Según el letrado Gustavo Franquet, integrante de la Asociación Gremial de Abogados, entidad que representa a los miembros de la lof Lafken Winkul Mapu, en caso de que la Cámara de Casación no resolviera en los próximos días los recursos vinculados a la homologación o no de lo firmado por referentes mapuches y representantes del Estado en junio del año pasado, el juicio por el conflicto de Villa Mascardi no podría empezar.
Franquet indicó que “la fecha del juicio está fijada para el 24 de junio, pero todavía hay dos recursos de Casación por resolver”.
“El primero fue presentado por la fiscalía, ya que el juez Hugo Greca homologó el acuerdo en lo referido a la causa madre. Hubo una audiencia y estamos esperando que la Cámara resuelva” sostuvo el abogado.
“En cuanto a la causa que se desprende del desalojo de 2022, donde hay acusaciones por dos usurpaciones de terrenos de Parques Nacionales y una del predio de un privado (La Escondida), respecto a lo referido al organismo estatal, el juez Alejandro Silva, después de algunas irregularidades, decidió no homologar, así que nosotros presentamos el recurso y estamos esperando que Casación llame a audiencia para discutir”, expresó.
“Lógicamente, entendemos que antes del 24 de junio estas dos cuestiones tendrían que estar resueltas, porque, de lo contrario, el juicio no podría empezar, por la sencilla razón de que si se resuelve a favor nuestro, es decir, si la Cámara entiende que hay que homologar el acuerdo, no puede juzgarse lo vinculado a los terrenos de Parques Nacionales, sólo quedaría lo relacionado con La Escondida”, sostuvo.
Franquet remarcó que se trata de dos causas, pero el acuerdo es uno solo.
Cabe recordar que, en abril de este año, el Directorio de la Administración de Parques Nacionales dejó sin efecto una resolución de la gestión anterior, que ratificaba el acta firmada con referentes mapuches.
Tal medida se notificó en los casos judiciales mencionados.
De esa manera, ante la decisión de Parques Nacionales, es probable que la balanza termine de inclinarse en una determinación de no homologar, ya que uno de los actores principales desconoce las obligaciones adquiridas por quienes estaban a cargo del organismo durante el gobierno precedente.