“El conflicto territorial en Villa Mascardi no ha terminado”, advirtió el director ejecutivo de Consensos Patagónicos, Juan Trebino, quien consideró que “aún falta lo que se refiere a las causas judiciales y hay algunos personajes que todavía están prófugos”.
Igualmente, aclaró que, desde la asociación, han apreciado «señales claras» por parte de la gestión nacional actual, cosa que celebran.
Sobre todo, Trebino apuntó a la resolución de la Administración de Parques Nacionales que dejó sin efecto el reconocimiento del acuerdo que funcionarios del gobierno anterior y representantes mapuches habían firmado en pos de ciertos beneficios para los integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu.
“De hecho, como eco de esas decisiones que ahora tomó el Estado nacional, el gobernador de Río Negro (Alberto Weretilneck), días atrás, reconoció que en Mascardi nunca estuvo esa comunidad”, destacó el director ejecutivo de Consensos Patagónicos.
De tal manera, dijo que el modo de actuar de las autoridades nacionales con respecto al tema “marca hacia dónde quieren ir”, y diferenció lo que ocurrió durante la gestión anterior, donde consideró que Villa Mascardi había sido “como los bolsos de José López”, en referencia a un caso paradigmático de corrupción.
Así, se refirió a lo que sucedió en el paraje como una nuestra “de la vulgaridad más absoluta del modus operandi de un gobierno,donde el vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (en referencia a Luis Pilquiman) con vehículo oficial llevaba gente y alimento a la toma, en plena pandemia, cuando el presidente decía que si salías se iba a encargar de que pagaras el precio que eso implicaba”.
De tal forma, habló de la situación en Mascardi como “la gota que rebalsó el vaso”, y sostuvo que aquello demostró la existencia de “un plan sistemático de entrega de tierras, y no sólo a comunidades, sino también a amigos, conocidos, asociaciones…”.
Asimismo, afirmó que el acuerdo entre referentes mapuches y funcionarios nacionales, que se firmó el 1° de junio de 2023, “fue otra muestra de esa vulgaridad”.
“El Estado, a espaldas de los privados damnificados, se juntó con los usurpadores a firmar un acuerdo de entendimiento y les terminó reconociendo territorio, derecho a entrar al Parque, construcción de viviendas y desistir de una acción penal”, apreció.
Ante la decisión de la Administración de Parques Nacionales de dar de baja lo pactado, Trebino opinó que esa determinación “fue algo excelente”.
“El acuerdo era absolutamente ilegal y premiaba a los violentos, los usurpadores, los terroristas que hicieron todo aquello”, remarcó, y reflexionó que la medida de la gestión actual de Parques sirvió como manera de “descomprimir el tema”.
“Los juicios orales se van a realizar y la Justicia tendrá que dictaminar en relación a esas usurpaciones”, aseveró y, con respecto a los recursos pendientes de resolución que se encuentran en la Cámara de Casación vinculados al acta firmada, manifestó: “Sería bastante extraño que se convalide una homologación de un acuerdo donde una de las partes se ha retractado exponiendo sus motivos”.