La Legislatura del Chubut sancionó por amplia mayoría la ley que prorroga la eximición del cobro del impuesto inmobiliario a los establecimientos ganaderos productivos ubicados en Chubut y fuera de los ejidos municipales, durante el período fiscal 2026.
La ley prevé que los pagos que hubieran realizado los contribuyentes alcanzados en este período 2026 serán imputados como pagos a cuenta del gravamen 2027 y, de existir remanente, los períodos fiscales subsiguientes.
La normativa establece que también se prorrogan los vencimientos del impuesto inmobiliario correspondientes a los períodos 2023 y 2024, ubicados dentro del Chubut y fuera de ejidos municipales, y que son alcanzados por este beneficio.
Al fundamental la iniciativa del Ejecutivo, el diputado Leonardo Bowman (Despierta Chubut) enfatizó que “tiene como finalidad eximir del pago del impuesto inmobiliario correspondiente al período fiscal 2026 a aquellos inmuebles afectados directa y exclusivamente a la actividad ganadera, que estén en el ejido provincial y que no se encuentren dentro de ejidos municipales”.
“Esta medida es muy importante, sobre todo para el interior de nuestra provincia, dado que llega directamente a pequeños y medianos productores, que son los que menos posibilidades económicas tienen, no solamente para sobrellevar esta crisis que atraviesa el sector, sino también, y mucho más, para hacer frente a las cargas impositivas”, resaltó.
El presidente del bloque Despierta Chubut, Daniel Hollmann, hizo frente a críticas de la oposición y defendió el rumbo de las políticas del Gobierno provincial.
“Lo más importante es a quiénes están orientados: de los 8.000 establecimientos, casi el 90% son pequeños y medianos productores. Medianos y pequeños productores que nunca fueron atendidos por las gestiones anteriores, ni provinciales ni nacionales”, respondió Hollmann a las críticas.
La oposición reclamó medidas para atender la crisis del campo
Por su parte, la diputada de Arriba Chubut, Vanesa Abril, si bien acompañó el proyecto, también expuso sus reparos respecto de las políticas productivas que lleva adelante el Gobierno.
“Es un sector (el campo) que está pidiendo respuestas del Estado provincial hace un tiempo y que durante los últimos días fue agenda incluso hasta del gobernador. De hecho, ingresó a la Legislatura una nota de la Federación de Sociedades Rurales pidiendo una reunión ante la difícil situación que atraviesa el sector”, observó.
“Y si bien este puede ser un paliativo, es un paliativo que ya tenían, con lo cual lo que están solicitando también desde el sector son nuevas medidas, o al menos respuestas que los atiendan”, recalcó.
El presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, cuestionó que el Gobierno “no tiene una política productiva: el síntoma que delata esta cuestión es que hayan pasado cuatro ministros en casi tres años de Gobierno sin pena ni gloria; es un Gobierno que corre al compás de la presión que ejercen los grupos afectados que cada vez son más nuestra provincia”.
Y recordó: “Hace un año y medio, en marzo del 2025, presenté un proyecto para promocionar y desarrollar la acuicultura como política de Estado; mientras que Río Negro y Neuquén producen más de 14 mil toneladas anuales de salmónidos, acá ni siquiera fue puesto en el orden del día”.
“Me parece razonable que, en este contexto de crisis severa de los productores, se promueva alguna cuestión de alivio fiscal; pero merece un llamado de atención que coordinen quiénes son los voceros del Gobierno”, indicó.
Norma Arbilla, del mismo bloque, pidió al Gobierno mayores certezas respecto del modelo productivo del campo. “Cuando no se definen las líneas de acción concretas y no se define hacia cuál es el rumbo que queremos llevar, pasa esto. Entonces la cuestión es: pensemos hacia dónde queremos ir como provincia. ¿Cuál es el futuro de los pequeños productores, de los productores agropecuarios?”, se preguntó.
Apoyos y rechazos
Por su parte, la diputada de Primero Chubut-CET Tatiana Goic justificó su rechazo al considerar que la ley no deja en claro una serie de puntos referidos a los beneficiarios de estas medidas.
“¿Quiénes son esos contribuyentes a los que se los exime de impuestos hace más de dos décadas? ¿Quiénes son los verdaderos dueños de esta tierra? Esos grandes terratenientes que, encima, y esto lo digo con muchísimo dolor, incumplen con toda la legislación laboral”, inquirió.
“No son pocas las noticias donde encuentran a trabajadores hacinados, viviendo peor que animales, y nunca se los encuentra y nunca se los castiga por semejantes atrocidades. Entonces, como no tengo en claro quiénes son esos beneficiarios, y como en esta provincia la sábana es muy corta, me parece que hay otros sectores que merecen este tipo de beneficios”, justificó su negativa.
Por el contrario, Mariela Willliams, del mismo bloque, marcó su apoyo al proyecto. “La gente de campo viene castigada hace muchísimos años por diferentes cuestiones: sequías, cenizas, nevadas extraordinarias, depredadores, plagas, más el valor de la lana, que hace años está muy por debajo de lo necesario para que los campos subsistan”, explicó.
“Entiendo que esta medida no es más que una curita, pero entre varias curitas podemos llegar a hacer una gasa importante que cubra parte de la herida y que ayude al campo a salir adelante”, enfatizó.
A su turno, Andrea Toro, del Pich, marcó su rechazo al proyecto al entender que no queda del todo claro el criterio por el cual se establecerán los beneficiarios de las exenciones impositivas.
En la misma línea, Juan Aquino, del Frente de Izquierda, se opuso a la iniciativa del Gobierno al considerar que, a su modo de ver, los pequeños productores más castigados no están siendo alcanzados por estas políticas.
Fuente: Legislatura del Chubut