Por Christian Masello
Organismos de Río Negro y Neuquén que conforman la Red Patagónica de Derechos Humanos se pronunciaron contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el presidente de la Nación, Javier Milei, así como del protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acciones que calificaron como un “intento de instalar un instrumento represivo-punitivo disciplinador para la aplicación del plan económico”.
“Tanto uno como otro afectan gravemente el funcionamiento democrático”, se lee en un documento que tiene entre sus firmantes a la regional barilochense de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
El texto indica: “En el caso del protocolo, desconoce el derecho a peticionar ante las autoridades, el derecho a la reunión pública y a la participación democrática, así como también el derecho a la libertad de expresión. Todas libertades y derechos estimados como básicas”.
Y continúa: “En el caso del DNU, no cumple los requisitos establecidos en la Constitución Nacional, ya que no se dicta en una situación excepcional y no reúne las exigencias legales de necesidad y urgencia”.
“Con la emisión de este decreto el Poder Ejecutivo se arroga facultades que son propias del Poder Legislativo. No dando muestras a ninguna disposición al debate”, sigue.
Asimismo, los firmantes sostienen que “se desconoce la norma constitucional cuando ignora los derechos sociales establecidos en el artículo 14 bis que aseguran el derecho a la huelga y prohíben el despido arbitrario”.
También aprecian que la acción presidencial “derriba cualquier tipo de protección al inquilino y deja todo librado al funcionamiento del mercado inmobiliario”, además de que “modifica normas que comprenden a la farmacia como parte de un sistema de salud para adjudicarle un rol estrictamente comercial, lesionando así los derechos de salud pública e integridad psicofísica”.
“Deroga la Ley de Abastecimiento, Ley de Góndolas y de regulación de precios, afectando directamente a la economía familiar de los sectores populares”, expone el documento, donde, a la vez, se opina: “Con la derogación de la Ley de Tierras se afecta directamente la soberanía nacional, favoreciendo intereses extranjeros”.
De la misma forma, se advierte un avance “en la privatización de las empresas estatales, como los medios de comunicación públicos, suprimiendo el derecho de la ciudadanía a la información”.
“A través del autoritarismo persiguen imponer un nuevo orden social en favor del sector empresarial más concentrado y en claro detrimento de las clases populares, trabajadores y trabajadoras, pymes, organizaciones sindicales, gremiales y sociales”, sostienen los referentes de los organismos firmantes, para luego concluir: “Es de necesidad y urgencia frenar este proyecto que excluye a las mayorías, dando lugar a la derogación de derechos conquistados en históricas luchas del pueblo trabajador”.