Por Cami Diaz
Junto con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se sancionó la ley nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocido también por el nombre «Plan de los 1000 días». Si bien la primera opacó un poco a la otra, ambas son fundamentales para ampliar derechos.
El proyecto se debatió después de la sanción del aborto legal y fue convertido en ley por unanimidad, luego de más 12 horas de discusión. La nueva legislación fue emitida por el Poder Ejecutivo y apunta a reforzar la asistencia sanitaria de las personas gestantes, así como también la de sus hijes hasta los tres años de vida.
La iniciativa está basada en un esquema que rige en la provincia de San Juan y se propone acompañar, proteger y apoyar integralmente a embarazades, puérperes y recién nacides. Consta de cuatro etapas: el embarazo (desde la concepción), los primeros 6 meses de vida, el primer año de vida y el segundo, durante el cual se destaca la alimentación complementaria. De esta manera, se busca «reducir la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos e hijas», afirma la abogada Nicole Quinteros.
A su vez, el plan establece una nueva asignación por cuidado de salud integral, que consiste en el pago de una asignación universal por hijo (AUH) por año por cada niñe menor de tres años de edad que cumpla con el plan vacunatorio obligatorio y el programa sanitario nacional. Por otro lado, extiende la asignación universal por embarazo (AUE), que pasará de seis mensualidades a nueve, abordando la totalidad del período de gestación. Además, se amplía el pago por nacimiento y por adopción a las personas que reciben la AUH, quienes estaban excluidas de ese beneficio.
La provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y también para la primera infancia implica que tanto la persona gestante como su hije puedan adquirir medicamentos esenciales, vacunas, leche y alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez.
Al mismo tiempo, el plan prevé la creación del Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales, que tiene como objeto de garantizar el derecho a la identidad.
En cuanto a las políticas orientadas a prevenir y detectar de manera temprana situaciones de violencia de género y sexual, se busca también garantizar una intervención dentro del marco de atención sanitaria. Lo mismo está previsto para los casos de abusos en personas embarazadas, niñes y adolescentes.
«En aquellos casos en los cuales, en el marco de la atención sanitaria, se observen indicios o sospechas de posibles situaciones de violencia por motivos de género, el personal que interviene debe informar a las niñas, adolescentes, mujeres y otras personas gestantes sobre los derechos establecidos por la ley, los recursos de atención y denuncia existentes».
Además, establece que «las niñas, adolescentes, mujeres y otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género deberán recibir atención proveniente del área de salud mental, si así lo requiriera». Es decir que el plan contempla a la salud integral de las personas gestantes y de les niñes.
En esta misma línea, el personal deberá estar capacitado para disponer de información adecuada y desarrollar las competencias necesarias para poder cumplir con lo que establece la norma y que tanto las personas gestantes como sus hijes puedan recibir una atención de calidad. Por ello, todos los actores sociales que intervengan recibirán capacitación permanente.
La ley apunta a proteger a las mujeres de situaciones específicas de vulnerabilidad y a niñes que necesiten cuidados especiales durante sus primeros años de vida. Asimismo, serán tenidas en cuenta aquellas personas que cursen un embarazo de alto riesgo y personas gestantes en situaciones de violencia de género.
Si bien en el anteproyecto de ley se hace referencia únicamente a las mujeres, el presidente Alberto Fernández afirmó públicamente que su convicción es «que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad». De esa manera, se convierte en un proyecto que se complementa con la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), ya que ambas acompañan a las personas con capacidad de gestar en cualquiera de sus elecciones.
Fuente: Escritura Feminista