La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
El máximo tribunal rechazó un recurso presentado por el Gobierno Nacional al considerar que no existía una sentencia definitiva, por lo que la decisión judicial continuará vigente mientras avanza el proceso.
Según publicó InfoBAE, la resolución fue firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron la apelación del Poder Ejecutivo y mantuvieron la cautelar dictada previamente por la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.
Qué establece la medida cautelar
La cautelar ordena al Estado cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que contemplan la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de la recomposición de los programas destinados al estudiantado.
La decisión no alcanza al resto de los aspectos previstos en la ley, como la recomposición presupuestaria correspondiente a 2024 y 2025 ni otras partidas destinadas a programas de fortalecimiento universitario.
La causa se inició a partir de un amparo colectivo impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y de distintas universidades nacionales, quienes solicitaron la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025.
Esa norma establecía que la ley solo podía ejecutarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento.
Un acuerdo firmado días antes
La decisión judicial se conoció pocos días después del acuerdo firmado el 10 de junio entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios docentes y no docentes.
Ese entendimiento prevé una recomposición de la masa salarial del 24,33%, un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento, una ampliación de las partidas para hospitales universitarios hasta los 50.000 millones de pesos y un aumento del 50% para las Becas Manuela Belgrano desde junio.
De acuerdo con lo informado por InfoBAE, ese acuerdo hace que el fallo de la Corte no tenga un impacto económico inmediato, aunque mantiene vigente la orden judicial de aplicar los artículos cuestionados mientras continúa el trámite de la causa.