La Cámara de Diputados aprobó este jueves el nuevo Régimen Penal Juvenil que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para delitos cometidos por menores.
Según informó el sitio especializado Parlamentario, la iniciativa obtuvo 149 votos a favor, 100 en contra y ninguna abstención, tras más de ocho horas de debate.
De esta manera, el Gobierno nacional logró un nuevo triunfo legislativo luego de la media sanción de la Reforma Laboral, y ahora buscará que el Senado convierta en ley el proyecto antes del 1° de marzo.
Cómo fue la votación
La propuesta contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el interbloque Unidos y otros bloques provinciales. En tanto, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y otros espacios votaron en contra.
El tema había sido incorporado por el Poder Ejecutivo al temario de sesiones extraordinarias a fines de enero, en un contexto atravesado por hechos de alto impacto público.
Qué cambia con el nuevo régimen
El proyecto busca reemplazar la Ley 22.278 de Régimen Penal de la Minoridad, vigente desde 1980. Entre los puntos centrales se establece:
- Edad de imputabilidad desde los 14 años.
- Pena máxima de 15 años para adolescentes (no de 20, como preveía la propuesta original).
- Prohibición de prisión perpetua.
- Posibilidad de mediación penal y suspensión del proceso a prueba en determinados delitos.
- Medidas alternativas a la privación de la libertad en casos de delitos con penas menores.
Las penas privativas de libertad podrán cumplirse en domicilio, institutos abiertos o establecimientos especializados, siempre separados de adultos.
Además, cuando el adolescente haya cumplido dos tercios de la condena, el juez podrá evaluar sustituir el encierro por otras medidas.
Presupuesto y convenios con provincias
El dictamen fija una asignación presupuestaria de $23.739 millones para la implementación del régimen. De ese total, más de $3.131 millones provendrán del Ministerio de Justicia y más de $20.607 millones de la Defensoría General de la Nación.
A pedido de sectores dialoguistas, se incorporó la posibilidad de que Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebren convenios de colaboración para adecuar sus sistemas y afrontar los costos que demande la aplicación de la ley.
Debate intenso en el recinto
Durante el debate, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado defendió la iniciativa al considerar que la ley vigente es “ineficiente” y no resocializa ni repara a las víctimas.
En la vereda opuesta, Victoria Tolosa Paz calificó el proyecto como un “mamarracho jurídico” y sostuvo que no resuelve el problema de la inseguridad. También el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó que no se hayan incorporado aportes de organizaciones como la Iglesia, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría.
Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman y Romina del Plá advirtieron que la baja de la edad de imputabilidad profundizará la criminalización de sectores vulnerables.
En tanto, legisladores del PRO y bloques provinciales argumentaron que se trata de un debate “postergado durante décadas” y que la reforma constituye una herramienta necesaria frente a delitos graves cometidos por menores.
Próximo paso
Con la media sanción obtenida, el proyecto será enviado al Senado para su tratamiento. Si se convierte en ley, entrará en vigencia a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial.
Así, el Congreso dio el primer paso para modificar un régimen que lleva más de cuatro décadas sin cambios, en medio de una discusión que vuelve a instalarse cada vez que hechos delictivos protagonizados por menores conmueven a la opinión pública.
Fuente: Parlamantario.com