Por Manuel Barrientos
El barro del río se le mete a Andrés Guacurarí entre los dedos de los pies. Lleva una orden escrita por quien lo adoptó como hijo: José Gervasio Artigas. Hacer que los más infelices sean los más privilegiados. Conoce cada huella de la selva misionera antes de que los mapas coloniales tengan nombre. Un grupo de hombres lo sigue. Recupera Candelaria, Santa Ana, San Ignacio y Corpus. En los pueblos restablece la autoridad de los cabildos indios, elimina la esclavitud, reparte las tierras. Las familias patricias se niegan a compartir su mesa.
El 24 de junio de 1819 el agua del río Uruguay corcovea por el viento. El Comandante Andresito busca cruzar hacia la otra orilla para reagrupar las fuerzas castigadas por la infantería portuguesa. El chasquido de los fusiles interrumpe el paso. Los soldados imperiales le atan las muñecas a la espalda y lo envuelven en un pellejo de cuero fresco. Que le aprieta las costillas, que le corta la respiración.
Lo llevan hasta Porto Alegre. De ahí al presidio de la Ilha das Cobras, en la bahía de Guanabara. El Imperio no registra su nombre en las listas de bajas ni escribe un acta de defunción. Tal vez los guardias lo tiraron al agua profunda. Nadie sabe dónde está su cuerpo. Aún hoy.
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El colocador de azulejos y mosaicos Joaquín Penina no come carne. No fuma. No bebe alcohol. Sostiene el aliento sobre el altillo de la calle Salta al 1581. La humedad de la ciudad de Rosario entra por las hendiduras de las chapas. Sobre la mesa de pino hay un mimeógrafo trabado desde hace dos meses. A las nueve de la mañana del 9 de septiembre de 1930, rompen la puerta. Tres días antes las fuerzas armadas tomaron el poder central. Quieren barrer cualquier vestigio de propaganda ácrata. Penina junta dos galletas marineras y una manzana de la alacena. Conoce las comisarías desde la marcha por Sacco y Vanzetti. Espera volver a dormir en su catre al día siguiente.
El teniente coronel Rodolfo Lebrero firma la resolución sin mirarlo a los ojos. A las diez y media de la noche, lo suben a la caja de un camión militar. El diario La Capital ya tiene escrita la noticia que aún no se concretó. En los bolsillos de la chaqueta de abrigo lleva las galletas secas y un giro por cinco pesetas destinado a su hermano en Gironella.
Frenan trescientos metros después de cruzar el puente sobre el arroyo Saladillo. Lo bajan hacia la barranca. Penina queda de pie frente a las sombras de las bayonetas. Alcanza a gritar “Viva la anarquía” antes de que suenen los primeros disparos. Cuatro conscriptos tiran el cuerpo en el cementerio en un cajón de pino sin cepillar, lo cubren bajo la sigla de NN.
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Felipe Vallese tiene 22 años y los dedos endurecidos por el trefilado de alambres en la fábrica TEA. El 23 de agosto de 1962 se despide de su hermano y avanza bajo los perfumes de la noche. Porta el cansancio de la asamblea y una proscripción que lleva siete años. Ocho hombres de civil saltan a la vereda y arrastran al delegado de la UOM hacia la caja de una Estanciera.
Vallese grita auxilio. El cuerpo cae seco sobre las baldosas. El motor acelera por Caballito. En la Comisaría Primera de San Martín, el interrogatorio busca doblegar a la Juventud Peronista.
Las oficinas del Ministerio del Interior niegan el arresto y archivan los reclamos presentados por los abogados del gremio. En los registros oficiales del Estado no hay ficha de entrada ni acta de traslado. Los compañeros reclaman: “Un grito que estremece: Vallese no aparece”. Su cuerpo nunca llega a la morgue ni a la fosa común.
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La suspensión de las garantías legales en un estado de derecho suele escribirse como un remedio de excepción. Se supone una pausa transitoria de las reglas para proteger la existencia misma de la norma. Pero si la excepción se transforma en un punto fijo, la ley se extingue. Los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio instalados en la Argentina durante la década del setenta operaron y buscaron esa garantía de impunidad.
El esfuerzo de quienes estaban desaparecidos consistía en no dejar de ser una persona. Aferrarse a recuerdos del mundo exterior. Medir los sesenta segundos del minuto, las veinticuatro horas del día y la sucesión de las semanas.
La desaparición forzada apuntó al borramiento de las trayectorias políticas y a la neutralización de los lazos de parentesco. Pero la búsqueda de los familiares ocupó la calle.
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Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. El reclamo impulsado por la Federación Latinoamericana de Familiares (FEDEFAM) en 1981 derivó, años más tarde, en la Convención Internacional que fijó el derecho inalienable a conocer la verdad y clasificó la desaparición como un crimen de lesa humanidad de carácter permanente. El Código Penal argentino incorporó la figura en 2011.
Albañil de Los Hornos, militante peronista, Jorge Julio López sobrevivió a los calabozos del circuito Camps. Tres décadas después, su declaración ante los tribunales señaló la responsabilidad directa de Miguel Etchecolatz. El 18 de septiembre de 2006, un día antes de que se pronunciara la sentencia a perpetua contra el excomisario, López salió de su casa a pie. La estructura policial que operó en la dictadura demostró su capacidad de daño en plena democracia. ¿Dónde está? La pregunta permanece abierta junto a los reclamos por los treinta mil.
La Madre de Plaza de Mayo Vera Jarach sufrió las persecuciones antisemitas del fascismo a su familia durante la infancia en Italia; la deportación y el asesinato de su abuelo en Auschwitz; la desaparición de su hija Franca por la dictadura argentina en 1976. Con el pañuelo blanco sobre la cabeza, repetía que la memoria debe ser una advertencia concreta contra el silencio: lo que ocurrió una vez cuenta con los materiales para volver a repetirse si la sociedad opta por mirar hacia un costado.
Fuente: P12