Por Mario Hernandez
Fuentes: Rebelión
El personal docente y no docente de las universidades públicas comenzará el miércoles un nuevo paro por 72 horas para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial del 33,4%. Mentras tanto, el juez Cormick le dio un nuevo plazo de cinco días al Estado nacional para que cumpla con la ley de Financiamiento Universitario, que Milei insiste en ignorar. Paro en PBA por violencia en las escuelas y reclamo salarial.
La medida fue votada por la CONADU y la CONADU Histórica, dos de las federaciones docentes más grandes del país, que se suma a los diversos planes de lucha que organizaron la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUM) con paros regionales, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), el Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Feduba) y con la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), que permanecen con un esquema de paros por 24 horas en cada una de las sedes.
Asimismo, el jueves se realizó un abrazo simbólico en la Facultad de Medicina como una “acción de visibilidad”. También se organizó una radio abierta y actividades participativas para los ciudadanos.
El reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario comenzó a finales del año pasado, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó acciones de amparo debido a que el Poder Ejecutivo no ponía en práctica la norma bajo el argumento sobre falta de fondos, que aún mantiene.
Las medidas de fuerza de la semana pasada son la antesala de lo que será la 5ª Marcha Federal Universitaria programada para el próximo jueves 15 de octubre.
La Justicia intimó al Gobierno
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 volvió a intimar al Gobierno de Javier Milei para que cumpla con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU).
En una resolución firmada el miércoles, el juez federal Martín Cormick le dio cinco días de plazo al Estado Nacional para que cumpla con la medida cautelar dictada por él en diciembre pasado, que ordena la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y la recomposición de los programas de becas estudiantiles, “bajo apercibimiento de astreintes”, es decir, de multas.
El pasado 22 de septiembre, Cormick ya había intimado al Gobierno de Milei-también dándole un plazo de cinco días para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Ante esa primera intimación, el Gobierno presentó un pedido de revocatoria, que fue rechazado el miércoles.
La medida cautelar para que el Gobierno pague lo adeudado fue dictada por Cormick el 23 de diciembre del año pasado. La decisión del juez fue confirmada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y ratificada por la Corte Suprema el 25 de junio pasado.
Docentes bonaerenses
El miércoles, luego de un nuevo hecho de violencia, las conducciones del Frente de Unidad Docente se vieron obligadas a convocar al paro para el 1° de octubre. La lista Multicolor ya había convocado a la medida, a partir de asambleas y mandatos de escuela. Es necesario imponer un plan de lucha frente a la miseria salarial y falta de respuesta del gobierno provincial de Kicillof en las paritarias, el endeudamiento y las situaciones de violencia en las escuelas.
Las y los trabajadores de la educación vienen protagonizando importantes muestras de descontento y movilización frente a una situación salarial y educativa que se vuelve cada vez más difícil de sostener.
Los paros y las convocatorias impulsadas por la Multicolor son un canal de expresión de un descontento que también aparece por diferentes vías en los distritos. En La Plata se realizó una importante movilización al Banco Provincia contra el creciente endeudamiento docente y las tasas que golpean nuestros salarios.
Mientras tanto, distintas situaciones de violencia en las escuelas dieron lugar a medidas de fuerza y movilizaciones en Ensenada, San Miguel, Hurlingham, Almirante Brown y Florencio Varela.
Luego de los graves hechos de violencia contra los docentes de la EP Nº 13 de Ensenada, la exigencia de asambleas y de una medida de fuerza se impuso desde abajo. Tras el paro de 36 horas, y en el marco de una movilización de más de 300 maestras y profesores, la Lista Multicolor que es segunda minoría en el distrito y cuenta con la fuerza de los delegados en las escuelas, realizó una asamblea en la que quedó planteado que la respuesta no podía terminar allí.
Por eso, el lunes pasado desde la Multicolor y ante la ausencia de convocatoria por parte de la conducción Celeste se impulsaron asambleas zonales abiertas a la comunidad educativa con más de 400 docentes, con suspensión de clases, para debatir colectivamente las demandas necesarias frente a estas situaciones: presupuesto, creación de cargos, jornadas institucionales y protocolos efectivos de resguardo para docentes y estudiantes. No alcanza con actuar después de cada hecho de violencia. Necesitamos recursos y políticas que permitan intervenir integralmente antes que las situaciones lleguen a esos extremos.
Frente a la masividad de las medidas que se vienen sosteniendo durante todo el año, convocadas con mandatos de escuelas, impulsados por las seccionales de conducción Multicolor y la oposición en casi 100 distritos; la respuesta del gobierno Provincial en lugar de hacerse eco de los reclamos y la insostenible situación de miseria salarial y falta de recursos en las escuelas, responde castigando a la docencia con descuento que promediaron $ 85.000 en los últimos recibos. Según el relevamiento impulsado desde la Multicolor sobre 9.327 casos, los descuentos podrían haber representado 2,5 veces el “aumento” otorgado en agosto.
Unificar las luchas
Más del 80% de la docencia son mujeres, muchas sostén de hogar, por lo que los descuentos tienen un impacto directo en el marco de magros salarios, a lo que responde el efecto disciplinador que pretende tener esta medida del gobierno provincial. En momentos en los que el gobierno nacional se embandera atacando el derecho a huelga, Kicillof elige seguir ese camino.Por eso necesitamos fortalecer la organización desde abajo y construir medidas cada vez más masivas.
Este escenario se desarrolla mientras el gobernador Axel Kicillof busca proyectarse políticamente a nivel nacional. Su reciente viaje a Nueva York incluyó reuniones con empresarios y representantes de fondos de inversión. Busca mostrarse potable para el establishment.
En la Provincia de Buenos Aires la miseria salarial, la precarización son moneda corriente. Mientras una maestra tiene que endeudarse para llegar a fin de mes y en muchas familias se decide qué gasto básico se puede pagar y cuál debe postergarse, no podemos aceptar que la respuesta sea esperar al 2027.
Para enfrentar las políticas del gobierno nacional de Javier Milei y, al mismo tiempo, reclamar al gobierno provincial de Kicillof respuestas en salarios, presupuesto educativo y condiciones de trabajo, necesitamos fortalecer la organización de las escuelas y la coordinación provincial.
Las y los docentes no pueden esperar un recambio electoral mientras sus salarios pierden poder adquisitivo, aumenta el endeudamiento y las condiciones en las escuelas son cada vez peores. Tienen la posibilidad de llevar esta pelea a cada escuela y barrio, organizando asambleas o comisiones junto con familias, estudiantes y auxiliares que también vienen sufriendo la miseria salarial y van al paro el próximo 7 de octubre que será en los hechos la continuación del paro del 1/10.
La fuerza está en las escuelas. Organicemos esa bronca, transformémosla en mandatos y construyamos desde abajo un nuevo paro provincial.