La Asociación de Pobladores Rurales de la Reserva Los Alerces presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal de Esquel por presuntos delitos de abuso de autoridad, negligencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco del incendio forestal iniciado en diciembre de 2025 en el área del Lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces.

Según consta en el escrito, el fuego se habría iniciado en la primera quincena de diciembre tras la caída de un rayo durante una tormenta eléctrica y avanzó sobre áreas intangibles de máxima protección ambiental, afectando bosques nativos y sectores reconocidos como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.

La denuncia señala que el incendio se propagó por la falta de acciones oportunas, decisiones inadecuadas y ausencia de planificación preventiva, lo que habría derivado en la destrucción de amplias superficies tanto del Parque Nacional como de la Reserva Nacional Los Alerces, poniendo en riesgo bienes, fauna, flora y la seguridad de pobladores y trabajadores.

Funcionarios denunciados

La presentación solicita que se investigue el accionar del intendente del Parque Nacional Los Alerces, Danilo Hernández Otaño, el jefe del ICE, Marío Cárdenas, la jefa del Departamento de Guardaparques, María Laura Fenoglio y la cadena jerárquica correspondiente, por su presunta responsabilidad en la determinación de estrategias, asignación de recursos y coordinación del combate del incendio.

Entre los principales cuestionamientos, se menciona que no se habría desplegado una cantidad adecuada de brigadistas, incluso cuando el fuego avanzaba en una zona de máxima protección, y que existieron contradicciones en la información oficial brindada a pobladores durante reuniones realizadas a comienzos de enero.

Falta de prevención y logística

El documento sostiene que no existieron trabajos preventivos previos, ni planificación operativa acorde a los antecedentes de incendios en la zona. También se cuestiona la dependencia de una empresa turística privada para el traslado lacustre de brigadistas y las demoras generadas por decisiones administrativas, lo que habría retrasado el ataque inicial del fuego.

Asimismo, se mencionan restricciones al uso de retardantes, demoras en el combate aéreo y supuestas excusas técnicas que, según los denunciantes, habrían agravado la situación y permitido que el incendio avanzara sobre nuevos frentes.

Pedido de pericias e investigación

En el tramo final, la Asociación solicita a la Justicia Federal que se recabe información detallada sobre:

  • La cantidad de brigadistas disponibles y efectivamente desplegados.
  • El estado del equipamiento al inicio del incendio.
  • La existencia o no de protocolos vigentes y su cumplimiento.
  • Las razones por las cuales no se convocó a más personal especializado.
  • La eventual responsabilidad penal de los funcionarios denunciados.

Finalmente, se pide que la denuncia sea formalmente radicada y que se inicien las acciones judiciales correspondientes para determinar si existió negligencia y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público en el manejo de la emergencia ígnea.

La denuncia fue presentada el 22 de enero de 2026 y cuenta con el respaldo de documentación oficial y un informe elaborado por personal de guardaparques. 

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