Por Christian Masello

Los representantes indígenas que intervienen en la mesa de diálogo por el conflicto de Villa Mascardi, ante la postergación del encuentro con funcionarios nacionales que se iba a llevar a cabo el martes 9 de mayo en Buenos Aires, el cual, ahora, en teoría, se realizaría el 1 de junio, le enviaron una carta al presidente Alberto Fernández, quien, justamente, convocó a ese espacio de conversación en pos de arribar a una pronta solución a la cuestión. 

La misiva comienza: “Escribimos esta carta como Comitiva Mapuche Tehuelche en defensa del rewe (sitio sagrado) de machi (autoridad espiritual y especie de sanadora, en referencia a Betiana Colhuan Nahuel, una de las cuatro mujeres que permanecen con prisión preventiva domiciliaria), ubicado en el territorio de la lof Lafken Winkul Mapu. Quienes conformamos esta Comitiva somos autoridades ancestrales del Pueblo Mapuche Tehuelche –longko, pillan kushe, lawentuchefe, werken, entre otros– y miembros de comunidades y organizaciones mapuche tehuelche de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut”.

Tras esa presentación, se hace un repaso de los acontecimientos según el punto de vista de quienes acompañan a la citada lof. Así, se expone: “El 12 de diciembre de 2022, usted recibió a esta Comitiva y conoció sus relatos sobre lo que significó la aplicación de la violencia estatal, a través de sus fuerzas de seguridad, sobre una pequeña comunidad conformada por niños y niñas, ancianos y ancianas, mujeres y hombres. También le contamos acerca del dolor que sentimos, como miembros del pueblo mapuche tehuelche, al ver militarizado el rewe de la machi Betiana Colhuan Nahuel. Como le dijimos en aquella oportunidad, la aparición de una machi en una comunidad debería haber sido un hecho común y corriente para nuestra cultura, sin embargo, no lo es. No lo es por el intento de genocidio que llevó a cabo el Estado argentino en los años en que vivían nuestros abuelos y abuelas”. 

De esa manera, le señalan al mandatario que, en aquella jornada de diciembre, él dispuso la creación de un espacio de encuentro. En tal sentido, manifiestan que, «para llevar a cabo la apertura de una mesa de diálogo», Fernández instruyó a la Secretaría de Derechos Humanos para que actuara a manera de «institución articuladora», como así también que se formalizara «el nombramiento de la presidencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que hasta ese momento continuaba acéfalo».

Además, en la carta, recuerdan que el presidente indicó que se estableciera «un cronograma con las próximas fechas de encuentro», y que, a los sesenta días de aquel 12 de diciembre, los referentes mapuches deberían volver «a Casa Rosada a evaluar cómo había resultado el proceso de discusión de esta mesa”. 

“Las reuniones subsiguientes fueron inéditas en el trato entre Estado y pueblo mapuche tehuelche, en tanto pudimos discutir y abordar cada uno de los temas con respeto, tolerancia y siempre tratando de que las diferencias de cultura no sean un impedimento para discutir políticamente”, aprecian los referentes de pueblos originarios en el texto que le enviaron a Alberto Fernández. 

“Tal como usted dispuso, en la mesa de diálogo participaron la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Seguridad, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Ministerio de la Mujer, la presidencia de Parques Nacionales y nosotros como Comitiva. Esta mesa fue acompañada en todos sus encuentros por veedores de diversas organizaciones de Derechos Humanos que se conformaron como Comisión de Resguardo y Seguimiento”, se lee en la carta. 

“Como resultado de la segunda reunión de la Mesa de Diálogo –realizada el 10 de febrero del 2023, en San Carlos de Bariloche– se acordaron de manera unánime diferentes puntos, leídos públicamente por la Secretaría de Derechos Humanos, sobre la ejecución de la restitución del rewe”, indica la misiva, que, aludiendo a un encuentro que nunca se concretó, prosigue: “La mesa estableció ese mismo día que el 24 de febrero se volvería a reunir para firmar el acuerdo”.

“El desarrollo de esta mesa de diálogo tuvo repercusión nacional e internacional, puesto que, por primera vez, el Estado dejaría de utilizar el Código Penal para resolver un conflicto territorial con los pueblos indígenas”, aprecia el texto, donde también se considera que “se trataba de una discusión política y madura que auguraba un final prometedor para la coexistencia democrática entre diversos actores políticos”, aunque luego se sostiene: “Sin embargo, ya pasaron ocho meses desde aquel violento desalojo (apuntando al accionar estatal del 4 de octubre de 2022 en Villa Mascardi), y la mesa no se volvió a reunir desde febrero, porque, de manera unilateral, las instituciones estatales fueron aplazando fechas”.

“Pu lamuen (nuestras hermanas) siguen detenidas junto a sus niñas y niños, el resto de la comunidad continúa en una incertidumbre jurídica y el rewe sigue militarizado para negarnos la posibilidad de su cuidado y protección, en un estado de progresivo deterioro”, prosigue la carta, donde, a la vez, se opina que, en tanto, “un pequeño sector de empresarios y políticos celebra en los medios de comunicación y en discursos públicos esta postergación”.

“Puesto que ya han transcurrido más de sesenta días, solicitamos una reunión con usted, para evaluar con mayor profundidad el resultado que ha tenido esta mesa de diálogo que usted ha propiciado”, concluye la misiva, escrita en Bariloche, ciudad que los firmantes ubican en “Puelmapu”, es decir, como los indígenas denominan al territorio al este de la cordillera de los Andes que juzgan mapuche.   

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