El werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, consideró que la muerte de Rafael Nahuel en Villa Mascardi en 2017, más allá de la figura de “odio racial” –sumada por las querellas en el juicio que se sigue contra cinco integrantes de la Agrupación Albatros de Prefectura Nacional–, debe considerarse como “un crimen de Estado”.
“Se trató de una acción donde un Estado Nación, el Estado Nacional Argentino, se implicó en un conflicto con una comunidad mapuche y utilizó el Poder Judicial, así como el Ejecutivo a través de quien era ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con las fuerzas de seguridad, para terminar con un desalojo como el de aquel momento (noviembre de 2017), a pesar de los distintos esfuerzos que hicimos desde la organización y las comunidades para abrir previamente el diálogo”, expuso el referente indígena.
“No solo mataron a Rafael Nahuel, sino que de casualidad no asesinaron a otras dos personas, y eso ni siquiera figura en el juicio”, expresó Carriqueo, para quien, con aquella acción, se pretendió “aleccionar o generar terror en la población mapuche en relación a los conflictos territoriales que ya existían y venían dándose desde hacía muchos años”.
“Por eso lo denominamos terrorismo de Estado; se buscó atacar a una comunidad, generar un daño”, remarcó, para luego concluir: “También se trata de un crimen de lesa humanidad, porque el Estado está obligado a resguardar a las comunidades, protegerlas, buscar el camino del diálogo para reparar un genocidio, devolver tierras aptas y suficientes, y nada de eso se cumplió”.