Por Txaro Goñi

La violencia contra la mujer es una derivada del sistema patriarcal que subordina de forma estructural a la mujer y que presenta multitud de dimensiones, siendo la económica una de ellas.

El 25 de noviembre se celebra el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una de las diversas violencias que sufrimos las mujeres es la violencia económica. Es cierto que otros colectivos, como jóvenes o personas con edad avanzada, sufren también este tipo de violencia, pero como en otros muchos ámbitos, el hecho de ser mujer agrava y crea violencias específicas. Hay que tener en cuenta que la violencia contra la mujer es una derivada del sistema patriarcal que subordina de forma estructural a la mujer y que presenta multitud de dimensiones, siendo la económica una de ellas.

Dentro del ámbito de la pareja, por ejemplo, aparecen violencias relacionadas con el hecho de controlar los gastos y la gestión financiera de las mujeres, usurpación de su identidad, limitación del acceso a la información de las finanzas familiares o control de su desarrollo profesional. Esta violencia se produce también cuando se esconden los bienes patrimoniales o se utiliza el dinero para obligar a la mujer a mantener la relación con su maltratador. Este tipo de violencias pueden seguir después de la ruptura con el agresor, mediante el impago de la pensión de alimentos a los hijos e hijas o la dilatación de los procesos judiciales.

La acreditación de esta violencia económica es difícil ya que no existe, como ante una violencia física o psicológica, un certificado médico o un dictamen pericial que la certifique. Sin embargo, es más frecuente y con unas consecuencias más graves de lo que parece. Compromete la dignidad de la mujer. En sentencia del año pasado ya se fundamentaba de forma razonada la necesidad de modificación del Código penal en materia de violencia económica, pidiendo la tipificación de la violencia económica como un tipo de violencia machista de acuerdo al Convenio de Estambul.

La acreditación de esta violencia económica es difícil ya que no existe, como ante una violencia física o psicológica, un certificado médico o un dictamen pericial que la certifique.

Evidenciar y señalar las distintas violencias contra la mujer es un punto de partida, pero si no se trabaja y se regulan soluciones, no se puede avanzar en la consecución de una sociedad igualitaria y justa para todos sus miembros. Es necesaria una protección real. Se necesitan plazas de acogimiento urgente y alojamiento temporal que permitan un mejor acompañamiento psicológico de estas mujeres, personal especializado que ayude con temas administrativos y su inserción en el mercado laboral. La educación y sensibilización a profesionales de la judicatura, colegios de notarios, bancos, empresarios, es un trabajo básico para avanzar. Su compromiso para actuar con sensibilidad ante estas violencias, en aspectos tan sencillos como el pago de salarios o dinero procedente de venta de inmuebles en la cuenta personal de las mujeres que sufren estas violencias o permitir la adopción de medidas de protección financiera para ellas, es imprescindible. También la administración tiene su papel. Recordar que la primera sentencia en el Estado español en la que se obliga a la impartición de justicia con perspectiva de género, es una resolución relativa a una víctima de violencia de género a la que se le había denegado la pensión de viudedad. Se puede hablar también de una violencia institucional contra la mujer.

Pero la violencia económica no sólo se percibe en el ámbito de la pareja, se extiende a otras esferas de la sociedad. En el ámbito laboral, la discriminación salarial constituye una agresión continua a la vida de las mujeres y a su economía. Se distingue una discriminación salarial a priori, por la existencia de factores que condicionan el acceso al mercado laboral en las mismas condiciones que los hombres y una discirimación salarial a posteriori, cuando la mujer ya ha accedido a ese mercado laboral. Se infravalora el trabajo realizado por las mujeres tanto económica como socialmente. Baste sólo con un ejemplo de los muchos que se pueden referir; con datos del INE para 2019 el salario medio bruto era de 21.682,02.-€ para una mujer frente a los 26.934,38.-€ para un hombre. Otra vez aquí se compromete la dignidad de la mujer. La discriminación salarial es una realidad dificil de solucionar y que interpela a todos los sujetos sociales a una auténtica actitud de cambio. Bajo la apariencia de neutralidad, se producen perjuicios en las percepciones salariales de las trabajadoras cuyas consecuencias se dan tanto a lo largo de la vida activa como al alcanzarla jubilación.

Bajo la apariencia de neutralidad, se producen perjuicios en las percepciones salariales de las trabajadoras cuyas consecuencias se dan tanto a lo largo de la vida activa como al alcanzar la jubilación.

Es cierto que la discriminación directa ha quedado superada. Está ampliamente aceptado que a mismo trabajo, mismo salario. Sin embargo, la discriminación indirecta no se ha vencido. Cuando los trabajos son diferentes pero tienen el mismo valor, la retribución de quienes los desempeñen debe ser la misma, sin considerar las diferencias de género. Pero en la valoración de los puestos de trabajo persisten los prejuicios a la hora de decidir y valorar los factores a tomar en consideración. El registro obligatorio de salarios y auditorías salariales, así como los criterios a valorar en los sistemas de clasificación de los puestos de trabajo, que vienen regulados desde el año 2021, son una herramienta  disuasoria de esta descriminación retributiva.

La sociedad capitalista no sólo infravalora el trabajo remunerado que realiza la mujer, todo el trabajo de cuidados y reproductivo parece tener valor cero en nuestra sociedad. Este trabajo, impuesto a las mujeres, ha sido invisibilizado en el estudio de la realidad de tal manera que ni tan siquiera tenemos claro cómo podríamos incorporar su valor en el PIB nacional.

El diagnóstico de la realidad es un primer paso, pero desde nuestras organizaciones nos preguntamos muchas veces si es posible ir más allá. Podemos caer en el fatalismo. Parece que exista una fuerza superior que conecta unos problemas con otros haciéndolos irresolubles. No podemos dar solución a un problema sin que aparezca otro que hay que solucionar antes. Sin embargo, ese desaliento, esa frustración, no es buena para la transformación social.

Nuestra realidad es compleja, enredada en múltiples crisis que se superponen unas a otras, pero si no anteponemos la vida a la lógica heteropatriarcal, capitalista y colonial que rige en la actualidad, no podremos avanzar en el desarrollo de una sociedad más próspera para todos y todas. No basta con denunciar y hacer visibles estas violencias, tenemos que propiciar espacios y procesos participativos de hombres y mujeres, donde se fomente el diálogo positivo para lograr resolver las desigualdades. Educar para la transformación social, para transitar a otro modelo menos violento, es una forma de generar los cambios que buscamos.

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