Por Mara Pedrazzoli
Las represas de Santa Cruz se convirtieron en una nueva muestra de una política que prioriza el resultado fiscal sobre la ejecución de obras públicas. Los bancos chinos que financian el proyecto giraron 150 millones de dólares a fines de diciembre para la reactivación, pero ocho meses después los recursos continúan depositados en una cuenta del Estado, sin llegar al destino para el que fueron enviados. Mientras las obras siguen paralizadas y el Gobierno nacional demora la transferencia de los fondos a la empresa constructora.
Modus operandi
La administración de Javier Milei viene acumulando recursos con destino específico y subejecutando partidas para exhibir un mayor superávit fiscal. En el caso de las obras hídricas, entre 2024 y mayo de 2026 recaudó 375.400 millones de pesos a través del Impuesto a los Combustibles que debían destinarse a infraestructura, pero ejecutó apenas 116.000 millones. El dinero restante fue colocado principalmente en instrumentos de deuda del Tesoro.
El mecanismo también alcanzó al Sistema Vial Integrado (Sisvial), que se financia con una porción del mismo impuesto y tiene por finalidad sostener la construcción, reparación y mantenimiento de las rutas nacionales. En agosto, el propio vocero oficial admitió que buena parte de esos recursos no se destinó a obras, sino a sostener el equilibrio fiscal. Una denuncia judicial estimó en más de 1 billón de pesos los fondos retenidos o derivados hacia inversiones financieras.
La situación adquiere una particularidad en el caso de las represas de Santa Cruz: no se trata de una partida presupuestaria que el Estado debía recaudar, sino de dinero que ya fue enviado desde el exterior por los financistas. Se trata de 150 millones de dólares (equivalentes a unos 222.000 millones de pesos al tipo de cambio de diciembre) que ingresaron como una señal previa a la renegociación del contrato.
El desembolso está fechado el 29 de diciembre de 2025 por el China Development Bank, el ICBC y el Bank of China. De acuerdo con la información publicada por El Post Energético, el dinero quedó inmovilizado en las cuentas públicas y solo habría habido desembolsos mínimos para cubrir gastos menores. Una fuente vinculada al proyecto aseguró a ese medio que los fondos permanecen en el banco y generan intereses, mientras las obras no reciben recursos.
La transferencia formaba parte de las condiciones necesarias para permitir la reanudación de los trabajos. En enero, se informó que 136 millones de dólares habían ingresado al país, mientras los 14 millones restantes permanecían en China para el pago directo de equipamiento y maquinaria.
Una negociación larga y complicada
La renegociación del contrato finalmente se cerró en marzo, después de una disputa que acumulaba reclamos millonarios. Según reconstruyó El Post Energético, las empresas constructoras reclamaban compensaciones por los períodos en los que las obras estuvieron detenidas durante la pandemia y por los perjuicios derivados de un deslizamiento ocurrido durante la construcción de la represa Néstor Kirchner, la más grande y también la más atrasada del complejo.
El contratista había acumulado reclamos por más de 700 millones de dólares, mientras que hasta entonces se habían ejecutado obras por unos 1.800 millones. Para destrabar la situación, Enarsa y la Unión Transitoria de Empresas (UTE) acordaron modificar el contrato original.
La nueva adenda estableció un reconocimiento de aproximadamente 259,6 millones de dólares a favor de la UTE. A cambio, las constructoras se comprometieron a renunciar a futuras demandas judiciales por hechos anteriores a julio de 2025, una vez que el Estado completara el pago de esa compensación.
El entendimiento fue presentado por el Gobierno como el paso definitivo para reactivar la obra. En marzo, Economía anunció que la prioridad sería la represa Jorge Cepernic, porque tenía un avance del 46% y podría finalizarse en 2030. La central tendría una potencia instalada de 360 MW para aportar 1.860 GWh anuales al sistema eléctrico.
Pero entre el anuncio y el reinicio efectivo de las obras volvió a abrirse un abismo. El financiamiento está disponible, el contrato fue renegociado y, sin embargo, el dinero continúa retenido.
Las represas sobre el río Santa Cruz permanecen quietas desde fines de 2023. Solo se realizan tareas mínimas de mantenimiento y seguridad. La reanudación requiere, además, reconstruir equipos de trabajo, ya que buena parte de los afectados abandonaron la provincia o consiguieron otros empleos.
El Gobierno había prometido que las tareas comenzarían después de la veda invernal, cuando las condiciones climáticas lo permitieran, pero no se observan movimientos de puesta en marcha.
Fuente: P12