Por María Torrellas
La Asamblea por el Agua de Las Heras (Mendoza) denunció a Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez como los principales responsables de la persecución política y judicial contra Nora Moyano. Mujer luchadora en defensa del agua, de 70 años. Está criminalizada por algo tan absurdo como haber instigado el secuestro de todo el cuerpo de legisladores de Mendoza, en diciembre de 2019, durante el tratamiento de la Ley cianuro. En esa protesta había miles de personas y las movilizaciones multitudinarias duraron 13 días. La Justicia, que ya le negó el sobreseimiento, citó a Moyano a una audiencia virtual para hoy a las 8.30 hs.
Esto nos dijo Nora de la audiencia:
«Realmente lo primero que tengo que decir es que estoy orgullosa de los abogados defensores que nos defienden. Brillante y sobresaliente es poco. A la vez, decir que, a raíz de todas las fundamentaciones, la jueza Patricia Alonso, a cargo de esta audiencia, dio un cuarto intermedio debido a que la audiencia llevaba ya una hora y media y ella pensaba que iba a durar 40 minutos y había suspendido otra audiencia. Le pidió tanto a la fiscalía de Ticheli, como a nuestros abogados defensores, que los fundamentos vertidos hoy en esta audiencia virtual los presentaran por escrito en su despacho. Como dije, fueron realmente enjundiosos los argumentos de nuestros abogados y sinceramente lo del fiscal Ticheli es lamentable. Muestra una filosofía evidentemente que se para desde el punitivismo entre tantos argumentos y aspectos de su fundamentación. Dijo entre tanto que la Señora “encartada”, yo soy la encartada Moyano, con su oratoria incitó a la violencia a las 2 mil ó 3 mil personas que había allí. Por una parte, reconocen que no éramos sólo 70 personas, por otra parte el desprecio absoluto que tiene a la inteligencia de nuestro pueblo, a la capacidad analítica y pensamiento crítico. Es pavoroso decir que el pueblo no piensa, que tiene alguien que lo lleva de las narices, es un argumento sinceramente abominable.
Otra de las cuestiones que dijo es que ante nuestros argumentos, es que uno de ellos es que él resolvió no ha lugar al sobreseimiento sin fundamentar. Entonces el abogado dijo “porque sí, porque se le ocurre”, frente a eso, que si nosotros tenemos un cuestionamiento que hagamos un pronto despacho. Y dale con el tema de la “encartada Moyano”. En un determinado momento le recordó a esta jueza que es la misma que nos tocó en junio de 2021 a raíz del pedido de nulidad de mis abogados defensores de aquel momento, la jueza no ha lugar, no nos dio la nulidad y dijo que se siga investigando. Entonces el fiscal le recordó que ella ya había sentenciado referido a esto. En este caso no es nulidad sino sobreseimiento como para decir” no vuelvas sobre tu paso”. Es lamentable que este sea el fiscal que defiende los intereses del Estado, se supone que los fiscales defienden los intereses de la cosa pública. Como bien argumentaron los abogados pareciera ser que no estábamos viviendo en la república que está establecida en la constitución nacional desde el año 53 a la fecha y por supuesto todos los tratos y pactos internacionales que nos amparan para poder ejercer el derecho a la libertad de expresión y derecho a la protesta. Tanto la abogada como nuestro abogado estuvieron con argumentos muy bien elaborados basándose en el código.
Continuamos como cuarto intermedio en la lucha. Tenemos que lograr que el intendente de Malargüe y su señora esposa la senadora Laferte de la UCR no logren la zonificación minera en Malargüe como tampoco consigan aprobar el proyecto de Cairo y otros, referido al uso de ácido sulfúrico para toda la Provincia de Mendoza, que no pase por la legislatura.
Y desde este viernes el diputado del Pro, Cairo Además de él, aparecen como coautores del proyecto Enrique Thomas, también del PRO; Josefina Canale, del Partido Demócrata Progresista (PDP); y
Guillermo Mosso, del sector del Partido Demócrata (PD) que sigue siendo
aliado del gobierno.
Su proyecto es la autorización del uso del ácido sulfúrico para todo tipo de industria, conculcando lo reglamentado por la Ley 7722.
La propuesta apunta a permitir una sustancia actualmente prohibida y elimina el filtro legislativo.
Esto tiene un objetivo: favorecer el desarrollo de las minas de cobre de toda Mendoza.
Seguimos defendiendo nuestra agua, nuestros bienes comunes y la ley 7722 y seguimos en pie.
No nos amedrentan ni a nosotras ni a nadie.
Vamos contra la criminalización de la protesta social, laboral , ambiental».
Vamos por la unidad de nuestro maravilloso pueblo que sabemos construir nuestra resistencia popular.
