Por Bruno Sgarzini
—¿Che tantos eran que los desbordaron?
—Pasa que la orden era no reprimir. Aguantamos hasta que incendiaron todo.
—Pero los desbordaron por completo.
—Y si…
—Ahora triste que nos matemos entre chubutenses
—Sí, señora, yo también estoy en contra de la minería.
—Pero estás acá tirándole a la gente.
—¿Qué le voy hacer? Es mi trabajo.
La conversación de mi madre con un policía, tan inverosímil como real, sucedió el jueves pasado luego de que los uniformados dispararan balas de goma a las familias que se retiraban sin romper nada en la capital provincial de Rawson. Unas semanas atrás, esos mismos policías habían rodeado, entre gritos y empujones, al ministro de Economía, Oscar Antonena, por negarse a aumentarles el sueldo más allá de los 40 mil pesos de su básico.
Los uniformados reprimían, en las calles de Rawson, a una muchedumbre de pibes de barrios con capuchas y mascarillas que, junto con militantes de izquierda y policías infiltrados, habían incendiado la Casa de Gobierno, la Legislatura de Chubut, El Superior Tribunal de Justicia, la Fiscalía de Rawson y la Procuraduría de la provincia. Abuelas, abuelos, madres, padres, hijos e hijas habían presenciado cómo las llamas iniciaban en estas oficinas, como si fueran testigos silenciosos de los hechos.
“Ahora es posible que en la justicia ni haya sistema informático para tramitar las causas y procesos judiciales”, según un funcionario judicial chubutense.
El paisaje de Rawson de ese jueves era muy distinto al de miércoles por la noche cuando la Legislatura de Chubut aprobó el proyecto de zonificación minera, un marco para la actividad en los Departamentos de Telsen y Gan Gan. La cotización de las acciones de la empresa Pan American Silver, propietario del yacimiento Navidad ubicado en esta región, se dispararon de inmediato.
El proyecto fue introducido, a último momento, en el orden del día por Ricardo Sastre, vicegobernador de Chubut y presidente de la Legislatura. Los diputados de Chubut Al Frente, partido del gobernador Mariano Arcioni, lo votaron a mano alzada junto con otros legisladores que, hace unos meses, se oponían al proyecto como Tatiana Goic, del sindicato de Camioneros, Adriana Casanovas, dependiente del intendente de Comodoro Rivadavia, el peronista Juan Pablo Luque, Monica Saso, aliada de la exsenadora cristinista Nancy González, y Gabriela de Lucia del sindicato de Comercio.
14 a 11 ganó el sí a favor de la aprobación de la actividad en un tratamiento tan express como revulsivo.
En una misma semana, los legisladores borraron los amparos en primera instancia contra los abusos de autoridad del Estado provincial, que impiden bloquear cualquier tipo de legislación como la zonificación, nombraron cuatro jueces del Superior Tribunal de Justicia, relacionados con el gobernador, el vicegobernador, el intendente de Comodoro y la Unión Cívica Radical y, por último, aprobaron la actividad minería, como si fuera parte todo de un mismo guion.
“Me cuesta mucho escuchar a los que no ven nada favorable. Todos en contra y desde espacios cómodos. Nadie va a la meseta y conoce la historia de los Sepúlveda o los Cual. Me quedo con el futuro. Yo hablo de personas, de hermanos chubutenses. Me quedo con esta esperanza de que se va a generar mejor calidad de vida en Gastre, Gan Gan, Lagunita, para que puedan tener los servicios que se merecen; el mismo internet nuestro; el mismo servicio médico y que vuelvan sus hijos que se vinieron a trabajar a Trelew”, justificó Carlos Eliceche, uno de los legisladores, cuando voto a favor.
La meseta central de Chubut, desde hace un tiempo, vive un proceso desploblamiento por una grave sequía y la falta de financiamiento e infraestructura por parte del sector público. Cuando, unos días antes, el diputado Tirso Chiquichano, propuso normalizar la caza de guanacos para ayudar a los pobladores de la meseta, la mayoría de los legisladores dejaron sin quorum la sesión donde hablaba. Salvo por la minería, los legisladores de Chubut no hablan de la meseta ni tampoco la visitan.
La zonificación habilita la explotación minera solo en esta región luego de que fuera prohibida, por la ley 5.001, hasta que se estableciera las zonas de Chubut aptas para la actividad. Ninguno de los legisladores pudo explicar los criterios técnicos, y ambientales, que utilizaron para tomar la decisión. Según Martín Cerda, ministro de Hidrocarburos de Chubut, Pan American Silver debería presentar sus estudios de impacto ambiental y consultar a las comunidades originarias de la zona, un proceso que llevaría un año y medio.
Desde el No a la Mina en Esquel, en un plebiscito de 2003, por toda la provincia hay Asambleas Ambientales que llevan años en campaña contra la actividad. Gran parte del discurso anti minero es hegemonizado por los portavoces y líderes de estos movimientos a cargo de convocar a las marchas. A medida que la clase política los rechaza como interlocutores, como en esta ocasión, sus posiciones se radicalizan y conectan más con los chubutenses.
Fuente: Puente Aereo Digital