En momentos donde un pacto entre el Gobierno nacional y referentes indígenas que representan a la comunidad Lafken Winkul Mapu, desalojada de Villa Mascardi en octubre de 2022, pareciera próximo a firmarse –aunque surgieron dudas en las últimas horas ante posibles variaciones en la fecha–, el werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, consideró que el acuerdo, donde quedaría plasmada la entrega de tierras a la citada lof, “garantizaría la libertad de las lamiens (hermanas)”, en referencia a las cuatro mujeres que permanecen con detención preventiva domiciliaria, entre ellas, la machi (autoridad espiritual) Betiana Colhuan.
A su entender, así se desprende del marco regulatorio del Código Penal.
Carriqueo explicó que el convenio que se rubricaría apuntaría a “la devolución del rewe (sitio sagrado, ubicado en un predio de Parques Nacionales) y a diez hectáreas en lago Guillelmo (también zona de Parques Nacionales)”.
Sobre el último punto, es decir, el terreno que se destinaría a la comunidad, sostuvo: “Propusieron una veranada, que nosotros conocemos dónde está, aunque no se fue a ver el lugar”.
“Esa cantidad de hectáreas es insuficiente en el marco internacional y de acuerdo a lo que dice la Constitución Nacional”, aclaró el werken, pero, según indicó, “la comunidad aceptó porque prioriza la devolución del rewe, que es lo fundamental”. Igualmente, expuso que la cuestión puede ser tema de conversación, aludiendo a que, quizá, se dialogue en pos de conseguir más terreno.
Por otra parte, cuando se le consultó por las tres rukas (viviendas) que, en el principio de acuerdo al que se llegó el 10 de febrero en Bariloche, se había estipulado que se construirían junto al rewe, para la machi y su gente cercana, explicó que “todavía no están hechas”. A la vez, mencionó que, en el anterior encuentro, el Gobierno también manifestó que levantaría “oficinas del Estado Nacional cerca del lugar, pero no en los terrenos lindantes al rewe”.
En cuanto al reciente texto de Naciones Unidas dirigido al país, donde se hizo referencia a preocupación del organismo por la situación en Villa Mascardi, Carriqueo dio a entender que es probable que eso haya acelerado el accionar gubernamental y sostuvo: “Son recomendaciones que el Estado argentino debe cumplir, ateniéndose al marco normativo internacional”.
Igualmente, cabe mencionar que, si bien a la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro se le había comunicado, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que el encuentro para firmar el acuerdo sería el martes 9 de mayo por la mañana en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) o –en caso de que existieran inconvenientes con los pasajes hacia Buenos Aires– el miércoles; surgieron dudas al respecto. Incluso, el letrado Eduardo “Negro” Soares, de la Gremial de Abogados, que representa a tres de las cuatro integrantes de la Lafken Winkul Mapu con prisión preventiva domiciliaria, indicó que, desde el Gobierno, le habían manifestado que la reunión se pospuso para el 1° de junio.