Las lluvias que cayeron en Andalgalá desde la semana anterior provocaron la crecida de los ríos Andalgalá, Choya y El Potrero, que bajan oscuros desde hace varios días. Si bien en épocas de crecidas podemos encontrarnos con mayor cantidad de sedimentos, en estas oportunidades todos los vecinos y vecinas estamos observando un superlativo arrastre de sedimentos en el agua. Esto, sumado a la demora en aclararse, que aún continúa, ha saturado la capacidad de las plantas potabilizadoras y quienes habitamos en el territorio hemos sido privadxs de este bien común o hemos visto salir agua marrón por nuestras cañerías.
Los tres ríos mencionados nacen en el cordón montañoso del Aconquija, en la zona donde se encuentran trabajando las máquinas del proyecto MARA, de Yamana Gold, Glencore y Newmont.
Es absolutamente innegable que la remoción de suelos para abrir caminos, la perforación de los cerros y la destrucción de la vegetación en la zona por los trabajos totalmente ilegales de exploración avanzada están impactando el ambiente donde nacen los ríos y sus consecuencias se ven en el agua que llega a nuestros hogares y fincas.
Además de afectar la calidad de vida y la salud de lxs vecinxs y todos los seres vivientes, la falta de agua potable provocó además gastos económicos imprevistos a familias que debieron comprar agua embotellada (con los elevados costos que implica) no sólo para beber sino también para cocinar.
El agua en Andalgalá tiene una sola fuente y son nuestros cerros, cualquier movimiento sobre los mismos impacta directamente sobre nuestros ríos poniendo en riesgo la vida de nuestro pueblo y de todas las especies que en él habitamos.
Mientras esto sucede, el gobierno provincial solo toma un lugar: el de quienes amenazan la vida de los pueblos posicionándose del lado de las empresas extractivistas, nunca del lado de la preservación del agua como derecho fundamental para la vida.
Por otra parte, ¿qué pasa con el poder de policía ambiental que el gobierno municipal debe ejercer por ley? Es su deber realizar, de manera urgente, una inspección ocular en el yacimiento Agua Rica y zonas aledañas, para confirmar lo que lxs vecinxs denunciamos hace meses y lo que evidencian las fotografías: que el daño avanza sobre nuestro territorio y nuestras fuentes de agua.
Para esto no hay otra decisión posible: la paralización inmediata del proyecto MARA.
Para dejarlo en claro: la asociación o inacción de lxs funcionarixs responsables ante todos estos gravísimos hechos lxs convierte en cómplices de violar, entre otros, el derecho humano al agua y al agua como derecho fundamental para la vida de los pueblos y seres vivientes (reconocido por nuestra Constitución Nacional, leyes nacionales y por tratados internacionales) y lxs hace pasibles de ser denunciados por incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos.
