PorIrina Hauser
El Gobierno argentino fue, sin dudas, el gran facilitador de la fuga de Flavio Bolsonaro hacia Estados Unidos, de la que algunos funcionarios se jactan. Más allá de la cuestión política, tres denuncias de las últimas horas advierten que quienes participaron de todo el operativo deben ser responsabilizados penalmente por esta colaboración. Las presentaciones apuntan, por empezar, al presidente Javier Milei, pero piden que la investigación abarque al canciller Pablo Quirno, a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva (de quien depende Migraciones) y a Santiago Caputo, entre otros. Las hipótesis van desde el posible encubrimiento del senador y excandidato con causas por lavado y otros fraudes en Brasil, el uso de recursos públicos para ayudar a un prófugo de la justicia brasileña, haber facilitado el tránsito irregular de un país a otro —o en otros términos, se refieren al tráfico de personas—, haber ayudado a la permanencia ilegal en territorio argentino, además de la omisión de controles.
Dos denuncias tramitan en Comodoro Py: la del dirigente del Frente de Izquierda (FIT) Gabriel Solano y la del diputado socialista Esteban Paulón. La primera quedó a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien pidió a la fiscal Paloma Ochoa que evalúe si impulsará una investigación. La segunda fue radicada en el juzgado de Daniel Rafecas, aunque todo indica que se acumularía con la de Solano. Por su lado, la diputada Marcela Pagano (Coherencia) hizo otra presentación, pero en los tribunales federales de Misiones, ya que evaluó que era el lugar indicado debido a que allí ocurrieron los hechos principales que cuestiona: intervienen el fiscal Aníbal Martínez y el juez federal de Puerto Iguazú, Marcelo Cardoso.
Más allá de la posible existencia de responsabilidades penales, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez apuntó un aspecto inquietante en su cuenta de “X”: recordó que el DNU 366/25 modificó trámites migratorios establecidos por la ley 25.871 y estableció como causal de impedimento de ingreso y permanencia de extranjeros “la omisión de informar sobre la existencia de antecedentes penales o requerimientos judiciales”. Él tiene cinco causas penales y una de ellas en particular, por lavado a través del negocio de las apuestas, es la que motivó su fuga.
Recursos estatales
El escrito de Solano pone énfasis en el cambio repentino en la versión del gobierno de Milei: de negar, ante las primeras informaciones, que Bolsonaro hubiera ingresado a la Argentina, pasó a reconocer en un tuit publicado por la Dirección de Migraciones a las 2 de la madrugada de este miércoles que a las 22.50 del 27 de octubre el excandidato había ingresado por el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves en Misiones junto a su esposa Fernanda y sus hijas Carolina y Luiza. Él utilizó un pasaporte italiano y ellas, brasileño. La dependencia que controla las entradas al país en la frontera dijo que era documentación “hábil” y que no había “ningún impedimento legal para el ingreso al país”. Agregó que “los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación”.
Bolsonaro, para ese día, tenía suspendido el pasaporte que debió haber entregado a la justicia (pero no lo hizo y huyó), pero no había un pedido de captura de Interpol. Como explicó la exdirectora de Migraciones Florencia Carignano, no parecía haber restricciones formales, pero Milei y su gobierno tomaron la decisión política de dejarlo entrar pese a las causas judiciales en su contra y ayudarlo a irse a Estados Unidos. Citó antecedentes de su gestión donde ocurrió lo contrario. La denuncia de Solano plantea que se utilizaron recursos públicos para esa colaboración. Algunos estuvieron a la vista: agentes y vehículos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que lo escoltaron a Bolsonaro una vez que cruzó la frontera e ingresó, además de que llegó al aeropuerto en una combi con patente diplomática argentina.
Igual que las otras denuncias, pide que se investigue a miembros de áreas de inteligencia, seguridad y/o diplomática que pudieron haber tenido una participación. Además de plantear posible peculado y encubrimiento, advirtió sobre la afectación de la relación bilateral, no solo en el aspecto comercial, sino en la cooperación judicial.
Paulón señaló el papel central en toda la maniobra que un sector de la Casa Rosada le atribuyó al asesor presidencial Santiago Caputo, quien, además, publicó cinco posteos con ironía en la red “X” y habría estado presente en el lugar.
El avión de Baires Fly
Las denuncias hacen referencia al avión privado de la empresa Baires Fly que estuvo esperando a Bolsonaro durante más de 24 horas. La aeronave Gulfstream G400, matrícula argentina LV-JQW, salió del Aeroparque Jorge Newbery hacia el aeropuerto de Puerto Iguazú, donde aterrizó a las 23.45 del lunes último. La empresa habría solicitado los trámites de Aduana y Migraciones para cuatro pasajeros y tres tripulantes con partida prevista para las 2 de la madrugada hacia Estados Unidos. Ya trascendió por entonces el nombre de Bolsonaro. La PSA dijo ante consultas periodísticas que el avión no salió porque faltaban algunas de las personas. Otras versiones decían que Baires Fly S.A. no obtuvo autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), además de que la Gendarmería Nacional y la PSA sostuvieron no tener registro oficial de un ingreso del senador por vía aérea o terrestre.
Todas las presentaciones recuerdan que la empresa de vuelos privados en cuestión, muy utilizada por múltiples personajes del poder, está presidida por el empresario Luis Grande, pero su cara visible es Sergio Mastropietro, recientemente procesado en la causa sobre la corrupción con medicamentos e insumos en la Agencia de Discapacidad (ANDIS): se le atribuye facilitar un mecanismo de lavado de millones de pesos con facturas por horas de vuelo que nunca se concretarían. Mastropietro tuvo una relación cercana con Federico “Fred” Machado, el hombre extraditado el año pasado para ser juzgado en Estados Unidos por lavado, narcotráfico y fraude, quien financió la de José Luis Espert en 2019. Fueron socios en una agencia de modelos llamada So Vain. Mastropietro fue el nexo entre Machado y Espert.
Otras preguntas alrededor del vuelvo apuntan a conocer quién lo gestionó y pagó. Todo apunta a un bróker de Estados Unidos y un costo de unos 140.000 dólares.
Tráfico de personas
Pagano resalta la necesidad de analizar cómo se hizo el ingreso a la Argentina y los documentos que constan, ya que la eventual falta de registro hablaría de una entrada clandestina. Ella sostiene que hay que analizar el posible delito de “tráfico ilegal de personas por los límites fronterizos”, agravado si intervinieron funcionarios, así como la “facilitación de la permanencia ilegal”: quienes alojaron (si lo necesitó) a Bolsonaro y su familia por el rato que estuvo en el país, quienes lo trasladaron y lo ocultaron. Se conoce que hubo participación de fuerzas de seguridad. Hubo una camioneta con patente brasileña y otra argentina que sería diplomática. Pide imputar abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público respecto de los organismos de control migratorio y encubrimiento en caso de probarse que funcionarios o particulares ayudaron al senador a eludir la acción de la justicia de su país. Ella no solo apunta a los posibles responsables argentinos, sino al propio Flavio Bolsonaro por su posible ingreso burlando restricciones. También le apunta Baires Fly. Pidió preservar cámaras y todo tipo de registros útiles para la investigación. Advirtió que los hechos podrían comprometer “la soberanía del Estado argentino sobre el control de sus fronteras, el cumplimiento de sus obligaciones de cooperación penal con un Estado Parte del Mercosur y la integridad de los organismos federales encargados del control migratorio, aeroportuario, aeronáutico y aduanero”.
Fuente: P12