autocensurarme, autonegarme y autoinvisibilizarme, por lo que desde ya planteo objeción de conciencia para cumplir una resolución que vulnera mi derecho humano a la identidad de género», afirmó Cristina en respuesta al correo enviado por la institución académica.

«Por lo expuesto, solicito se haga saber a la señora ministra (en referencia a Soledad Acuña) que no cumpliré su arbitraria, ilegítima, discriminatoria e inconstitucional resolución, y que hago reserva de iniciar acciones contra ese Gobierno por afectar mis sentimientos más íntimos y mi proyecto de vida», sostuvo en el comunicado.

Por su parte, Agus Noceti y Manu Mireles, docentes no binaries de la Escuela Nº 19, del barrio de Lugano, y del Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis respectivamente, coincidieron en que, lejos de ser una cuestión meramente gramatical, el lenguaje inclusivo supone un reflejo de luchas y avances en derechos humanos, dentro de los cuales ubicaron a los «derechos lingüísticos».

«Con lenguaje inclusivo y no binario no estamos disputando un lugar en la gramática, sino un lugar en la sociedad, y estamos invitando a repensar lo que significa sostener esta matriz androcéntrica, cis, sexista y heteronormativa que sigue generando violencia en la vida cotidiana y aniquilando personas», sostuvo Mireles, docente de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Por ello, Mireles, consideró que es «totalmente inaplicable» esta medida en la Mocha Celis, donde generó «mucha angustia y ansiedad». En igual sentido que Montserrat Hendrickse, comunicó su decisión de no acatar la resolución alegando objeción de conciencia.

Y añadió que «lo preocupante es el corrimiento del sentido, se quiere instalar que si los chicos y las chicas no saben leer es por la (llamada) ‘ideología de género’, borrando las reales causas de los problemas del sistema educativo, que nadie los niega, y se construye un sentido común que es muy difícil de romper».

En el Mes del Orgullo y con recientes manifestaciones violentas, como el incendio del Hotel Gondolín, ubicado en el barrio porteño de Palermo, o la vandalización del Mocha Celis, docentes y estudiantes consideraron que la reciente resolución da un mensaje de «un nivel de violencia muy grande».

Recurso de amparo

Les referentes de izquierda Manuela Castañeira, Inés Zadunaisky, Federico Winokur y Violeta Alonso, del partido Nuevo MAS, y el movimiento feminista Las Rojas, presentaron en la justicia un recurso de amparo colectivo contra la Resolución 2566/2022 de la ministra Soledad Acuña «para ponerle un freno a la prohibición autoritaria y reaccionaria del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas», informaron a través de un comunicado.

«Larreta y Acuña se autoproclaman policías de la palabra con esta resolución escandalosa que es contraria a la Ley de Identidad de Género», dijo en el documento Manuela Castañeira, dirigente nacional del Nuevo MAS y Las Rojas.  Ademas, explicó que la normativa «es inconstitucional debido a que vulnera derechos contemplados en la Constitución Nacional y en la Constitución de CABA, y es violatoria de numerosos tratados internacionales».

Pedido de explicaciones de Amnistía a Soledad Acuña

Amnistía Internacional pidió al Ministerio de Educación porteño que indique en qué investigaciones se basó para fundamentar la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas y advirtió que la medida «va a contramano del derecho de identidad de género».

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, sostuvo que «ve con preocupación que la ministra haya manifestado que quienes hagan uso de los recursos lingüísticos propios del lenguaje inclusivo serán pasibles de medidas disciplinarias», y solicitaron detalles sobre cuál sería el proceso administrativo disciplinario que se aplicaría.

Amnistía Internacional recordó «que las políticas inclusivas son vitales para que niños, niñas y adolescentes puedan vivir y disfrutar de sus identidades libremente». En ese sentido, precisó que «en el ámbito educativo el 13% de las y los directivos del nivel primario y el 36% de los directivos de nivel secundario manifiestan que la escuela ha intervenido en al menos una de las siguientes situaciones: discriminación por orientación sexual, discriminación por identidad de género y/o situaciones de violencia hacia las mujeres, conforme surge de las evaluaciones Aprender del Ministerio de Educación de Nación».

Fuente: P12

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