Las empresas de medicina prepaga deberán volver a someter los aumentos de sus cuotas al control de la Superintendencia de Servicios de Salud, después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara inconstitucionales dos artículos del decreto de necesidad y urgencia 70/2023.
La decisión, conocida este jueves 19 de noviembre, modifica el esquema de desregulación que permitía a las empresas establecer los valores de sus planes sin autorización previa del organismo estatal.
El fallo restablece las facultades de la Superintendencia para revisar, fiscalizar y autorizar los incrementos, que deberán estar justificados por variaciones en los costos de las prestaciones y criterios actuariales razonables.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
EL DATO. La causa la inició una afiliada cuya cuota aumentó un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024; con el sistema anterior, el Ministerio de Salud había previsto para enero de 2024 una actualización del 6,26%. La Corte tiene pendientes cerca de 500 causas similares.
| Punto | Qué dice el fallo |
|---|---|
| Aumentos | Vuelven al control de la Superintendencia de Servicios de Salud, que debe autorizarlos, revisarlos y fiscalizarlos |
| Justificación | Los incrementos deben responder a variaciones de costos de las prestaciones y a criterios actuariales razonables |
| Tope por inflación | Rechazado: la Corte no admitió que las cuotas se actualicen automáticamente según el Índice de Precios al Consumidor |
| Porcentaje máximo | No se fijó un límite general de aumento para todos los planes |
| Cuotas ya pagadas | Sin devolución automática: cada reintegro depende del expediente y de la Justicia |
| Alcance | Sólo los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023; el resto del decreto sigue vigente |
Qué cambia para quienes tienen una prepaga
La principal consecuencia es que las empresas ya no podrán fijar unilateralmente los aumentos de sus cuotas sin intervención de la autoridad de aplicación, según el alcance del fallo informado.
La Superintendencia de Servicios de Salud deberá volver a evaluar las modificaciones tarifarias y controlar que los incrementos respondan a los criterios establecidos por la normativa.
Esto no significa que las cuotas quedarán congeladas ni que los aumentos estarán prohibidos. Las empresas podrán solicitar modificaciones en sus valores, pero deberán justificar los incrementos y someterlos al control estatal.
Tampoco se estableció un porcentaje máximo de aumento para todos los planes.
El caso de una afiliada que recibió un aumento del 110%
La decisión de la Corte se originó en una demanda presentada por una afiliada cuya cuota de medicina prepaga aumentó un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.
El incremento se produjo después de la entrada en vigencia del DNU 70/2023, que modificó el régimen de regulación de los precios.
Como referencia, bajo el sistema anterior, el Ministerio de Salud había previsto para enero de 2024 una actualización del 6,26%.
El expediente llegó a la Corte Suprema después de que la Cámara Federal de La Plata resolviera sobre la constitucionalidad de los artículos cuestionados. Tanto la empresa demandada como el Estado nacional presentaron recursos.
El máximo tribunal confirmó parcialmente la sentencia y declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del decreto.
¿Las cuotas deberán aumentar según la inflación?
No. La Corte rechazó que los incrementos deban quedar automáticamente limitados al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En este punto, revocó la parte de la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había establecido ese parámetro para los aumentos.
La resolución distingue entre dos cuestiones: la obligación de someter los incrementos al control estatal y la posibilidad de establecer un límite tarifario basado exclusivamente en la inflación.
El tribunal restableció las atribuciones regulatorias de la Superintendencia, pero no fijó un mecanismo general de actualización de cuotas vinculado al IPC.
Qué puede pasar con los aumentos que ya se pagaron
El pronunciamiento también puede tener consecuencias sobre los reclamos judiciales relacionados con los incrementos aplicados desde la entrada en vigencia del DNU.
Según la información difundida sobre la resolución, la Corte tiene pendientes cerca de 500 causas similares.
El criterio adoptado podría ser considerado por otros tribunales que deben resolver demandas de afiliados contra empresas de medicina prepaga.
Sin embargo, el fallo no dispone una devolución automática y generalizada de los aumentos que ya fueron abonados.
Los eventuales reintegros dependerán de las circunstancias de cada expediente y de las decisiones judiciales correspondientes.
Por qué la Corte declaró inconstitucionales los artículos del DNU
El tribunal examinó si el Poder Ejecutivo había acreditado las condiciones excepcionales necesarias para modificar por decreto el sistema de control de las cuotas.
La Constitución Nacional permite dictar decretos de necesidad y urgencia únicamente cuando existen circunstancias que impiden seguir el procedimiento ordinario de sanción de leyes o cuando la urgencia exige una respuesta incompatible con los tiempos del Congreso.
Según la resolución, el Gobierno no había justificado suficientemente esas condiciones para eliminar la intervención estatal en los precios de la medicina prepaga.
La Corte consideró que las referencias a la crisis del sistema de salud y a la necesidad de aumentar la competitividad no demostraban, por sí solas, la urgencia requerida constitucionalmente.
El fallo también aclaró que la declaración de inconstitucionalidad se limita a los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 y no constituye un pronunciamiento sobre el resto del decreto.
De esta manera, el máximo tribunal restableció el marco de control estatal sobre los aumentos de la medicina prepaga, aunque sin determinar un porcentaje máximo de incremento ni resolver de forma general los reclamos por cuotas abonadas anteriormente.
