En un contexto de creciente tensión entre el gobierno nacional y el sistema universitario, la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) Histórica definió un nuevo y contundente paquete de medidas gremiales.
Así lo resolvió su Congreso Extraordinario, en el cual se decidió profundizar el plan de lucha frente al “brutal ajuste” instrumentado por la administración de Javier Milei y en reclamo por la efectiva aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El nuevo cronograma de acción directa, que se desplegará con carácter federal, establece un paro de una semana a partir del 16 de marzo, coincidiendo con el pleno funcionamiento del ciclo lectivo en la mayoría de las universidades del país.
A esta medida le seguirán nuevas acciones durante la semana del 24 de marzo, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar de 1976, y un nuevo paro desde la semana del 30 de marzo. El miércoles 1 de abril está prevista una reunión de evaluación para, si no hay respuestas a los reclamos, continuar intensificando las medidas.
Marcha federal y adhesión al paro feminista
Uno de los puntos centrales del congreso fue la decisión de impulsar la construcción de una nueva Marcha Nacional de las Universidades Públicas, en unidad con todos los sectores universitarios (estudiantes, nodocentes) y la sociedad en su conjunto, replicando la masiva movilización del año anterior.
Además, en línea con su compromiso histórico, el gremio resolvió convocar al Paro Internacional Feminista y Transfeminista de este lunes 9 de marzo, reafirmando la defensa de los derechos laborales y sociales con perspectiva de género y la lucha del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries.
Los motivos del conflicto
La CONADU Histórica denuncia que el gobierno nacional se niega a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, sostenida en cinco instancias parlamentarias y ratificada por la justicia. Según el comunicado gremial, esta actitud implica “una flagrante violación a las normas básicas de la democracia representativa”.
El gremio advierte sobre las graves consecuencias de esta política:
- Pérdida salarial: Los sueldos docentes han caído por debajo de la línea de pobreza.
- Deserción laboral: Más de 10.000 docentes han renunciado, lo que afecta las vocaciones académicas y destruye equipos de cátedra.
- Riesgo sanitario: El deterioro salarial también empuja a la quiebra a las obras sociales, que dependen del aporte de los trabajadores.
- Amenaza legislativa: Se alerta sobre el proyecto del oficialismo que pretende derogar la ley vigente y reemplazarla por un aumento del 12,3% en cuotas, muy por debajo del 52% estipulado.
“La universidad pública de calidad es un derecho”, enfatiza la CONADU Histórica en su declaración, convocando a toda la comunidad universitaria y a la ciudadanía a sumarse a la defensa del sistema público de educación superior.