La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentaron una acción judicial para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion.
La decisión se dio luego de meses de trabajo y tuvo una gran repercusión después de que el Gobierno de Javier Milei anunciara sanciones a las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, que buscan explotar el territorio ocupado.
Consultado por Radio 750, el reconocido abogado ambientalista Enrique Viale explicó qué hay detrás de esta denuncia.
“La explotación offshore es una energía extrema. En todo el mundo genera complicaciones, tiene altísimos índices de siniestralidad, de posibles derrames. Y nosotros veníamos trabajando ese tema desde hace muchos meses”, dijo.
Y continuó: “Junto al CECIM, uno de los centros de excombatientes más serios, presentamos una demanda en la Justicia con la doble vara: una es por el tema soberanía y la otra por la cuestión ambiental”.
Esto, dijo, se debe a que es un proyecto muy grande que aumenta la contaminación más desestructurada, que no afectaría sólo la parte ocupada por Reino Unido sino que podría llegar a las costas continentales.
“Creemos que es urgente que paremos esto, porque culminaría la ocupación colonial de las islas. Se habla de 120 mil barriles diarios de petróleo a comienzos de 2028, esto es muy cerca. Y pudiendo afectar uno de los ecosistemas marítimos más grandes del mundo”, denunció.
Para ello, la organización de abogados ambientalistas hizo un trabajo profundo para ir contra los bancos y las agencias de financiamiento que darían los miles de millones de dólares requeridos para hacer el proyecto.
“Sin financiamiento, estos proyectos no salen. Y los bancos siempre son los mismos. El mundo del petróleo está interconectado. Y eso veníamos pidiendo que lo haga el Gobierno”, dijo.
Y añadió: “Nosotros tuvimos que ir a la Justicia por la inacción del Gobierno. Porque lo que dice Milei está bien, pero no en lo que hace. Si pega un giro Trump, ¿qué esperamos? Entonces, hay que ver cuánto se hace. Hay que presionar para que esto sea una verdadera política de Estado e ir a fondo”.
La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal de Río Grande, con competencia sobre Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Las organizaciones solicitaron la suspensión de las obras y perforaciones previstas, además de medidas para impedir nuevas operaciones financieras vinculadas al proyecto.
La demanda sostiene que las compañías avanzan con el desarrollo del proyecto sin haber realizado ante las autoridades argentinas el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ni obtenido las autorizaciones exigidas por la legislación nacional.
Fuente: P12