La Justicia de Puerto Madryn hizo caso a un amparo judicial presentado oportunamente para frenar el canje de tierras de 9 hectáreas estratégicas frente al mar para pagar la deuda del municipio con el ISSyS, monto que asciende a 174 millones de pesos.
Así lo confirmó el Juzgado Laboral N° 2, quien aceptó el amparo judicial presentado por el partido Unidos Organizados y la Fundación Patagonia Natural, y suspendió el convenio hasta la sentencia judicial definitiva.
Según interpretó la justicia en primera instancia, el acuerdo entre el municipio de Puerto Madryn y el ISSyS estaría violando el artículo 233, inciso 10 de la Constitución Provincial que afirma: “Enajenar o gravar los bienes del dominio municipal. Tratándose de inmuebles se requieren dos tercios de los votos del total de los miembros de su cuerpo deliberativo, debiendo las enajenaciones realizarse en pública subasta o mediante ofrecimiento públicos. La ley orgánica de municipalidades reglamenta las condiciones de adjudicación de las tierras fiscales”. También violaría el artículo 210 de la Carta Orgánica Municipal.
Este freno al convenio hasta obtener sentencia definitiva podría traer complicaciones para el municipio, dado que estaría en juego la prestación de los servicios por parte del ISSyS dentro de un contexto políticamente caótico y socialmente delicado. Se sabe bien que los tiempos de la justicia no son los mismos que los tiempos de la política. Y la gestión de Sastre corre el riesgo de sufrirlo en carne viva.