Por Mario Hernandez
Fate cumplió 90 días de lucha. Trabajadores de Arsat contra el congelamiento salarial y el desguace. Nueve muertes obreras en Vaca Muerta. El Garrahan sigue luchando. La UCA dio a conocer un estudio sobre la situación de los jóvenes. Lanzan paros regionales del FRESU. Actos por despidos en Will Der. Paro general petrolero en Santa Cruz y metalúrgico en Tierra del Fuego. ATE rechazó propuesta salarial. Paro del personal civil de las FF AA. Causa penal contra trabajadores del Subte por «asociación ilícita». Carrefour y Autofarma despiden en Río Gallegos (Santa Cruz), Movilización y paro docente en PBA. Muere en Corrientes líder contra cierre de Alal. Quiebra fábrica en Córdoba. Y la única fábrica de aviones al borde del concurso. Podría concluir el conflicto en la Justicia cordobesa. Trabajadores no médicos de Coseme (Córdoba) de paro. Suspensiones en Pauny. El Hípermercado Libertad cierra en Mendoza y Godoy Cruz.
Los trabajadores de FATE realizaron un festival en Plaza de Mayo
A seis meses del cierre de FATE, realizaron un festival en Plaza de Mayo para insistir en la continuidad de los puestos de trabajo. Capturas de Video
A más de seis meses de la decisión del empresario Javier Madanes Quintanilla de cerrar las puertas de la fábrica de neumáticos FATE y dejar a 920 trabajadores en la calle, los trabajadores despedidos junto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna) realizaron un festival en Plaza de Mayo para insistir en que se garantice la continuidad de los puestos de trabajo, poner fin al lock out empresarial y lograr la reapertura de la planta.
Los trabajadores del neumático fueron acompañados en Plaza de Mayo por gremios como Suteba Tigre, GPS-Aerolíneas y distintos agrupamientos de jubilados y jubiladas en un festival que contó con la participación de las bandas Horcas y Las Manos de Filippi.
“Hay que confiar en la fuerza de los trabajadores, por eso es indispensable salir a la calle, llamar a la coordinación de todos los sectores y dar una pelea denunciando el lock out y por la reapertura de la planta”, sostuvo, en Plaza de Mayo, el operario Sebastián Tesoro, uno de los que sostiene la ocupación pacífica dentro de la empresa de Madanes Quintanilla.
“Estamos en el acampe, dentro de la fábrica, sosteniendo la pelea por los puestos de trabajo. Es importante la confianza en nuestra propia fuerza. Si la Justicia no nos da la razón, si la Legislatura no quiere atender nuestro reclamo, tenemos que tomarlo los trabajadores en nuestras manos”, sostuvo .
Entre los 920 trabajadores despedidos en febrero pasado, cuando algunos de ellos regresaban de vacaciones, estaba Cristian, quien trabajó 17 años en la empresa y después de meses consiguió otro empleo como repartidor de agua. “Yo tengo fe en que vamos a lograr que la fábrica vuelva a abrir, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados, la vida me enseñó a trabajar”, comentaba.
Cristian relató lo que significó perder todos los beneficios de estar con un empleo en blanco, entre ellos una obra social para toda su familia, y lamentó la actitud de la empresa Madanes Quintanilla: “Da bronca que una fábrica como esta haga un lock out patronal y cierre por interés propio, porque son tipos muy poderosos, nuestros salarios son migajas para ellos”.
Los trabajadores de Fate enfrentan procesamientos por “usurpación” por mantener la ocupación de la fábrica en resguardo de la maquinaria y las más de 50 mil cubiertas que quedaron sin vender en stock. También consiguieron fallos favorables de la justicia en contra de la orden de desalojo y por el reconocimiento de sus salarios caídos. En tanto, esperan que el parlamento bonaerense trate un proyecto de ley a favor de la ocupación temporal de la planta.
Los trabajadores del Sutna, encabezado por Alejandro Crespo, sostienen que Fate no era cualquier fábrica, sino la única fabricante de neumáticos para camiones y colectivos del país, por lo que su cierre también implica una cuestión de soberanía para la logística del país.
En el reclamo que sostienen hace más de seis meses, lograron la adhesión de otros gremios enrolados en la CGT, las CTA y el Fresu, como también de los trabajadores informales enrolados dentro de la UTEP.
Acompañaron al SUTNA: Consejo Directivo CGT – CTA Autónoma (Cachorro Godoy) – CTA de los Argentinos (Hugo Yasky) – FRESU – PSC (Plenario del Sindicalismo Combativo) – Rodolfo Aguiar, ATE Nacional – Daniel Yofra, ACEITEROS – Pablo Biró, ASOCIACIÓN DE PILOTOS – Pablo Moyano, CAMIONEROS – Laura Carboni, AGD UBA – Rubén (Pollo) Sobrero, Unión Ferroviaria Haedo – Romina Del Plá, Secretaria General SUTEBA La Matanza – SUTEBA Tigre – Soledad Mosquera, Secretaria General de Ademys (CABA) – Franco Boczkowski, Secretario General Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) Capital – Alejandro Lipcovich, Secretario General Junta Interna ATE Hospital Garrahan – Carolina Goycochea, Secretaria General del SAE (La Rioja) – Adriana Astolfo, Secretaria Adjunta Asociación Docente de Santa Cruz (ADOSAC) – Miguel Del Plá, Secretario Administrativo ADOSAC Provincia – Micaela Marota, Secretaria Gremial Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) – Federico Wagner, Secretario Gremial de Media, Adultos, Especial y superior UEPC Capital (Córdoba) – Pablo Almeida, Delegado General ATE Ministerio de Economía y dirigente de la corriente sindical A Luchar Capital – Norberto Calducci, Secretario Adjunto ATEN Plottier – Pablo Eibuszy miembro CD de FOETRA Sindicato Bs. As.- María del Carmen Díaz, Secretaria General Sindicato de Trabajadoras/es de Casas Particulares (SiTraCP) – Sebastián Rodríguez, Secretario General Comisión Interna Gráfica de Anselmo Morvillo (ocupada por sus trabajadores), entre otros.
Compartimos comunicado del SUTNA:
LOCK OUT DE MADANES QUINTANILLA EN FATE
La Cámara de Apelación reafirma y sentencia que deben pagarse todas las quincenas pendientes a los trabajadores (que son de mínimo 6 y hasta 9 quincenas), reafirma que los despidos no podían llevarse a cabo, pero se limita a opinar solo hasta el 1º de julio, por el alcance de la cláusula de prohibición de todo despido sin causa.
Ahora, el SUTNA y los trabajadores exigimos el pago inmediato y continuamos con la presentación del amparo por nulidad de despidos y continuidad laboral, que tiene como argumento irrefutable el Procedimiento Preventivo de Crisis, donde la patronal de FATE no comunicó la pretensión de realizar la medida de despidos masivos tal como exige la ley en Argentina. Por lo que reclamamos a la justicia que ahora, en este expediente sin límite alguno, se falle en favor de los trabajadores y como medida cautelar se continúe pagando los salarios que tienen carácter alimentario a todos los trabajadores mientras dure este proceso judicial.
La sentencia de la paga de salarios, dictada por la justicia, muestra a las claras el carácter de lock out. Esta injusticia debe terminar de inmediato, seis meses de lucha así lo demandan y los tiempos de la justicia no deben imponerse sino la clara razón de los trabajadores.
La Dra. Andrea E. García Vior dijo: “Dadas las especiales particularidades de la causa y el modo de entablarse la contienda, adheriré en el caso a la solución propiciada en el voto antecedente, sin que ello implique en modo alguno sentar posición definitiva sobre el eventual conflicto subsistente entre las partes”.
Ahora, ante este nuevo planteo, los jueces tienen la oportunidad de pronunciarse en forma definitiva en favor del justo reclamo de los trabajadores.
Este miércoles 26 de agosto, todos a Plaza de Mayo.
¡FATE NO SE CIERRA!
Documento de la UCA sobre los jóvenes
Casi 7 de cada 10 jóvenes entre 18 y 25 años se encuentran inactivos, desempleados o en la informalidad laboral, mientras 1 de cada 5 no estudia ni trabaja, de acuerdo con un relevamiento del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), perteneciente a la Universidad Católica Argentina (UCA) .
El documento «Juventudes desiguales: entre la promesa y la exclusión» enfatiza que la problemática trasciende la mera búsqueda de un puesto de trabajo. «El problema juvenil no es solo acceder a un trabajo, sino lograr una inserción estable y protegida. Solo el 14,2% de los jóvenes accede a un empleo pleno de derechos», advierte el Observatorio.
El mapa de la inserción laboral juvenil muestra un escenario fragmentado:
-Empleo pleno de derechos: alcanza apenas al 14,2%.
-Empleo irregular y desempleo reciente: representa el 22,5% de los casos.
-Desempleo de larga duración (más de seis meses): involucra al 10,7%.
-Inactividad: afecta al 36,6% del total.
«Las desventajas laborales aumentan al descender en la escala social: cae el empleo regular y crecen el empleo irregular y el desempleo prolongado», señalan desde la UCA.
Al analizar los extremos de la estructura social, los datos reflejan la magnitud de la brecha: el empleo regular cae prácticamente a la mitad, pasando del 38,9% en el estrato medio alto a tan solo el 19,7% en el estrato muy bajo.
En la misma línea, el desempleo de larga duración se triplica al bajar en la pirámide socioeconómica (del 5,2% al 14,9%), al tiempo que las inserciones precarias pasan del 11,6% en el sector medio alto al 30,6% en los sectores de menores recursos.
Estudio y trabajo: una combinación desigual
La dinámica entre la formación académica y el ingreso al mercado de trabajo expone trayectorias sumamente dispares según el origen social de los hogares. Del total de la población juvenil analizada, el 26,6% se dedica exclusivamente a estudiar, casi 4 de cada 10 (39,7%) trabajan sin estudiar —de los cuales un 22,9% lo hace en empleos regulares y un 16,8% en empleos irregulares—, y solo un 13% logra sostener ambas actividades en simultáneo.
«A medida que disminuyen los recursos del hogar, pierde peso el estudio y aumenta la inserción laboral irregular y la desvinculación», subraya el informe. Mientras que en el estrato medio alto el 41,2% de los jóvenes puede abocarse únicamente a sus estudios universitarios o terciarios, en el estrato muy bajo esa cifra se desploma al 15,6%. Paralelamente, el trabajo informal no acompañado de formación educativa trepa de un marginal 4,9% en la clase media alta a un 26,8% en la base de la escala social.
El fenómeno de la desvinculación total
Uno de los puntos más críticos expuestos por la UCA es la consolidación de un núcleo duro de jóvenes totalmente excluidos de las esferas formativas y productivas. «Uno de cada cinco jóvenes está desvinculado del estudio y del trabajo», es decir, un 20,7% del total general.
Sin embargo, el informe deja en claro que la inactividad no puede ser leída como un fenómeno homogéneo: «La inactividad requiere una lectura específica: puede expresar dedicación al estudio o, por el contrario, desvinculación educativa y laboral, situaciones que presentan una fuerte diferenciación social».
En efecto, el análisis condicional muestra que «la desvinculación educativa y laboral es más de cuatro veces mayor en el estrato muy bajo que en el medio alto». La brecha alcanza niveles dramáticos al observar que el 34,2% de los jóvenes pertenecientes al estrato socioeconómico muy bajo no estudia ni trabaja, en marcado contraste con el 8,3% registrado en los sectores de mayores ingresos.
Sindicato de Telecomunicaciones y trabajadores de Arsat marcharon contra el congelamiento salarial y el desguace
El miércoles, delegados de Foetra y trabajadores de Arsat se movilizaron hacia la Jefatura de Gobierno para reclamar por los atrasos salariales acumulados en los últimos cuatro meses. Desde que el Presidente Javier Milei asumió, los salarios de los empleados de la empresa estatal de telecomunicaciones están congelados. Aunque se logró un pago inicial, después el gobierno frenó los pagos.
El conflicto expone que mientras los trabajadores de telecomunicaciones bajo convenio de FOETRA recibieron los aumentos pactados, el gobierno incumple los aumentos para los trabajadores de ARSAT que también se encuentran bajo convenio de ese gremio y los últimos meses ni siquiera recibieron el aumento que sí habían recibido trabajadores estatales aunque corresponde el aumento de FOETRA.
Detrás del conflicto salarial está la política de desguace de Arsat que el gobierno nacional impulsa. El plan es privatizar la conectividad a través de negocios con Starlink para 6.000 escuelas rurales, generando un aumento en ese servicio desproporcional al que podría brindar la empresa estatal que se equipara en calidad del acceso a internet. Este es el contexto en el cual desarrollan la movilización.
Previo a la movilización, el Sindicato de las Telecomunicaciones FOETRA realizó un plenario de delegados. Allí, Soledad Domenichetti, miembro de la lista Violeta por la oposición en el gremio, intervino planteando la solidaridad con «los compañeros de Gesnext y Arsat. Contra el congelamiento salarial, el desfinanciamiento y la desinversión de Arsat. Vamos por la defensa de la soberanía satelital, de la ciencia y de la técnica que el gobierno de Milei viene atacando. En defensa de las condiciones y los puestos de trabajo ante la fusión de Telecom Personal y Telefónica Movistar». Asimismo, aseguró que hay que ir por una gran movilización del conjunto del gremio, que unifique todas nuestras peleas».
En lo que va del año se registraron nueve muertes obreras en Vaca Muerta
Por Amelia Robles
La siniestralidad vial es uno de los puntos más críticos y en ascenso. Detrás de los récords de producción de la Cuenca Neuquina hay cientos de trabajadores dejando su salud. Mientras la flexibilización laboral aumenta, las muertes en rutas ya implican el 57 % de la accidentabilidad laboral.
El tránsito por las rutas provinciales 7, 17, 5 y accesos a yacimientos se ha consolidado como el riesgo más letal para las y los trabajadores. Si bien no hay una base de datos ni información de acceso público para poder hacer una trazabilidad, accedimos a un registro que contabiliza 8708 accidentes e incidentes en la provincia de Neuquén, desde el 2018 hasta el año pasado.
De este año podemos decir que, en una ventana temporal de 88 días -comprendida entre el 17 de abril y el 13 de julio de 2026-, en Vaca Muerta se registraron 7 hechos fatales y directamente no hay datos sobre la accidentabilidad por caída de herramientas, maniobras riesgosas y no se cuenta con un registro de la cantidad de trabajadores con lesiones de leves a graves, operarios amputados, y/o que quedan con alguna incapacidad.
Llegaron a suceder tres muertes obreras en una semana durante el mes de mayo y, lamentablemente, engrosaron las estadísticas dos nuevas muertes obreras ocurridas ayer y la semana pasada una trabajadora herida de la que prácticamente nadie habló. Esto encendió las alarmas a pesar de que le quieran poner paño frío desde la conducción gremial y las empresas con la venia del Gobierno.
La situación genera preocupación y bronca por abajo y pone en cuestión problemas estructurales como los protocolos de Higiene y Seguridad Laboral, el paupérrimo estado de las rutas, la precariedad en el mantenimiento vehicular de contratistas, la saturación vial estructural de la Cuenca Neuquina, la falta de controles y el riesgo a la vida de los trabajadores que implica la exigencia extrema, que imponen los esquemas de producción y trabajo de -¡todavía más!- alta intensidad.
En marzo el gremio realizó un paro por un accidente con amputación, pero en julio firmó junto con las cámaras empresarias un nuevo esquema de incentivos a la productividad. A la par que se registraron varios accidentes con trabajadores heridos, incluido el estallido de la Batería I en El Trapial el pasado 10 de agosto que implicó el traslado de tres operarios heridos.
El 17 de abril se produjo el hallazgo sin vida de José Petit, de 51 años, en las instalaciones del campamento del yacimiento La Calera. Realizaba tareas para Transbox, contratista de Pluspetrol.
El 30 de abril, Fabián Montero de 53 años, trabajador de ENSI falleció en un choque frontal mientras era trasladado a un acto del sindicato, en la ruta 17 acceso Buena Esperanza.
El 15 de mayo Darío Ruiz, trabajador de Aesa (convenio UOCRA) murió por aplastamiento en maniobra de izaje/montaje en el yacimiento Barrosa – La Angostura Sur. El cuerpo de Darío fue encontrado después de un día.
El 20 de mayo, Sergio Samchuk 47 años, y Gastón Andrade de 40 años, fallecieron por la explosión de un camión cisterna durante tareas de mantenimiento.
El 14 de junio, Francisco Purrán, trabajaba en una empresa de servicios petroleros. Falleció en un choque en cadena.
El 8 de julio Marcelo García, operario de Weatherford sufrió un choque frontal en la ruta 5. Falleció cinco días después.
El 25 de agosto YPF informó que se registró un incidente en el Bloque Rincón del Mangrullo, operado por YPF en la provincia del Neuquén. Una gravísima explosión se produjo a 50 kilómetros de la localidad de Añelo. Fallecieron dos trabajadores, Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre.
Los primeros informes emitidos por YPF y averiguaciones propias con fuentes relacionadas a organismos de fiscalización, establecen que la trazabilidad del accidente fue por “mecánica de presión”. Todo comenzó en una planta separadora de gases (USP2), en la que se provoca la separación del gas a una presión muy elevada antes de enviarlo al gasoducto. Por esas plantas pasan caños de 35 centímetros de diámetro y unos 12,7 mm de espesor de pared. Justo se reventó donde el caño entra a lo que se conoce como “trampa receptora”, la pieza donde se recibe el smart pig que se usa para limpiar o inspeccionar el interior de las cañerías. La descompresión fuerte, al reventar bajo presión, libera todo el gas comprimido de golpe. Esto fue lo que hizo volar un trozo de metal a muy alta velocidad. Las presiones hidrostática o neumática empujaron al proyectil a través de la tubería como si fuera un pistón flotante.
Por las condiciones geológicas de la cuenca, todo el gas de la formación Vaca Muerta contiene ácido sulfhídrico. Ese H2S ataca el hierro de las cañerías por dentro y va formando depósitos de sulfuro de hierro. Este compuesto, FeS, es conocido como Pirofórico porque tiene la capacidad de encenderse espontáneamente al entrar en contacto con el oxígeno. Cuando se habla de un accidente por una reacción química -por ejemplo en maniobras de limpieza de baterías- se produce porque el depósito acumulado en el interior del caño queda expuesto al oxígeno y es este el motivo por el que casi siempre las muertes obreras en Vaca Muerta son consecuencia de explosión y/o rotura mecánica. El mismo mecanismo de corrosión por H2S que generan estos depósitos adelgaza la pared del caño con el tiempo, lo que provoca la rotura mecánica por presión. Por eso es una canallada cuando dicen que los accidentes se producen por malas maniobras, errores humanos o impericia. Todo el proceso es un riesgo permanente, donde la presión hidrostática, la voladura de herramientas de grandes dimensiones, la caída libre de piezas de la torre en la zona del enganchador, las reacciones químicas en cadena, los blowouts, etc, son trampas mortales cada día.
A continuación compartimos algunas impresiones de un especialista en seguridad y control de pozos.
Muertes evitables, crímenes sociales y responsabilidad empresarial
Cada muerte obrera expone las condiciones de degradación de las rutas, de la habitabilidad, de las extenuantes jornadas de turno con esquemas 14×14 o 8×6, el aislamiento geográfico y las temperaturas extremas o el impacto del estrés acumulado en la salud cardiovascular de los operarios que laburan expuestos a una presión física irracional, cuando se podría reducir la jornada laboral y repartir las horas de trabajo, como una medida de hacer frente a los despidos por goteo y la especulación de las empresas para presionar más a los trabajadores.
Se pone de relieve la precariedad de la infraestructura, la escasez de iluminación y la falta de banquinas pavimentadas en corredores por donde transitan miles de vehículos pesados diariamente.
La serie de incidentes registrados en distintos yacimientos de la cuenca en los últimos años están vinculados al manejo de fluidos, gases y químicos de proceso. A medida que la actividad no convencional se expande, también lo hace la cantidad de baterías, locaciones y puntos de tratamiento en operación simultánea que requieren de una importante infraestructura. Ese crecimiento implica un mayor volumen de insumos químicos que circulan tanto dentro de los yacimientos como en el tramo logístico que los abastece, desde el transporte terrestre de ácidos y aditivos hasta el almacenamiento en planta.
Como venimos diciendo desde aquella adenda del 2017, y que luego sería modificada en 2021, Vaca Muerta es el laboratorio de la flexibilización laboral en el que las Cámaras empresarias, los Gobiernos y la conducción del gremio prueban hasta dónde pueden maximizar la producción y continuar su carrera de velocidad por mayores récords de fracturas en pozos multilaterales.
En un contexto de RIGI y Súper RIGI presionando por un aumento en los ritmos de producción para otorgarle mayores beneficios a las empresas y dar el salto exportador que profundizará el saqueo y la fuga de capitales, son varias las consultoras que evalúan lo que implica un salto objetivo en la posibilidad de incidentes, accidentes relacionados a las etapas de fracturas que deberán soportar los petroleros bajo este régimen que se viene implementando desde la reforma laboral, promulgada y publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 137/2026 como la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802.
Acto por el 39º aniversario del Garrahan
Trabajadores, profesionales y técnicos del Hospital Garrahan realizaron un acto en el marco del 39° aniversario de la institución pediátrica, junto a familiares de pacientes, legisladores, organizaciones de Derechos Humanos, familiares de víctimas del fentanilo contaminado, integrantes del Coro Nacional de Niños (algunos ex pacientes del hospital), en el que presentaron un informe con denuncias a la intervención y anunciaron una campaña solidaria de alimentos y juguetes.
En este marco, la secretaria general de Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana, explicó: “Después de dos años y medio de presentar notas, de pedidos de informes, solicitar audiencias y solo bajo el apercibimiento judicial por un amparo que presentamos, la actual intervención del hospital respondió a algunas preguntas sobre información que debería ser pública y accesible en relación a la gestión del hospital, de la cual pudimos extraer conclusiones importantes (…). Mienten con los números, porque informan en redes sociales que el Garrahan tiene superávit, y en realidad el Garrahan en 2025 sufrió un recorte brutal por inflación”.
En este punto, precisó: “En 2024 el presupuesto total fue de 300.000 millones de pesos y en 2025 de 250.000 millones de pesos, con una inflación del 31% interanual”, por lo que “debería haber sido, para sostener el presupuesto de 2024, de 400.000 millones de pesos y fue de 250.000: la motosierra equivalió a 150.000 millones de pesos, un 71% de recorte en los fondos del hospital”.
“Esa fue la base concreta y material del reclamo que llevamos adelante, que se transformó en causa nacional que nos permitió parar la sangría de renuncias y el vaciamiento del Garrahan”, agregó.
“La actual intervención, puesta a dedo por el ministro Lugones, de un grupo de improvisados en materia pediátrica, ya que ni son pediatras ni tienen expertise en gestión de salud pública de ningún tipo, ha establecido como modus operandi las contrataciones directas con proveedores oscuros, gastos millonarios de seguridad privada sin que haya datos de cuánto se ejecutó de un presupuesto que multiplica por 11 lo destinado a insumos para virología, por ejemplo (…). (Hay) designación sin concurso de gerentes y jefes que van conformando una especie de casta de la intervención del señor Mariano Pirozzo, ladero de la empresa de salud privada Fundación Güemes del ministro de Salud”, detalló Lezana.
“Mientras pasa eso –continuó–, se recortan las prótesis que necesitan nuestros pacientes, algunos por enfermedades muy graves. Falta dotación de personal de enfermería: éramos 2.000 hace dos años y ahora hay aproximadamente 1.350. Se multiplican los contratos de locación y monotributos, formas precarias de trabajo del personal profesional y técnico (…). Mientras pasa todo esto y recortan, hay 60.000 millones de pesos destinados a fondos de inversión y bonos de la deuda, es decir, a la especulación financiera con recursos propios generados por nuestra actividad, nuestro trabajo como equipo de salud en el hospital. Faltan prótesis, faltan enfermeras, no se repuso el personal que renunció por los magros salarios el año pasado, pero sí hay casi 60.000 millones de pesos en la timba financiera”.
“Lugones y sus empleados designados como interventores en el hospital Garrahan, que son completamente extraños a la misión histórica de este hospital, conciben el Garrahan como una especie de empresa que tiene que tener rentabilidad y no como una institución destinada a cuidar, sanar, investigar y formar haciendo docencia a profesionales y técnicos que aseguren el acceso universal y de calidad a la salud de las infancias, de todos los chicos y chicas que lo necesiten”, finalizó la secretaria general de APyT.
Además, desde la Asociación de Profesionales y Técnicos anunciaron el lanzamiento de la campaña solidaria “Con Hambre no pueden Jugar”, en el marco del mes de las Infancias, que propone recolectar alimentos y juguetes, ya que los profesionales denuncian que reciben pacientes con hambre. En este sentido, convocan a colaborar con alimentos no perecederos y juguetes. Finalmente, informaron que se organizará un festival en Parque Lezama el domingo 13 de septiembre.
Paros regionales del FRESU
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) anunció que impulsará paros regionales para llegar a la convocatoria a un paro nacional antes de fin de año, que permita articular todos los reclamos por un Salario Mínimo Vital y Móvil como lo establece la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, el desendeudamiento de las familias y la defensa de las universidades y la salud pública. Fue durante el acto realizado en el predio de ATE Rosario.
“No es un hecho menor que los compañeros nacionales vinieron a apoyar esto que estamos construyendo regionalmente. Ante la realidad que nos hostiga a las y los trabajadores estamos federalizando la construcción del FreSU para luchar por el Salario Mínimo Vital y Móvil tal como dice la Constitución Nacional”, afirmó Marco Pozzi, secretario general del sindicato Aceiteros de Rosario (SOEAR), durante un acto realizado en Rosario.
En la misma línea, la secretaria general de ATE Rosario, Lorena Almirón, destacó: “El FreSU viene a ampliar y amplificar la unidad de acción. Tenemos que derrotar a este gobierno que nos ha quitado derechos. Hay que construir, en cada territorio, plenarios de trabajadoras y trabajadores para organizar un plan de acción e ir a un gran paro regional”.
El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, se manifestó en el mismo sentido: “El FreSU se propone recuperar conciencia sobre el verdadero valor de nuestra fuerza de trabajo y desde el FreSU hicimos nuestra propia medición en función de las necesidades de las y los trabajadores y, por eso, desde Rosario convocamos a profundizar la lucha hasta alcanzar los 3 millones de pesos de ingreso mínimo para vivir con dignidad. Y nos sobran motivos para avanzar en una huelga general antes de la visita del Papa porque la situación ya no da para más”.
En tanto, la secretaria gremial de Conadu, Beatriz Introcaso, dijo: “Las y los docentes universitarios estamos muy lejos de un salario mínimo vital y móvil de 3 millones de pesos, pero vamos a luchar por eso y por que este gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario”.
Finalmente, el secretario general de trabajadores Fluviales, Mariano Moreno, resumió: “No hay una sola actividad del país donde las y los trabajadores no estemos pasando por uno de nuestros peores momentos porque este gobierno destruye día a día los derechos de todos los trabajadores”.
Cabe recordar que la semana pasada, el FreSU informó que las y los trabajadores necesitaron en julio pasado un Salario Mínimo Vital y Móvil de 3.065.161 de pesos para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo.
Acto en Wiil Der
Se llevó adelante el viernes 28, a las 12:00, en la puerta de la textil, ubicada en José Ingenieros 2387, Ricardo Rojas, El Talar, provincia de Buenos Aires. Las 120 obreras de Will Der siguen esperando una respuesta por parte de la empresa, luego de que el 7 de agosto pasado se les informara el cierre de la planta, sin asegurarles ni siquiera el pago de una indemnización.
Paro general petrolero paraliza los yacimientos de Santa Cruz
La producción de hidrocarburos en Santa Cruz se encuentra totalmente interrumpida a raíz de un paro general por tiempo indeterminado convocado por el Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER) en la totalidad de los yacimientos de la provincia.
La medida gremial, encabezada por el secretario general Rafael Güenchenen, responde a la denuncia de cancelaciones de contratos comerciales, paralización de equipos y recorte de personal por parte de las firmas contratistas y operadoras que actúan en la zona.
De acuerdo a lo expresado desde la conducción sindical, la postura de la compañía Patagonia Resources de no restituir a operarios desafectados desencadenó la intensificación del plan de lucha, al que se sumaron bloqueos e intervenciones en las vías de acceso a los bloques productivos.
Desde la entidad sindical manifestaron su rechazo a lo que consideran una estrategia de desinversión gradual en los campos petroleros y demandaron garantías sobre la vigencia de los puestos de trabajo.
En ese marco, exhortaron a la petrolera YPF a acelerar los planes de saneamiento ambiental y el sellado de pozos inactivos, con el requisito de emplear mano de obra de la región para absorber a los trabajadores afectados.
Paro metalúrgico en Río Grande
Por Lucho Aguilar
Al mediodía del miércoles comenzó un paro en el polo electrónico de Río Grande, donde se fabrican el 90% de celulares y televisores del país. La empresa de Nicolás Caputo no solo quiere echar 300 trabajadores y trabajadoras, sino que los amenazó a través de su CEO con dejar más familias en la calle mientras impide el ingreso de sus delegados. Hubo un importante acto con apoyo de otros gremios.
El conflicto de Mirgor es un caso testigo. Un gigante ligado al gobierno decidió desatar una ofensiva contra quienes hacen funcionar el polo electrónico más austral del mundo. Y se plantaron. Te contamos lo que está pasando.
¿La empresa Mirgor tiene crisis?
No. Es una “multilatina” con negocios en logística, electrónica, agroindustria, tecnología militar y otros rubros, todos creados a partir de sus plantas en Río Grande y los beneficios del Estado. En el primer trimestre de 2026 tuvo una ganancia consolidada de ARS$22.882 millones.
Cayó la venta de celulares, por la política del gobierno que Caputo apoya, pero aumentaron sus ventas de televisores, autopartes y otros de sus productos fueguinos, traccionados también por la venta minorista en América Latina.
El CEO de Mirgor ratificó despidos y la UOM anunció el paro de todas las plantas en Tierra del Fuego: «Nos plantearon 339 despidos exactamente, 314 compañeros de base y, pasando por encima de la ley, la desvinculación de 25 representantes, la totalidad de los delegados».
¿Por qué quiere dejar en la calle a 314 familias?
Porque los Caputo han hecho su fortuna a costa del sudor y los músculos de sus miles de trabajadores y trabajadoras. Quieren aprovechar la recesión industrial y los efectos de la “apertura indiscriminada” de exportaciones sobre las espaldas de sus “esclavos”. Quiere aplicar la reforma laboral pero también aplicar golpes directos y brutales.
Esto incluye el despido de todo el Cuerpo de Delegados, incluídos integrantes de la Comisión Directiva de la UOM, en un claro ataque antisindical. En este momento está incumpliendo la conciliación obligatoria que obliga al ingreso de los representantes gremiales.
¿Qué métodos utiliza Mirgor para concretar sus medidas?
Primero, presionó con retiros voluntarios y aprietes. Luego envió 314 telegramas de despido. En estos días se suma un apriete en vivo, con la aparición del CEO, José Luis Alonso, hombre de confianza de “Nicky” Caputo, en la planta de calle Epztein. Allí, con toda la prepotencia de los millonarios, dijo que si no acataban la decisión de la empresa habría más despidos. La empresa tiene 1200 empleados. ¿A cuántos quiere llegar? El terrorismo patronal generó mucho malestar, con compañeras desmayadas en las instalaciones.
¿Qué están haciendo los trabajadores y el gremio?
Los despidos abrieron un conflicto y la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación. Ante la nueva provocación patronal la UOM Río Grande convocó un paro en todas las empresas de la seccional desde las 11 horas. El mismo arrancó con un acto multitudinario en una de las plantas del grupo, con la participación de cientos de metalúrgicos y metalúrgicas pero también con el respaldo de gremios como ASIMRA, Camioneros y SUTEF, junto a fuerzas políticas y movimientos sociales.
Desde el gremio aseguraron que “el día D” será el 1º de septiembre, la jornada siguiente al fin de la conciliación. “Una vez superada la instancia de conciliación, las partes quedarán liberadas. Si hubiera algún tipo de acción como las que ha anunciado o con las que ha amenazado la empresa, estaremos en condiciones de actuar con la mayor dureza posible”.
Es la única opción posible. Ante la sangría que vienen haciendo las grandes empresas electrónicas (Mirgor, BGH, NewSan) y el plan económico del gobierno, la respuesta tiene que ser contundente. Porque además está en juego más que los puestos de trabajo. Los y las metalúrgicos del fin del mundo son quienes defienden la soberanía en el territorio continental más cerca de Malvinas y la Antártida. Junto a la docencia que hace semanas hace una huelga por tiempo indeterminado, junto a los portuarios y petroleros que también quieren ser arrasados por las multinacionales.
¡Viva la huelga metalúrgica y la lucha de Mirgor!
¡Apoyémoslos para que triunfen!
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la nueva propuesta salarial
La oferta contempla aumentos de 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, además de una suma fija no remunerativa de $80.000 por única vez en diciembre.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente la propuesta y sostuvo que el Gobierno avanza hacia una política de salarios por debajo de la inflación. “Milei está más cerca de lograr la paritaria cero que la inflación cero”, afirmó.
Según Aguiar, el acuerdo implica nuevos incrementos por debajo de la inflación y profundiza el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores estatales. “Para nosotros esta negociación es inaceptable”, sostuvo.
El dirigente también cuestionó la suma fija ofrecida para diciembre. Según planteó, los $80.000 “no alcanzan ni siquiera para llenar un tanque de nafta” y perderán todavía más poder adquisitivo hacia fin de año.
Tras rechazar la propuesta, el sindicato convocará para la próxima semana a un Plenario federal de delegados, donde analizará un nuevo plan de acción contra la política salarial del Gobierno.
“Tenemos que definir nuevas medidas de fuerza y lograr que el Gobierno se siga debilitando. O se terminan de debilitar ellos, o nosotros desaparecemos. No hay término medio”, afirmó Aguiar.
Desde ATE sostienen que los trabajadores estatales acumulan una pérdida significativa de poder adquisitivo desde la asunción de Javier Milei. Según el sindicato, el deterioro supera el 44% en la administración pública nacional bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06.
La organización sindical también cuestionó el rol de UPCN, que viene aceptando las propuestas salariales del Gobierno mientras ATE las rechaza. Aguiar apuntó contra ambos sectores al señalar que, tras la firma de los acuerdos, “deben estar festejando juntos”.
El gremio viene planteando que las sucesivas paritarias no permiten recuperar la pérdida salarial acumulada y que los incrementos acordados quedan por debajo de la evolución de los precios.
En paralelo al rechazo de la propuesta, ATE difundió los resultados de una encuesta realizada entre trabajadores de organismos y ministerios de distintas provincias. Según el relevamiento, el 87% de los consultados tiene deudas vigentes y, dentro de ese grupo, el 73% mantiene compromisos con varias entidades.
El informe señala además que el 40% de quienes se endeudan utiliza ese dinero para afrontar urgencias médicas, gastos de educación, alquiler o expensas, mientras que el 37% lo destina al pago de otras deudas o a la compra de alimentos y ropa.
Por otra parte, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros, movimientos sociales y otras organizaciones sindicales, difundió un informe sobre el nivel de ingresos de los trabajadores.
Según ese relevamiento, elaborado a partir de datos oficiales del INDEC y ponderado en función de las necesidades básicas, el Salario Mínimo, Vital y Móvil debería alcanzar los $3.065.161 para evitar que un trabajador sea considerado pobre.
El mismo informe sostiene que, en promedio, cada trabajador de la Administración Pública perdió $14,9 millones durante la gestión de Javier Milei.
Con el rechazo de ATE a la nueva oferta salarial, el conflicto entre el Gobierno y uno de los principales sindicatos estatales vuelve a quedar abierto. El próximo plenario federal de delegados será el ámbito en el que el gremio definirá cómo continuará su reclamo y qué medidas de fuerza impulsará.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro del personal civil de las Fuerzas Armadas
La protesta comenzó a las 11:00 en la Plaza de Armas de la cartera, en Azopardo 250, CABA, y tuvo además como uno de sus ejes el rechazo al cierre y traslado de la Base Aeronaval de Punta Indio, una decisión que, según el sindicato, pone en riesgo cientos de puestos de trabajo.
La medida de fuerza fue anunciada en medio de los cuestionamientos de ATE por el deterioro de los ingresos del sector. “El 99% de los trabajadores de las Fuerzas Armadas son pobres y se encuentran endeudados. La situación no da para más. Por eso, tomamos esta medida extrema”, aseguró el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. El gremio señaló que el reclamo involucra a administrativos, técnicos, docentes civiles y trabajadores de la obra social.
El sindicato sostiene que los ingresos resultan insuficientes para afrontar los gastos cotidianos y vinculó esa situación con un mayor nivel de endeudamiento. “Las familias de quienes trabajan en las fuerzas entraron todas en crisis. Sus ingresos mensuales son insuficientes para cubrir los gastos de alimentos, alquileres, servicios y además cancelar otros compromisos”, afirmó Aguiar.
Entre las principales demandas aparece la reapertura de la discusión salarial. “Se deben reabrir inmediatamente las paritarias para discutir salarios, para atacar la precarización extrema y además el vaciamiento y el deterioro prestacional de la obra social”, sostuvo Aguiar. ATE indicó que el salario del personal civil se determina por nivel y grado de antigüedad sobre la base de una Unidad Retributiva actualizada por paritaria, según el Decreto 2539/15, y señaló que en julio de 2026 existen básicos que rondan los $402.396, según la categoría.
El gremio también advirtió sobre consecuencias que exceden el nivel de ingresos. Según el comunicado, la pérdida de poder adquisitivo obliga a las familias a endeudarse para afrontar necesidades básicas y se registra un aumento sostenido de licencias psiquiátricas por depresión, angustia y agotamiento. A esto sumó la pérdida de profesionales en hospitales de las Fuerzas Armadas y en la planta docente civil, donde aseguró que existen dificultades para cubrir vacantes por la falta de salarios competitivos.
El “plan motosierra” llega a las Fuerzas Armadas: venta de tierras, traslados de bases y malestar militar
Otro de los reclamos está relacionado con el funcionamiento de IOSFA, actualmente OSFA. ATE denunció un desfinanciamiento que, según señaló, repercute sobre las prestaciones destinadas a trabajadores civiles, personal militar y sus familias. En ese marco, el sindicato reclamó una investigación sobre una deuda denunciada que supera los $223.000 millones.
El conflicto planteado por ATE se produce mientras la escala salarial informada para agosto establece diferentes haberes según la jerarquía del personal militar. Los montos van desde $732.452 para un Voluntario de Segunda o Marinero de Segunda hasta $3.371.170 para un Teniente General, Almirante o Brigadier General.
ATE denunció un desfinanciamiento de IOSFA, según señaló, repercute sobre las prestaciones destinadas a trabajadores civiles, personal militar y sus familias.
El cierre de la Base Aeronaval de Punta Indio, el otro eje del conflicto
Además de los salarios y las condiciones laborales, ATE llevará al Ministerio de Defensa su rechazo al anunciado cierre de la Base Aeronaval de Punta Indio. De acuerdo con el sindicato, la medida pone en riesgo la continuidad laboral de más de 180 trabajadores civiles y 250 efectivos militares, además de tener consecuencias sobre Punta Indio y Verónica.
El gremio estima que el impacto económico y social podría alcanzar a más de 14.000 personas de la zona. “No vamos a permitir el cierre y traslado de la Base Aeronaval de Punta Indio, ya que esto no solo implicaría una afectación para los trabajadores y sus familias, sino que arrasaría con el entramado económico y social de la propia Punta Indio y Verónica. Haría desaparecer directamente al pueblo”, sostuvo Aguiar.
El Gobierno avanzó en una recomposición salarial para el personal de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales de Seguridad el martes 18 de agosto.
El Gobierno avanzó en una recomposición salarial para el personal de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales de Seguridad el martes 18 de agosto.
Con esos reclamos, ATE convocó al paro total de actividades y a la movilización del jueves desde las 11:00 al Ministerio de Defensa. “El Gobierno tiene que saber que sin trabajadores y docentes civiles no hay defensa ni seguridad y se pone en riesgo nuestra soberanía nacional”, concluyó Aguiar, al justificar una protesta que combinará las demandas salariales, laborales y previsionales con el rechazo al cierre y traslado de la base de Punta Indio.
El Gobierno prepara un aumento para las Fuerzas Armadas y de Seguridad
El Gobierno avanzó en una recomposición salarial para el personal de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales de Seguridad, luego de los reclamos que se profundizaron en los últimos meses por la pérdida de poder adquisitivo de los haberes.
La decisión fue analizada este martes 18 durante una reunión de la Mesa Política en Casa Rosada, donde la conducción del oficialismo repasó además la agenda legislativa de las próximas semanas. Tras el encuentro, fuentes oficiales anticiparon que en los próximos días se anunciarán medidas vinculadas con los ingresos de ambos sectores.
Por ahora, no está definido públicamente cuál será el porcentaje de aumento ni desde qué mes comenzará a aplicarse. El Ejecutivo trabaja sobre las alternativas presupuestarias y el alcance de la recomposición, que abarcaría al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y también a las fuerzas federales bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.
El planteo salarial cobró fuerza ante el deterioro de los ingresos de parte del personal uniformado. En el Gobierno admiten que los haberes quedaron rezagados frente a la evolución de los precios y buscan avanzar ahora con una mejora específica que permita recomponer al menos una porción del poder adquisitivo perdido.
Causa penal contra los trabajadores del Subte por «asociación ilícita»
El lunes, desde las 9:30 en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires en Paseo Colón y Avenida Juan de Garay comenzaron las declaraciones de trabajadores del Subte en el marco de la causa penal impulsada por Emova y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La empresa concesionaria junto a la administración de Jorge Macri acusan a miembros de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro de «asociación ilícita» por haber llevado adelante distintas medidas de fuerza a lo largo de 2024 y 2025. Acciones gremiales que se realizaron claramente dentro del marco de los derechos otorgados por la Constitución y de la Ley de Asociaciones Sindicales, por otra parte.
Este bochorno jurídico, pero que tiene un trasfondo de ataque a la organización gremial, es llevado adelante por Celsa Ramírez a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº35 de la Ciudad de Buenos Aires. Una fiscal con un historial de ataque a los Metrodelegados y a otros trabajadores como los de la Economía Popular y con clara afinidad con el aparato macrista porteño.
El abogado que acompañó a los trabajadores, Nahuel Berguier, definió la causa como «una payasada» llevada adelante por una fiscal famosa por llevar adelante denuncias contra gremios y cooperativas y que lo que hizo fue agrupar un conjunto de medidas gremiales y decir que esas medidas constituyen delitos y que detrás de eso lo que hay es una asociación «armada para cometer delitos».
El mamarracho llega al punto de que cada nueva medida gremial que se realizó luego de la denuncia es incorporada al expediente por Ramírez.
Asimismo, advirtió que los trabajadores en el marco de la declaración van a presentar un repudio ante esta acusación que no resiste ningún análisis desde el punto de vista jurídico.
Los trabajadores citados recibieron el apoyo de sus compañeros quienes se hicieron presentes desde la mañana junto a miembros de otros sectores como los docentes de Ademys, telefónicos de Foetra, referentes sindicales de la CTA, la legisladora (MC) por el PTS en el FIT-U y fundadora de la agrupación de mujeres Pan y Rosas, Andrea D’Atri, entre otros.
Cierres, despidos y 250 familias esperan soluciones urgentes
El lunes 24 de agosto las puertas del Ministerio de Trabajo de Río Gallegos volvieron a ser escenario de reclamo e incertidumbre. En las últimas semanas se realizaron allí las audiencias clave de lxs trabajadorxs despedidxs de Autofarma y Carrefour, dos empresas que, a fuerza de ajuste y cierre, dejaron a 250 familias en una situación de angustia absoluta.
El 22 de julio, el Carrefour Market del centro bajó la persiana y dejó en la calle a 30 trabajadorxs directos y 10 tercerizadxs. La empresa intentó justificar el cierre con el argumento de la “baja rentabilidad”, pero los hechos muestran otra cosa: los despidos no son producto del azar ni de una crisis aislada, sino parte del ajuste patronal que recorre el país descargando el peso sobre quienes laburan.
Mientras en otras provincias la patronal ofrecía traslados o retiros voluntarios, en Río Gallegos el cierre fue directo, sin anestesia. Lxs laburantes quedaron atados a una conciliación obligatoria que solo estiró los plazos sin resolver la demanda central: la reubicación. La empresa sostiene los despidos, se muestra “abierta a negociar”, pero no garantiza reincorporaciones ni traslados. Entre lxs afectadxs hay trabajadorxs a punto de jubilarse, arrinconadxs por una situación que no les deja alternativas reales.
En esta última audiencia y pasado el mediodía, el Ministerio de Trabajo extendió la conciliación por una semana más. Sin embargo, Carrefour no presentó ninguna propuesta favorable para los 13 trabajadorxs que se mantienen firmes exigiendo la reincorporación en el Hipermercado. La espera de más de un mes expresa un cinismo patronal intolerable: quienes sostienen el supermercado con su trabajo no pueden seguir esperando porque deben pagar alquileres, sostener familias y vivir.
A esto se suma el penoso desempeño del Sindicato de Empleados de Comercio, que no está a la altura del conflicto y no impulsa medidas de fuerza que respalden el reclamo.
Autofarma: incertidumbre, deudas y promesas vacías
El panorama en Autofarma no es menos desesperante. El cierre definitivo arrastró a más de 200 trabajadorxs de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Las audiencias giraron en torno a adelantos de haberes adeudados y la posibilidad —todavía incierta— de que un nuevo grupo empresarial absorba parte del personal.
Pero, según la Asociación de Empleados de Farmacias de la Zona Austral (ADEFZA), la situación sigue igual que al inicio: mucha promesa, pocos avances reales. El gremio también quedó duramente cuestionado por lxs despedidxs: no haber previsto el desenlace aceleró amenazas de desalojos y endeudamientos, ya que les deben tres meses de sueldo y el medio aguinaldo.
La próxima audiencia será el 3 de septiembre. Mientras tanto, lxs trabajadorxs se enteran de las novedades al salir de cada reunión, esperando que al menos se cumpla el pago de lo adeudado. Los fondos de la Caja de Servicios Sociales podrían empezar a distribuirse en las próximas semanas, pero no hay cifras claras ni fechas concretas. Quienes enviaron telegramas dándose por despedidos —muchxs por pura desesperación— podrían rever su situación si aparece una nueva empresa dispuesta a contratar, pero el escenario es todo menos seguro.
Otra alternativa que se baraja es que el gobierno provincial absorba al personal y lance una empresa farmacéutica estatal. Es la opción menos probable, pero fue planteada por ADOSAC y también por el Comité de Santa Cruz en apoyo a Myriam Bregman.
La crisis laboral que atraviesan Autofarma, Carrefour, YPF y la Administración Pública santacruceña no es casualidad: es consecuencia directa de las políticas de ajuste del gobierno nacional y de la falta de respuestas estructurales del gobierno provincial.
Hasta ahora, la intervención del Ministerio de Trabajo no garantizó continuidad laboral ni en Carrefour ni en Autofarma. Las negociaciones, lejos de resolver el problema de fondo, dejan a las familias colgando de un hilo mientras la patronal gana tiempo y empuja a la resignación. Por eso la apuesta sigue siendo la organización desde abajo, la acción colectiva y la solidaridad activa.
La consigna de lxs protagonistas es clara: la solución tiene que ser con todxs adentro. El sálvese quien pueda solo beneficia a las patronales y a quienes gobiernan para unos pocos. La pelea continúa, y cada jornada de reclamo suma fuerza para frenar la avanzada sobre los derechos de quienes sostienen el país con su trabajo.
Miles de docentes marcharon a La Plata
El martes 17 de agosto un plenario impulsado por las seccionales conducidas por la Lista Multicolor de Suteba, con la participación desde los mandatos de escuelas de 7.833 compañeres de 36 distritos de la Provincia de Buenos Aires, resolvió nuevas medidas: 48 horas de lucha, con movilización a La Plata el martes (con constancia gremial) y un paro de 24 horas el miércoles en coordinación con otros sectores de estatales bonaerenses.
Los motivos de las medidas son la acumulación de bronca y malestar en la comunidad educativa ante los salarios de miseria que mantiene la gestión de Axel Kicillof y el deterioro de las condiciones de infraestructura de la educación pública producto del desfinanciamiento. Todo ello agravado por el castigo a quienes protestan por parte del gobierno peronista a través del descuento compulsivo de los días de paro en los haberes mensuales.
En la capital bonaerense unas 3.500 trabajadoras y trabajadores de la educación se concentraron frente a la Gobernación provincial. Además de las seccionales de Suteba recuperadas por la Lista Multicolor, como las de La Matanza, Tigre y la minoría de Ensenada, en la movilización participaron las seccionales recuperadas de ATE Sur y ATE Brown-Pte. Perón.
A su vez se hicieron presentes Vicky y Vero, obreras víctimas de violencia de género que luchan por su reincorporación en el Astillero Río Santiago tras ser despedidas por la administración kicillofista, acompañadas por una delegación de sus compañeras y compañeros.
La UOM anunció el paro de todas las plantas electrónicas en Río Grande
La jornada del martes en la planta del Grupo Mirgor de calle Epztein fue un símbolo de lo que es capaz la prepotencia patronal. El CEO José Luis Alonso, hombre de confianza de Nicolás Caputo, llegó a prepotear a las trabajadoras y trabajadores, avisando de lo que es capaz la empresa.
El discurso altanero y terrorista generó bronca entre los cientos de metalúrgicos que estaban allí.
La conducción del gremio tuvo que responder. El secretario general, Oscar Martínez, dijo que «el CEO vino a ratificar la postura de la empresa, a amenazar, y vino a presionar planteando que a los delegados los va a echar. Nos plantearon 339 despidos exactamente, 314 compañeros de base y, pasando por encima de la ley, la desvinculación de 25 representantes, la totalidad de los delegados».
Una medida ilegítima, tratándose de una empresa que ganó millones gracias a sus obreras, pero también ilegal: hace 10 días no deja ingresas a los delegados y directivos, a pesar de la conciliación obligatoria que lo ordena.
Marcos Linares, dirigente también de la UOM Río Grande y uno de los despedidos, señaló que «para cualquier tipo de resolución que tengamos que llevar adelante será el conjunto de trabajadores el que defina si es posible o no. Así es como funcionamos en la bendita democracia obrera que hemos aplicado durante toda nuestra larga historia».
En el lugar se realizó una asamblea, donde participaron también delegados de otras empresas.
Allí se definió un paro de todas las empresas del Polo electrónico, entre las que están BGH, Solnik, otras empresas del Grupo Mirgor, entre otras. «Hemos resuelto en este mismo momento que mañana, a partir de las 13:00, paralizamos las actividades en todo el Parque industrial para venir a la planta. Esta es una pelea de todos los metalúrgicos, de todas las obreras y de todos los obreros», señalaron desde la UOM.
Hay que pararle la mano a Caputo y todas las patronales, nacionales y extranjeras, que atacan no solo el empleo sino la soberanía, dejando en la calle a la clase trabajadora que labura y habita Tierra del Fuego. Con la coordinación con la docencia, los estatales y portuarios, y todos los sectores atacados en la isla, se puede derrotar el ajuste.
La muerte de un operario despedido tras el cierre de la hilandería Alal
Profunda conmoción atraviesa a la comunidad correntina de Goya tras conocerse la muerte de Silvio Ortíz, un ex trabajador de 62 años de la hilandería Emilio Alal, quien había liderado los primeros reclamos laborales tras el cierre definitivo de la planta en enero.
El operario contaba con más de 30 años de servicio en la firma textil, una de las industrias emblemáticas de la provincia de Corrientes, que dejó a más de 200 familias en la calle tras cesar sus operaciones operativas a comienzos de año.
Según el testimonio de sus ex compañeros de trabajo, el impacto de la desocupación afectó gravemente la salud de Ortíz. David González, también despedido de la fábrica, relató que si bien en un principio participó activamente de las manifestaciones, debió alejarse por recomendación médica.
«Estaba muy sobrepasado», explicó González, quien detalló que en este último período el hombre sufrió un principio de accidente cerebrovascular (ACV) y debió ser internado.
El ex trabajador vinculó la decisión de Ortiz de quitarse la vida al cuadro de angustia sostenida con la imposibilidad de reinsertarse en el mercado laboral, tras haber desarrollado prácticamente toda su vida adulta dentro de la hilandería.
«En Goya no hay fuentes laborales, así que son pocos los compañeros que están trabajando y el resto se amaña», alertó.
Ante la vulnerabilidad económica en la que quedó la familia de Ortíz, sus ex compañeros iniciaron una campaña de colaboración financiera.
La paralización definitiva de la hilandería Emilio Alal en enero pasado respondió a un severo deterioro de sus condiciones operativas. En aquel momento, la administración de la empresa emitió un comunicado oficial donde responsabilizó a la política económica nacional y a la apertura de las importaciones de textiles y prendas provenientes de Asia.
Desde la firma señalaron que la contracción del mercado interno, la caída del poder adquisitivo, el ingreso de ropa usada y la suba de los costos energéticos y financieros volvieron inviable la producción nacional, desencadenando el despido masivo de su personal en Corrientes.
La firma Ananda Pack anunció su quiebra y dejó a más de 30 familias sin trabajo
Según la empresa, la suba de costos fijos, el aumento en los alquileres de los galpones y la recesión general terminaron por llevar a la compañía a una crisis definitiva imposible de remontar.
Por su parte, los operarios denuncian que se enteraron al terminar su jornada laboral y que, al momento, no cobraron la quincena ni recibieron los justos telegramas de despido.
La histórica fábrica de cartón y embalajes de Córdoba, ubicada entre la zona de barrio San Vicente y barrio Müller, frenó sus actividades por completo tras declararse en quiebra.
La medida, comunicada de manera sorpresiva por la conducción de la empresa, dejó a más de 30 trabajadores en la calle, la mayoría con antigüedades de entre 18 y 25 años en la planta.
Según explicaron los operarios la noticia llegó sin previo aviso: “El viernes a última hora, 10 minutos antes de salir, se le avisó a los compañeros que a partir del martes la empresa no abría más sus puertas, que se daban a quiebra”, relató Guillermo Vega, uno de los trabajadores afectados.
Al regresar el siguiente día hábil, los trabajadores se encontraron con los portones cerrados y la producción paralizada.
Los trabajadores denuncian que hasta el momento la empresa no abonó la última quincena, no se habló de indemnizaciones y ni siquiera se enviaron los telegramas formales de despido.
Ananda Pack operaba abasteciendo a diversos sectores de la economía regional con cajas para calzado, pizzerías, locales gastronómicos y comercios.
Aunque la firma ya atravesaba un concurso preventivo de acreedores, el disparador definitivo del colapso fue la imposibilidad de afrontar la estructura operativa.
Desde la administración de la pyme argumentaron que la suba de los costos fijos, sumada a la caída en las ventas y un aumento que duplicó el valor de los alquileres de los galpones, volvió insostenible el negocio.
“Se veía que el movimiento de la fábrica era otro, que estaba levantando. Unos meses antes hubo una choripanada en agradecimiento. A esta altura del año estábamos mucho mejor que a fines del año pasado”, lamentaron los trabajadores, quienes no se esperaban la quiebra.
Tras la formalización de la quiebra ante la Justicia, los operarios esperan la intervención urgente del síndico judicial para inventariar o rematar bienes que permitan cubrir los salarios impagos y las indemnizaciones correspondientes.
La única fábrica de aviones del país está al borde del concurso de acreedores
La deuda de FAdeA con proveedores ronda los u$s22 millones y la empresa cerraría 2026 con un pasivo superior a $152.000 millones. Sin producción sostenida, sin capital de trabajo y con dos contratos clave todavía sin firmar desde la gestión de Luis Petri, crece el riesgo de que acreedores reclamen judicialmente lo que les deben. Mientras el Estado envía eventuales transferencias, la fábrica cordobesa se desangra en recursos humanos y capacidades estratégicas.
La crisis financiera de la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FAdeA) entró en una zona de riesgo que hasta hace poco parecía difícil de imaginar: un grupo cada vez más amplio de proveedores y contratistas evalúa recurrir a la Justicia ante la imposibilidad de cobrar las deudas acumuladas por la compañía, mientras comienza a tomar forma el escenario de un eventual pedido de concurso preventivo.
Luego de casi dos años de actividad reducida, falta de capital de trabajo y ausencia de decisiones del ministerio de Defensa, tanto durante la gestión de Luis Petri como con su sucesor, teniente general Carlos Presti, sobre los principales contratos que deberían garantizarle ingresos, la situación llegó a un punto en el que la paciencia de quienes sostienen la cadena de producción comienza a agotarse. Si los acreedores deciden avanzar judicialmente, el Estado deberá enfrentar una situación incómoda: explicar cómo una empresa pública estratégica, con capacidades industriales reconocidas y con un mercado potencial concreto, llegó al límite de un eventual concurso preventivo mientras espera que se firmen los contratos que deberían haber sido el punto de partida de su recuperación.
El reloj financiero corre y la deuda no la están reclamando solamente los balances: la están reclamando los proveedores que ya no tienen margen para seguir financiando a FAdeA. El propio presupuesto oficial reconoce el deterioro financiero y proyecta para 2026 un pasivo total de $152.003,8 millones, cifra superior a los ingresos operativos previstos para todo el ejercicio. La fábrica, en los hechos, viene funcionando con el financiamiento involuntario de contratistas y proveedores nacionales y extranjeros que entregaron bienes y servicios sin recibir los pagos correspondientes, entre los que se cuentan empresas críticas como Elbit, Israel Aerospace Industries (IAI), Liebherr Aerospace, Honeywell, Lockheed Martin, Prodismo, MBA S.A, Inmeba SRL, DTA S.A, AOG, ADE SRL y otros nucleados en la Cámara Argentina Aeronáutica y Espacial (CArAE).
El Ministerio de Economía aprobó mediante la Resolución 1289/2026 el Plan de Acción y Presupuesto de FAdeA para este año, que proyecta ingresos operativos por $135.090 millones frente a gastos de operación por $149.610 millones, lo que genera un resultado operativo negativo de $14.519 millones. La aparente mejora emerge cuando se incorporan las transferencias y recursos corrientes del Estado, de donde surge un resultado financiero final proyectado positivo de apenas $104,1 millones. Pero el equilibrio presupuestario depende de recursos que no provienen de la generación genuina de fondos de la empresa, sino de las transferencias de la Administración Nacional, lo que expone un problema estructural: la actividad propia de la fábrica no alcanza para financiar su funcionamiento, y el Estado evita por ahora una crisis de caja inmediata pero no está resolviendo el problema industrial.
La paradoja es que FAdeA tiene capacidades industriales que podrían permitirle recuperar actividad y generar ingresos, pero las decisiones que deberían ponerlas en marcha permanecen demoradas. Dos acuerdos considerados centrales, la actualización de los IA-63 Pampa y el mantenimiento de los C-130 Hércules, están sin formalizar, y el cliente, la Fuerza Aérea Argentina, atribuyó esa situación a restricciones presupuestarias. Sin órdenes de trabajo de largo plazo, FAdeA no puede planificar producción, compras, inversiones ni contratación de proveedores con previsibilidad, y la cadena industrial se rompe. La planta permanece prácticamente paralizada, con una excepción relevante: la producción de partes para el avión de transporte estratégico brasileño C-390 Millennium, dentro del programa desarrollado junto con Embraer, que tuvo un pago reciente de unos 3 millones de dólares que el nuevo presidente de FAdeA, ingeniero Oscar López, aplicó en parte a compromisos salariales.
El deterioro financiero adquiere mayor gravedad porque FAdeA no es una empresa industrial cualquiera, sino una sociedad anónima cuyo único accionista es el Estado Nacional, bajo la órbita del Ministerio de Defensa. El escenario de un eventual concurso preventivo tendría un impacto político e institucional mucho mayor que el de una empresa privada con problemas de liquidez, y el costo oculto es perder capacidades que llevan décadas construir. El presupuesto contempla una dotación de 705 trabajadores, de los cuales 519 corresponden a personal técnico y profesional especializado, pero la reducción de actividad y los pagos salariales fragmentados ya están produciendo una fuga de talentos que pone en riesgo la soberanía tecnológica adquirida. Desde Córdoba, el ministro de Industria provincial, Fernando Sibilla, sostuvo que la empresa tiene un “potencial enorme” pero está condicionada por las decisiones de su accionista estatal, mientras el dirigente gremial Marcelo Bertorello fue tajante: “FAdeA necesita saber qué quiere hacer el Estado con ella, si será una herramienta estratégica, una empresa con capacidad exportadora o simplemente una sociedad estatal destinada a sobrevivir mediante transferencias”. Cada mes sin contratos significa menos producción, menor facturación, más deuda y un deterioro creciente de la relación con proveedores y trabajadores, un interrogante que Defensa ya no puede postergar.
Los trabajadores no médicos de los sanatorios del grupo COSEME iniciaron un paro por tiempo indeterminado
La medida afecta al Sanatorio Santo Tomás, al Laboratorio Biolab y al Sanatorio Aconcagua, que mantiene únicamente guardias mínimas para atender urgencias y emergencias.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), Ricardo López, explicó que el conflicto se arrastra desde hace dos años. “Ahora se ha agravado un poco más la situación, es la falta de pago de lo que es el salario de los trabajadores, de lo que es el aguinaldo y de las sumas no remunerativas correspondientes al año pasado”, señaló. Según detalló el dirigente gremial, los trabajadores recibieron solamente el 35% del salario vigente correspondiente al último período.
El conflicto alcanza al personal no médico de las instituciones que integran el grupo COSEME. De acuerdo con López, el conflicto alcanza a alrededor de 350 familias.
El Sanatorio Concagua tiene a PAMI como su principal financiador, aunque también mantiene convenios con obras sociales y otros prestadores. En ese sentido, aclaró que el reclamo no se origina en una demora de PAMI: “PAMI normalmente paga, por lo menos aquí en Córdoba, los pagos de PAMI impactan los 25 de cada mes”.
López también vinculó el conflicto con la situación general que atraviesa el sistema de salud. “Hoy la salud no es un tema de agenda pública, ya sea sector público o privado, más o menos, pero no es un tema de agenda a nivel nacional”, sostuvo.
El secretario general de ATSA cuestionó además la situación financiera de las instituciones y remarcó que “quienes sostienen el sistema son los trabajadores, las manos de obra son las de los trabajadores, quienes atienden a los pacientes son los trabajadores”, afirmó.
En ese contexto, reconoció que las medidas de fuerza generan dificultades para los pacientes, pero defendió la decisión sindical. “Nosotros entendemos que cuando uno toma este tipo de medidas son antipáticas para la sociedad, porque es la realidad. Pero si nosotros no lo hacemos de esta forma, nadie sabe lo que pasa”, explicó.
El paro es por tiempo indeterminado, aunque la medida contempla la continuidad de las prestaciones esenciales. “Lo que nosotros en nuestro sector nos compete es garantizar las guardias mínimas, las urgencias y las emergencias”, explicó López. La medida continuará mientras persistan los incumplimientos salariales y el gremio espera una respuesta de las autoridades de las instituciones para avanzar en una solución al conflicto.
Crisis en una reconocida empresa de Córdoba
La crisis que atraviesa buena parte de la industria vinculada al campo volvió a golpear a Las Varillas, uno de los principales polos metalúrgicos de Córdoba. En las últimas horas, Pauny, histórica fabricante de tractores radicada en esa localidad, presentó ante el ministerio de Trabajo provincial una propuesta para reducir la actividad de su planta.
La medida, que alcanza a unos 500 trabajadores directos, generó un fuerte rechazo de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y abrió una negociación contrarreloj para evitar que el ajuste termine impactando todavía más sobre los ingresos de los empleados.
La empresa solicitó implementar un esquema de emergencia que contempla reducir la jornada laboral a tres días por semana. El planteo establece que los trabajadores cobren la totalidad de las jornadas efectivamente trabajadas y el 50% de los salarios correspondientes a los días en los que la planta permanezca paralizada.
La propuesta fue presentada formalmente ante el ministerio de Trabajo de Córdoba, en el marco de la caída de la demanda de maquinaria agrícola. Pauny, con sede en Las Varillas, es una de las principales fabricantes de tractores del país y ocupa el cuarto lugar en volumen de ventas dentro de ese segmento, según datos citados en el marco de la negociación.
La respuesta del gremio metalúrgico fue contundente. La UOM rechazó la reducción de la jornada y cuestionó que una nueva disminución de los ingresos pueda ser absorbida por los trabajadores.
Desde el sindicato señalaron que los empleados ya atravesaron durante el último tiempo suspensiones y esquemas de reducción salarial, por lo que consideran que el margen para afrontar otro recorte es prácticamente inexistente.
La organización gremial, de todos modos, reconoce la situación económica planteada por la empresa y la necesidad de encontrar una alternativa que permita sostener los puestos de trabajo.
El principal punto de discusión es cómo repartir el impacto de la caída de la actividad sin que el ajuste recaiga nuevamente sobre los salarios.
El conflicto actual tiene como antecedente las dificultades que Pauny ya atravesó durante 2025, cuando la empresa implementó un esquema de contingencia frente a la caída de las ventas.
En aquel momento, la fábrica había reducido las horas de trabajo y los trabajadores percibieron alrededor del 70% de los haberes correspondientes a las jornadas no trabajadas.
Después del receso de enero y del reinicio de la actividad en febrero, la expectativa estaba puesta en una recuperación progresiva del mercado de maquinaria agrícola.
Sin embargo, la mejora esperada no llegó con la intensidad prevista y la empresa volvió a plantear la necesidad de adoptar medidas para atravesar el escenario.
La situación tiene además un impacto que excede a los empleados de Pauny: alrededor de la planta funciona una importante red de proveedores y empresas vinculadas a la actividad metalúrgica, por lo que cualquier reducción significativa de la producción puede repercutir sobre otros puestos de trabajo de la región.
Ante el rechazo sindical, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y continuar las negociaciones en una nueva audiencia ante el ministerio de Trabajo provincial.
El encuentro será determinante para definir si Pauny avanza con el esquema propuesto, si la UOM modifica su posición o si aparece una alternativa para sostener la actividad sin aplicar una reducción tan fuerte sobre los salarios.
Mientras tanto, en Las Varillas crece la preocupación por el futuro de los 500 trabajadores directos de la fábrica y por el impacto que una eventual reducción de la producción podría tener sobre toda la cadena industrial vinculada a la empresa.
El extenso y profundo conflicto salarial de la Justicia Provincial cordobesa 2026 podría concluir
El secretario de Trabajo Omar Sereno convocó a las partes. Irán autoridades del oficialismo del sindicato y delegados de las agrupaciones opositoras para garantizar una amplia representatividad. Por la patronal, directivos de Administración y Recursos Humanos dependiente del Tribunal Superior de Justicia, encargados de poner sobre la mesa la nueva propuesta en base a la habilitación de fondos por parte del Poder Ejecutivo.
Uno de los aspectos que se espera es la ejecución de un fallo del Tribunal Superior de Justicia de fines de mayo de este año. Ante un caso concreto fijó el límite del 6% para la retención por aportes a la Caja de Jubilaciones en los haberes de jubilados y -por extensión- del personal de la Administración pública provincial. Por la Ley de emergencia previsional, se retenían dos puntos porcentuales más. Eso generó no sólo la reacción de los trabajadores, sino también de los funcionarios y magistrados, que -inéditamente- se manifestaron en los pasillos todos los martes y jueves e iniciaron reclamos administrativos porque afectaba la intangibilidad de sus salarios.
Uno de los aspectos sensibles es el cumplimiento de la Ley de equiparación salarial con los trabajadores de la Justicia Federal. En 2025 se acordó un nuevo escalafón con equivalencias y la ejecución de aumentos proporcionales para que los sueldos del personal judicial provincial llegue al 90% de sus pares federales. Eso se dividió en cuatro tramos. El año pasado se ejecutó el primero, el mes pasado el segundo y la oferta que se pondría sobre la mesa incluiría el adelanto de los dos tramos restantes. Con esto, se completaría la ejecución de la Ley de equiparación.
Además, podría haber un monto permanente para las categorías bajas, que podría consistir en un adelanto de la mitad de permanencia -5% para auxiliares- u otra herramienta dentro del sistema salarial vigente.
Si efectivamente los puntos señalados se ponen mañana sobre la mesa, sería una oferta superadora a la de julio que solo contempló adelantar solo una cuota de equiparación y un bono no remunerativo por única vez.
Otro aspecto a negociar es qué pasará con los descuentos por los días de paro. En la liquidación de los sueldos de julio se descontaron 5 jornadas -una cuota de cuatro- con un impacto en los haberes de bolsillo de hasta $450.000.
El gremio solicitó la devolución de esos montos y la no realización de descuentos de las tres restantes.
Un conocido supermercado anunció su cierre definitivo en Mendoza
La decisión fue tomada en un contexto de menor consumo y reestructuración del sector comercial, lo que dejará a 75 empleados sin sus puestos de trabajo.
La firma surgió en 1989 como un autoservicio y pasó por distintos dueños internacionales. Bajo estas direcciones, se convirtió en una de las cadenas más reconocidas del interior y llegó a tener propuestas recreativas como cines.
El comercio en cuestión es el Hipermercado Libertad ubicado en Mendoza, quien inició su actividad en 2003. El local empleaba a 75 personas y atravesó sus últimos días con una liquidación de stock que llegó a ofrecer hasta 80% de descuento en algunos artículos.
La compañía que actualmente pertenece a Callejas confirmó el cierre del local y sus propietarios señalaron la baja en sus ventas como unos de los principales motivos. Los dueños mantienen conversaciones con empresarios interesados en parte del inmueble, pese a que 12 de sus 24 sucursales del interior fueron vendidas a los propietarios de La Anónima.
Si bien esta fue una de las cadenas que no se pudo revender, el objetivo del predio es continuar vinculado a la actividad comercial y preservar parte de las fuentes laborales.
El Hipermercado Libertad de Godoy Cruz bajó definitivamente sus persianas
El cierre de la sucursal ocurre en medio de una caída en el consumo y otros cambios fuertes que atraviesa el sector de los supermercados y comercios minoristas. La empresa tomó la decisión tras más de 20 años de funcionamiento.
La situación generó preocupación entre los empleados, especialmente entre quienes acumulan extensos años de antigüedad. Cerca del 40% de los trabajadores presta servicios al local desde 2003.
La empresa y el gremio mantienen diferencias respecto al esquema de indemnizaciones de los trabajadores desvinculados.
Uno de los principales conflictos tras el cierre del Híper Libertad de Godoy Cruz son las indemnizaciones y condiciones de salida de los trabajadores. De los 75, 68 prestaban servicios bajo convenio y 7 eran empleados jerárquicos.
El Centro Empleados de Comercio de Mendoza cuestionó la propuesta de la empresa, que contempla pagar distintos porcentajes de la indemnización legal en cuotas. Según explicó Fernando Ligorria, secretario general del gremio, la oferta incluye el 75% en seis cuotas, el 80% en nueve cuotas o el 100% en 12 cuotas.
Fuentes: Resumen Latinoamericano, Perfil, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, argentina.indymedia, InfoGremiales