Por Paula Moreno Román
Cada 23 de marzo la ciudad de Esquel recuerda el plebiscito que le dijo rotundamente NO a la mina, NO a la radicación de emprendimientos megamineros. Este año se cumplen 23 años de aquel momento de planteos estudiados, fundamentos científicos, análisis, angustia y, finalmente, festejo de una mayoría que decidió marcar un límite.
Pero no es un aniversario más. Porque el contexto cambió. Y eso obliga a mirar aquel 2003 desde otro lugar.
Chubut atraviesa hoy una situación económica compleja, tensionada por un escenario nacional que redujo recursos y reconfiguró la relación entre Nación y provincias. La coparticipación llega más ajustada, los márgenes de gestión se achican y las alternativas de desarrollo vuelven a entrar en discusión. En ese marco, la megaminería —una vez más— aparece como posibilidad.
No es casual. Tampoco es nuevo. Pero sí es distinto.
A esa presión económica se suma la política. El calendario electoral empieza a marcar el ritmo de las decisiones y el gobernador Ignacio Torres, que transita la mitad de su mandato con proyección hacia una eventual reelección, se mueve en ese doble tablero: la necesidad de mostrar gestión hacia arriba, en la relación con el Gobierno nacional, y hacia adentro, frente a una sociedad que ya dejó en claro —al menos una vez— cuál es su límite.
Hoy la minería vuelve a aparecer, pero en otro escenario: más presión económica, más impulso nacional y un calendario político en marcha.
En ese equilibrio, la discusión minera vuelve a tomar forma. El uranio en la meseta aparece como una alternativa con menor costo político, tanto por su localización como por el peso electoral relativo de la región. Al mismo tiempo, el oro y la plata recuperan centralidad en un escenario internacional atravesado por conflictos que elevan su valor estratégico. Y Esquel, inevitablemente, vuelve a quedar en el mapa: allí, a pocos kilómetros, sigue latente el proyecto que originó aquel rechazo histórico.
A 23 años del plebiscito del 23 de marzo de 2003, Esquel vuelve a recordarse a sí misma como protagonista de un hecho sin precedentes en la historia de la participación ciudadana en Argentina. Aquel domingo, el 81% de los votantes rechazó la instalación de un emprendimiento megaminero en el cordón Esquel, y esa decisión se convirtió en un punto de inflexión: no solo frenó un proyecto puntual, sino que instaló un modelo de organización comunitaria y de defensa del ambiente que marcó a generaciones enteras y sembró conciencia en toda la Patagonia y el país.
El desafío ya no es solo resistir, sino discutir en un contexto donde las urgencias económicas tensionan decisiones de largo plazo.
En los últimos años, Chubut volvió a estar en el centro de la escena a partir del intento fallido del entonces gobernador Mariano Arcioni de avanzar con una zonificación minera. La aprobación exprés en la Legislatura derivó en una reacción social inmediata y masiva. La norma fue derogada apenas una semana después, en medio de movilizaciones, tensión y episodios de violencia institucional.
El plebiscito de 2003 no solo frenó un proyecto: definió un límite que todavía condiciona la discusión en Chubut.
Hoy, el escenario nacional es distinto. La minería atraviesa un momento de impulso político y económico, con un gobierno que promueve abiertamente la expansión de la actividad extractiva como eje de crecimiento.
La participación de gobernadores —entre ellos Torres— en espacios donde se discuten estos desarrollos, junto con la energía, marca una línea clara: atraer inversiones, ampliar la matriz productiva, generar divisas. Ese fue el caso hace unos días en Argentina Week, donde los planteos sobre el tema fueron claros (aunque mucho más ante empresarios argentinos que extranjeros).
En este plano vale marcar que el gobernador de Chubut sostuvo en reiteradas oportunidades que no está en discusión la modificación de la Ley 5.001, que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto con uso de cianuro. Pero, al mismo tiempo, abrió la puerta a otros desarrollos extractivos dentro del marco legal vigente. Una distinción que intenta separar lo que genera rechazo social de lo que podría tener mayor aceptación.
Sin embargo, la discusión real no está en las arenas silíceas. Está en los grandes proyectos. En el uranio. En el oro. En la plata.
Y ahí es donde la memoria de Esquel vuelve a pesar. Porque el plebiscito no fue solo una votación. Fue un proceso.
A mediados de 2002, la minera Meridian Gold oficializó la compra de un proyecto a pocos kilómetros de la ciudad, con el respaldo político de entonces. La reacción fue progresiva: primero intriga, luego desconfianza, después organización.
Las asambleas crecieron, las calles se poblaron, la discusión se volvió cotidiana. El 4 de diciembre de ese año, cuando estaba prevista una audiencia pública, la movilización fue tal que terminó suspendida. El 5 de febrero de 2003, el Concejo Deliberante aprobó la consulta popular. Y el resto es historia conocida: una campaña intensa, con militancia por el sí y por el no, y una participación ciudadana que dejó una marca difícil de borrar.
Fue el plebiscito del 81%, pero también del 19%. El de la mayoría que decidió, y el de una minoría que aún hoy insiste en reabrir la discusión. Por eso sigue siendo el plebiscito de todos.
La leyenda del “No a la Mina” no es solo una consigna. Es parte del paisaje. Está en las paredes, en los comercios, en los debates, en la memoria colectiva. Con marcha o sin marcha, sigue ahí.
A 23 años, el desafío es otro. Ya no es solo resistir, sino discutir con estrategia en un contexto más complejo, donde la urgencia económica convive con convicciones profundas.
Porque si algo dejó aquel plebiscito, es una certeza que sigue vigente: las decisiones sobre el territorio no son solo técnicas ni económicas. Son, ante todo, políticas. Y en Esquel, esa política ya se expresó una vez.
La pregunta es si, en este nuevo escenario, alguien está dispuesto a volver a escucharla.
Algunas discusiones no vuelven: nunca se fueron
Fuente: EQS