La diputada Lourdes Arrieta de La Libertad Avanza reveló una serie de chats en X (ex Twitter) que involucran a varios de sus colegas en la planeación y visita a represores alojados en el penal de Ezeiza.
Arrieta, en su publicación titulada ‘No más impunidad’, develó que se habían creado varios grupos de WhatsApp con el fin de coordinar reuniones y almuerzos donde se discutirían temas y medidas que beneficiarían a los militares condenados por delitos de lesa humanidad. Este destape pone en evidencia la magnitud de la coordinación e inculpa directamente a varios participantes del chat.
La diputada aportó detalles exhaustivos de cómo surgió esta organización, destacando que todo comenzó como un esfuerzo por organizar un almuerzo con una figura religiosa, el Padre Javier. En este desaparecido grupo de WhatsApp figuraban nombres como Lemoine, Orozco, Mayaraz, Santurio, Benedit, Ferreyra y Araujo, lo cual incrementa la seriedad de las acusaciones al tratarse de funcionarios de alto perfil.
El Padre Javier, inmerso en este entorno digital, había llamado a una «reunión informal y reservada por tema proyecto militar», que se dice se celebró el 14 de marzo. Esta reunión no sería solo entre los mencionados políticos; se habría extendido a influyentes abogados como Laura Olea, Ricardo Saint Jean y, según Arrieta, el ex juez de Casación Eduardo Riggi también hizo acto de presencia. Todo indica que estas reuniones se llevaban a cabo con plena conciencia del ilegal propósito.
Una de las revelaciones más alarmantes de Arrieta fue la distribución de un documento dentro de ese grupo, compartido por la abogada Laura Olea. Este documento precisaba modificaciones a ser impuestas en el marco normativo, pretendiendo ajustes a la Ley de Ejecución Penal, el Código Penal y el Procesal. Estas modificaciones tienen el objetivo de favorecer a los condenados por crímenes contra la humanidad, lo cual constituye una clara deficiencia en la imparcialidad de la justicia y violaría los principios fundamentales de derechos humanos.
Adicionalmente, Arrieta mostró otro tramo de la conversación del grupo denominado «Causas escandalosas». En este archivo, se enlistaban supuestas nueuevas pruebas recolectadas a lo largo y ancho del país, levantando serios cuestionamientos sobre la validez de algunas de estas evidencias. Probablemente, ellos estaban reuniendo material con la intención de apelar o absolver condenas bajo el velo del sistema judicial.
La situación toma un giro aún más turbio con la mención a Benedit y su interacción con el director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez. Según lo expuesto, Benedit habría gestionado algún tipo de garantía para asegurar el acceso al penal de Ezeiza. Esto sugiere que había conocimiento y, posiblemente, autorización de las autoridades pertinentes, añadiendo otra capa de complicidad al intrincado escenario.
Arrieta prometió continuar con sus denuncias hasta que una Comisión Investigadora sea constituida en el Congreso para estudiar las pruebas presentadas. «Seguiré denunciando públicamente todas las pruebas que tengo en mi poder hasta que el Congreso constituya una Comisión Investigadora», concluyó en su contundente declaración.