Diego Spagnuolo no se resigna a que sea su propia voz renegando por el famoso “tres por ciento para Karina”. El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), procesado en el marco de una investigación sobre la compra de medicamentos para discapacitados con sobreprecios y sobornos, pidió por medio de su defensa suspender el peritaje sobre los audios con su bella dicción, a cargo de la Dirección de Criminalística de Gendarmería, que ordenó el juez federal Ariel Lijo.
El abogado defensor de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, presentó un escrito ante el juez en el que sugiere que los audios que está peritando Gendarmería no son los mismos que se oyeron por los medios, donde el entonces abogado personal de Milei describía la mecánica del negocio dentro de la Agencia a su cargo y señalaba entre los beneficiarios de la cadena de la felicidad a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem. En la misma línea de defensa, el ex funcionario se había negado antes a dar una muestra indubitada de su voz para la pericia, que entonces debe realizarse sobre fragmentos de entrevistas, que son registros públicos.
Un peritaje particular realizado a pedido del imputado sugirió que los audios eran en realidad un montaje, alterado con inteligencia artificial. A instancias de la Cámara Federal, el juez Lijo ordenó entonces una pericia oficial, que encomendó a Gendarmería.
El periodista Mauro Federico aportó a la causa al entregar al juzgado un pen drive con 58 audios. El abogado D’Alessandro cuestionó que en el expediente nunca se había hecho mención a ese material, que podría afectar el derecho de defensa de su cliente, y pidió suspender el peritaje. Su razonamiento sería que la Cámara ordenó analizar los audios que dieron origen a la causa penal, mientras que el juzgado de Lijo estaría incorporando los archivos de audio de la memoria externa aportada por Federico, y que no sabe si entre ellos están los difundidos por los medios.
Más allá de las objeciones, los peritos de Gendarmería avanzarían con los análisis del contenido de ese material. Se trata de una fuerza subordinada al Ejecutivo y que ya ha dado muestras de prestancia para embarrar causas judiciales, por lo que el análisis comparativo podría demorar todo lo que sea necesario.
Mientras tanto, la Cámara Federal debe analizar la situación de Spagnuolo, procesado (sin prisión preventiva) junto con otras 18 personas por los delitos de asociación ilícita, cohecho, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Los procesamientos se dictaron sobre la base de gran cantidad de prueba documental y de teléfonos celulares, pero no hubo referencias a las grabaciones.
La Cámara, integrada a priori por Roberto Boico y Eduardo Farah, debe determinar si confirma o no los procesamientos. Si ambos jueces no concuerdan en una misma postura, la sala deberá completarse con un subrogante, que podría ser alguno de los flamantes camaristas designado la semana pasada, Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi.
Fuente: P12