Luego que los jueces María Martini, Eve Ponce y Carlos Richieri hallaran culpable al productor ganadero Ricardo La Regina por la mayor parte de las imputaciones formuladas por afectar el medio ambiente y generar la muerte de pingüinos de Magallanes al realizar tareas de desmonte en su campo al norte de la reserva faunística de Punta Tombo, este lunes se realizó la audiencia para conocer el monto de la pena a aplicar.
La fiscal Florencia Gómez, que investigó el caso y los abogados querellantes, pidieron cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento.
Prisión
Para la fiscal Florencia Gómez, el imputado era consciente de sus actos y la fragilidad del ciclo reproductivo del pingüino afectado por el paso de la retroexcavadora utilizada. Dijo que su conducta fue de “crueldad hacia los pingüinos además de otras especies afectadas por el paso de la máquina pesada”. Destacó la “muerte de 240 pingüinos que ya no podrán cumplir con su ciclo reproductivo”. Afirmó que su actuación “no tuvo lógica” y que nunca pidió permiso para realizar esas tareas porque “no se lo hubiesen concedido”. Dijo que el daño generado fue “gravísimo con consecuencias también para las generaciones futuras”. Concluyó en solicitar la pena de cuatro años de prisión.
Pena en lo económico
Por su parte el querellante Martín Castro además de coincidir con la fiscal general Gómez, se refirió a la necesidad del resarcimiento, la reparación del daño y su afectación al Estado. También pidieron el resarcimiento económico “superior a los 500.000 dólares”, las costas del proceso, la cesión de 500 hectáreas para proteger la fauna allí existente,
Por su parte el abogado querellante Eduardo Hualpa, representante de entidades ambientalistas coincidió con lo solicitado por la fiscal general Gómez y el otro querellante, Martín Castro. A las penalidades económicas, agregó el decomiso de la máquina retroexcavadora que el imputado utilizó para los movimientos de tierra en función de su actividad ganadera. Hualpa hizo alusión a la necesidad de determinar con claridad los objetivos de los bienes y dinero, en caso que el Tribunal haga lugar a lo pedido por los acusadores.