Con el objetivo de reunir los votos necesarios para su aprobación en el Senado, el Gobierno presentó este martes un nuevo dictamen del proyecto de ley de tierras, incorporando cambios en el capítulo referido a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La principal modificación respecto de la versión original consiste en el establecimiento de un límite del 25% para la compra de tierras productivas por personas físicas o jurídicas extranjeras, tanto a nivel nacional como provincial y departamental.
El texto inicial proponía eliminar las restricciones vigentes, mientras que el nuevo dictamen opta por ampliar el tope actual del 15% al 25%.
Las modificaciones fueron anunciadas en conferencia de prensa por la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien explicó los cambios incorporados tras las negociaciones con sectores de la oposición dialoguista.
«Vamos a dejar muy en claro qué límites pusimos que no estaban. Los Estados extranjeros no pueden comprar un metro de tierra rural en Argentina, punto», sostuvo Bullrich.
Asimismo, precisó que «las personas jurídicas, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias de empresas y todos los vínculos asociativos que tengan participación estatal directa o indirecta van a necesitar el aval conjunto de la Nación y de las provincias».
El nuevo artículo 25 del proyecto establece además que toda adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras deberá inscribirse en el registro inmobiliario de cada provincia, dejando constancia de los datos y la nacionalidad del comprador.
Cambios en materia de expropiaciones
El proyecto también introduce modificaciones a la Ley N.º 21.499 de Expropiaciones. Si bien mantiene el criterio de que pueden ser expropiados los bienes necesarios para satisfacer la utilidad pública, incorpora nuevos requisitos para esa declaración.
La iniciativa establece que la utilidad pública deberá ser interpretada de manera restrictiva e identificar de forma específica y concreta el objetivo perseguido. Además, determina que toda expropiación deberá cumplir con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad para alcanzar ese fin.
Otros puntos del proyecto
Además del capítulo sobre tierras y de las modificaciones a la legislación sobre expropiaciones, la iniciativa incluye reformas destinadas a agilizar los procesos de desalojo por falta de pago, ocupaciones y usurpaciones. También propone cambios en distintos artículos de la Ley de Manejo del Fuego para habilitar el uso de propiedades afectadas por incendios u otras catástrofes.
Según estimaciones oficiales, las modificaciones incorporadas al dictamen permitirían al Gobierno reunir entre 38 y 40 votos en la sesión convocada para el próximo jueves. En las últimas semanas, el proyecto había encontrado resistencia tanto en sectores políticos como en organizaciones sociales, especialmente por el rechazo a una eventual flexibilización de las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros.
En ese contexto, para el día de la sesión está prevista una nueva manifestación frente al Congreso organizada por partidos políticos y organizaciones no gubernamentales. Será el tercer intento del oficialismo por avanzar con el tratamiento de la iniciativa, luego de sucesivas postergaciones por falta de consenso.
Fuente: La Nación