Con diez perpetuas y penas desde 4 a 22 años, culminó el juicio más grande realizado hasta el momento por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. Por 350 víctimas, el juicio duró más de tres años y las condenas dejaron un sabor agridulce, ya que los imputados fueron 19 y apenas hubo 10 perpetuas. El tribunal no se expidió en cuanto a la modalidad de cumplimiento de las penas, por lo que solo 2 de los genocidas permanecerán en cárcel común
La decisión fue tomada por unanimidad por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín, integrado por los jueces Daniel Gutierrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega. En el juicio declararon más de 300 testigos.
Noticia en desarrollo
Las condenas
Santiago Omar Riveros: Prisión perpetua
Luis Del Valle Arce: Prisión perpetua
Eugenio Guañabens Perello: Prisión perpetua
Luis Sadi Pepa: Prisión perpetua
Calos Javier Tamini: Prisión perpetua
Carlos Eduardo José Somoza: Prisión perpetua
Miguel Ángel Conde: Prisión perpetua
Mario Rubén Domínguez: Prisión perpetua
Francisco Rolando Agostino: Prisión perpetua
Pacífico Luis Britos: Prisión perpetua
Hugo Miguel Castagno Monge: 22 años de prisión
Bernardo Caballero: 20 años de prisión
Carlos Alberto Rojas: 13 años de prisión
Alfredo Oscar Arena: 12 años de prisión
Roberto Julio Fusco: 11 años y 6 meses de prisión
Federico Ramón Ramírez Mitchell: 11 años de prisión
Ramón Vito Cabrera: 10 años y 6 meses de prisión
Arnaldo Jorge Román: 9 años de prisión
Carlos Daniel Caimi: 4 años de prisión
Foto de portada: Carolina Camps
El Tribunal Oral Federal Número 1 de San Martín condenó a la pena de prisión perpetua a Santiago Omar Riveros por delitos de lesa humanidad ocurridos en la Zona de Defensa IV, a cargo del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, durante la última dictadura militar.
El tribunal, integrado por los jueces Daniel Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega, advirtió que se trata de crímenes de lesa humanidad, por lo tanto los delitos son imprescriptibles. La lectura del veredicto había comenzado con la lectura de los nombres de todas las víctimas.
Con el veredicto finalizó el juicio oral y público que inició el 29 de abril de 2019 y donde declararon más de 300 testigos sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.
En una audiencia presencial y transmitida por las redes, la lectura del veredicto tuvo lugar esta tarde en la Sala de Audiencia Pueyrredón 3728, entre San Lorenzo e Intendente Campos, del partido bonaerense de San Martín.
El juicio se había reanudado de manera telemática el 27 de mayo de 2020 y su desarrollo se realizó a lo largo de 126 audiencias, durante las que brindaron declaración testimonial 327 personas.
En el debate, que acumuló 13 expedientes, se juzgó a 19 personas acusadas de crímenes de lesa humanidad ocurridos en la Zona de Defensa IV a cargo del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo durante la última dictadura militar.
Los acusados fueron Luis del Valle Arce; Bernardo Caballero; Miguel Conde; Carlos Eduardo José Somoza; Mario Rubén Domínguez; Hugo Miguel Castgano Monge; Arnaldo Julio Román; Santiago Omar Riveros; Eugenio Guañabens Perelló; Carlos Daniel Caimi; Luis Sadi Pepa; Ramón Vito Cabrera; Roberto Julio Fusco; Francisco Rolando Agostino; Raúl Guillermo Pascual Muñoz; Alfredo Oscar Arena; Carlos Javier Tamini; Federico Ramírez Mitchell; Luis Pacífico Britos y Carlos Alberto Rojas.
Durante la jornada, Arnaldo Jorge Román y Ramón Vito Cabrera, los últimos imputados que estaban en condiciones de formular sus últimas palabras en el juicio, declinaron esta mañana a ejercer este derecho ante los jueces del Tribunal Oral Federal Número 1 de San Martín.
«No voy a quitar, ni a enmendar nada. Ni a agregar nada a lo manifestado por mi defensa y por mí», declaró Cabrera, mientras que Román optó por el silencio cuando los jueces le preguntaron si quería dar su último testimonio antes de conocerse el veredicto.
La causa
Durante la dictadura, el predio de Campo de Mayo -de unas cuatro mil hectáreas- alojó prisioneros en diversos lugares: El Campito o Los Tordos, Las Casitas o La Casita; el Hospital Militar con la maternidad clandestina y la prisión de Encausados. En el alegato, la fiscal Sosti estimó que pasaron por Campo de Mayo más de 6.000 personas y el nivel de sobrevivencia fue menor al uno por ciento.
El juicio, en el que declararon un total de 765 testigos, fue una acumulación de múltiples causas que tramitaron por separado en la etapa de instrucción. Se contabilizaron un total de 350 víctimas y fueron juzgados en principio 22 acusados, de los cuales quedaron 19 al final del proceso (dos murieron por causas naturales, y uno fue separado por enfermedad irreversible), a los que se acusó por delitos de torturas, secuestros, y homicidios, así como también por allanamientos, robos agravados y abusos sexuales agravados.
En su alegato de más de 1.500 páginas, Sosti contribuyó a echar luz sobre lo sucedido en la megacausa, que «permitió poner el foco en ese territorio (Campo de Mayo) y entender el funcionamiento de forma más ampliada del sistema represivo implementado allí, y no tan recortada, como pudo haber sucedido en causas anteriores».
La fiscal indicó que los delitos cometidos se realizaron por parte de los acusados «con cada uno de ellos en particular, a cargo de diferentes funciones, contribuyendo al crimen común».
Según explicó, «en estos juicios por lo general no hay prueba directa sino que se observan distintas jerarquías (en lo delictual) que pasan por todos los actores, desde los que estaban adentro del Campito hasta los que estaban en otros estamentos».
Por otra parte, la fiscal destacó que en particular en esta causa, «se juzgó lo que pasó en el Área militar 400 e infraestructura que se desplegó en la zona Zárate y Campana, un lugar que los mismos milicos habían nombrado como la serpiente del Paraná».
Le daban ese nombre porque en ese lugar estaban ubicadas las «empresas siderúrgicas que en ese momento marcaban el perfil industrial argentino» y donde «había una clase obrera muy consciente y militante, por lo cual la represión estuvo tremendamente centrada en ese lugar».
«Empezó en Villa Constitución en el ’75 y siguió en Zárate Campana, algo de lo que da cuenta este juicio porque muestra cómo se avanzó sobre la concentración económica y fabril que existía en esos años», aseguró la fiscal.
Además, en el proceso se pudo saber «de boca de uno de los imputados que altos grados militares se juntaban con empresarios de zona norte, es decir que, a pasitos de donde se torturaba a sus obreros, los responsables de esas fábricas se juntaban con los cuadros militares».
Durante el proceso también se investigaron secuestros masivos de trabajadores, comisiones internas y delegados, entre ellos trabajadores de Dálmine Siderca, Mercedes Benz, los astilleros de Mestrina, Cadenasi, Tensa y Astarsa; ferroviarios, Frigorífico Martín Fierro, Papeleros y Gráficos, Laboratorio Nasar, Squeeb, Laboratorio Oramon, Sindicato Químico de Campana, estatales, empleados de la Salud de hospitales de Ciudad de Buenos Aires, San Miguel y San Fernando.
A lo largo del jucio murieron por causas naturales el exauxiliar de informaciones del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina, Carlos Villanova; y el exjefe de departamento de Operaciones, Guillermo Pascal Muñoz. En tanto, fue apartado por enfermedad irreversible Rodolfo Feroglio, el director de la Escuela de Caballería oficial del Ejército.