El Congreso Nacional se vio envuelto en un intenso debate durante seis horas este miércoles, culminando con la media sanción del proyecto de ley destinado a combatir la ludopatía, especialmente en el contexto de las apuestas online. Con 139 votos a favor, 36 en contra y 59 abstenciones, la propuesta avanzó una etapa crucial después de repetidos intentos fallidos del legislativo debido a la falta de quorum.
Esta iniciativa espera establecer un marco regulatorio más estricto respecto a las apuestas digitales, una necesidad latente en la sociedad actual.
Desde hace tiempo, diversos sectores políticos y sociales venían reclamando un control más riguroso sobre la publicidad y las facilidades que tienen los sitios de apuestas. Con la nueva regulación se pretende instaurar una serie de marcos que restrinjan severamente la circulación de anuncios relacionados con las apuestas y los juegos de azar. Esta medida apunta a proteger, especialmente, a los segmentos más vulnerables de la sociedad como adolescentes y jóvenes, quienes son altamente susceptibles a los peligros del juego. Además, el proyecto compromete a los canales de comunicación y las redes sociales a reducir significativamente este tipo de contenidos, impactando incluso en los patrocinios deportivos.
Entre las facciones políticas, Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, la UCR y Democracia para Siempre han mostrado un fuerte apoyo a la medida. Al otro lado del espectro, gran parte del PRO y La Libertad Avanza han mostrado su disconformidad, proponiendo un dictamen alternativo que busca suavizar las restricciones a las apuestas en línea, especialmente en lo que respecta a sus publicidades.
Una de las disposiciones más innovadoras del proyecto es la imposición de un estricto control sobre los métodos de pago permitidos para participar en juegos en línea. Solo se permitirán transacciones con tarjetas de débito, restringiendo el acceso a créditos y bonos. Esta medida busca minimizar los impulsos compulsivos de apostar utilizando recursos que no se poseen, además de reducir el riesgo de problemas financieros más profundos entre los jugadores.
En relación a la protección de menores, se han introducido mecanismos eficaces para limitar el acceso de estos a las plataformas de apuestas. La ley exige la implementación de tecnologías de reconocimiento biométrico que permitan verificar la identidad y edad de los usuarios mediante la base de datos del RENAPER. De este modo, se busca una responsabilidad compartida entre el Estado y las plataformas para evitar que los menores de edad puedan registrarse en estos sitios.
Para favorecer a aquellos que están en proceso de recuperación, el proyecto incluye la creación de un registro nacional para la autoexclusión voluntaria. Esto significa que las personas podrán solicitar la exclusión de las plataformas de juego por un máximo de hasta 24 meses, una iniciativa que pretende ofrecer un respiro a aquellos luchando con la adicción al juego. El cumplimiento de estas normas por parte de las plataformas está respaldado por severas sanciones en casos de infracción, penas que podrían alcanzar desde multas significativas hasta años de prisión.