En julio de este 2025, el fallo de un tribunal de casación consideró que la jurisdicción competente para llevar adelante el juicio a cuatro altos exoficiales de la Armada por el hundimiento del submarino era Santa Cruz (puntualmente Rio Gallegos).
No obstante, los defensores de los procesados y otra querella plantearon que debería realizarse en Mar del Plata o en tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a lo que Carreras calificó ello como “un claro lobby judicial”.
Debido a estas discrepancias, los integrantes del tribunal de casación estimaron “oportuno” oír todas las posturas en una audiencia prevista para el 29 de septiembre para definir la sede del juicio.
La abogada admitió que entendía la complejidad de definir la sede por cuestiones operativas, pero también dejó sentado que confiaba en la imparcialidad de los tribunales del interior para alcanzar la verdad y la justicia.
En tanto, quienes buscan trasladar la causa a Comodoro Py o Mar del Plata, argumentan que ello es más práctico debido a la residencia de la mayoría de los familiares de los submarinitas.
Carreras se opone y adelantó que “los elementos de peso que presentaré son la imparcialidad y objetividad de los tribunales federales de Santa Cruz y Chubut”, algo que no se puede decir “de la justicia cooptada que tenemos en Comodoro Py”, recordando que en ese ámbito quedaron sobreseídos tanto el expresidente Mauricio Macri y los entonces jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa por espionaje ilegal a los familiares de los submarinistas.
Consecuentemente evaluó que los acusados tendrán “favoritismo” en Buenos Aires o en Mar del Plata, ciudad esta última “donde históricamente la justicia ha tenido vínculos con la Armada Argentina”, por lo cual sostuvo que “si el juicio sale de Santa Cruz, los familiares y la verdad pierden”.