En lo que puede leerse como una ratificación del camino emprendido a partir de su llegada al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el presidente del área, Claudio Avruj, dio de baja dos resoluciones que habían sido expedidas durante la gestión gubernamental anterior vinculadas a la comunidad Buenuleo.
Uno de los textos llevaba la firma de Magdalena Odarda; el otro, de Alejandro Marmoni. Es decir, los predecesores de Avruj en el cargo.
En sí, lo anulado apuntaba a reconocer “la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad Lof Che Buenuleo, perteneciente al pueblo mapuche, con asiento en la provincia de Río Negro, con Personería Jurídica Resolución Nº 116 del 14 de marzo de 2011, registrada bajo el Nº 31, de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Río Negro”.
“Dijimos que íbamos a ser un INAI de puertas abiertas, que todo está bajo revisión y que seremos respetuosos de la ley”, advirtió Avruj, para luego señalar: “La gestión kirchnerista fue arbitrariamente contra la propiedad privada, sin participación de la provincia de Río Negro ni del titular de la tierra. Por eso revocamos esta resolución que no correspondía”.
Así, en la resolución 44/2024, con fecha del jueves 12 de septiembre, aunque publicada el lunes 16 en el Boletín Oficial, el actual titular del INAI repasa las idas y vueltas judiciales que tuvo el conflicto entre Emilio Friedrich (quien invoca la propiedad del terreno sobre el que gira el problema) y la comunidad, determinaciones del Instituto mediante.
Además, hace hincapié en que, recientemente, la Corte Suprema de Justicia ya ha aludido a “la falta de intervención de la provincia de Río Negro en los procedimientos en los cuales tramitaron los relevamientos de las comunidades indígenas”. O sea, Avruj remite a lo que indica la Ley 26160, de relevamiento territorial indígena, donde se apunta a “dar intervención al Estado provincial y los Estados municipales implicados”, y refiere a la falta de participación del gobierno rionegrino en el asunto que se discute.
El werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, en cambio, afirmó que “el gobierno de la provincia siempre fue parte de los procedimientos de reconocimiento territorial”.
“Hasta 2011, el CoDeCI (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas), acompañado por el Parlamento, estuvo a cargo de llevar a cabo el relevamiento. Por lo cual, precisamente a través del CoDeCI, el gobierno tenía representación, y, además, era notificado de cada lugar en el que se iba a trabajar. Luego, los pocos relevamientos que se hicieron hasta 2013 fueron llevados a cabo por la provincia, por lo que no pueden desconocerlos”, señaló el referente mapuche, quien, al nombrar al CoDeCI, apunta a la representatividad que de por sí tiene el gobierno en ese Consejo a través de «dos integrantes pertenecientes al Ejecutivo rionegrino».
“El relevamiento de Buenuleo, si mal no recuerdo, es de 2010, 2011. Las carpetas se iniciaban pero el resultado no era inmediato, porque había todo un procedimiento que involucraba trabajo de campo y tareas relacionadas con lo social, histórico, antropológico… Luego se llegaba a un cierre”, explicó Carriqueo.
Asimismo, indicó que hubo demoras en el caso Buenuleo pero que finalmente la carpeta técnica tuvo una definición en 2020, luego de un paso de la comunidad (“debido a ataques que sufrió») por la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios, creada durante la gestión de Alberto Fernández en febrero de 2020.
Carriqueo en 2020, junto a quien era secretario de Articulación de la Seguridad, Gabriel Fuks, en una visita que el entonces funcionario realizó a Bariloche, donde uno de los ejes que se trató fue la situción de la comunidad Buenuleo.
“La finalización del relevamiento fue con pleno conocimiento del gobierno rionegrino”, aseveró el vocero indígena.
Para Carriqueo, “el INAI da rienda suelta a la decisión política que tiene el gobierno nacional, de avanzar sobre los territorios comunitarios indígenas, algo pactado con las autoridades provinciales”.
De la misma forma, planteó: “La Justicia no es independiente, ni actúa de modo receptivo con el derecho indígena, lo que es una obligación del Estado”.
Miembros de la comunidad Buenuleo y Fuks, en época de pandemia.
Igualmente, el werken consideró: “Las comunidades le ganaremos el territorio al Estado, porque tenemos la posibilidad de demandar internacionalmente; esto no se define con resoluciones del INAI”.
Más allá de las apreciaciones del referente mapuche rionegrino, en el texto dado a conocer por el INAI se resuelve: “Instrúyase a la Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas, en cuya órbita se encuentra el ‘Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas – Ejecución Ley Nacional N° 26.160’, creado mediante la Resolución INAI N° 587/2007, a los fines que ejecuten todas aquellas tareas y diligencias que resulten necesarias con el objetivo de notificar y brindar la debida participación al Sr. Emilio Friedrich, así como también a la provincia de Río Negro y demás organismos provinciales o nacionales que puedan verse involucrados, con carácter previo a la emisión de cualquier acto administrativo”.
Curiosamente, entre los considerandos, se indica que la intención del organismo es actuar “en pos de otorgar mayor seguridad jurídica y tutelar a la comunidad indígena sujeto de derecho, a los fines que en un futuro cuente con una resolución que dé por finalizado el relevamiento técnico, jurídico y catastral y reconozca su ocupación actual, tradicional y pública que no se encuentre constantemente controvertida”.