Por Luciana Bertoia

En abril de 1988, seis hombres de traje entraron al Parlamento de Noruega cargando unas cuantas bolsas llenas de casetes de video. Los hombres en cuestión eran los seis jueces que entre abril y diciembre de 1985 habían juzgado a las tres primeras Juntas militares que sembraron la muerte y la desaparición en Argentina. Para entonces, estaban en plena vigencia las leyes de Punto Final y Obediencia Debida –que impedían el juzgamiento de los perpetradores de esos crímenes–, y ninguno de ellos continuaba en la Cámara Federal. El viaje a Oslo había perseguido un único objetivo: preservar las pruebas del juicio en un país en el que la corporación militar le respiraba en la nuca a la democracia. Treinta y cinco años después, Noruega envió una copia de ese material que se preservó en el Parlamento local, por iniciativa de la organización Memoria Abierta, para poder completar las declaraciones que estaban incompletas o dañadas en el país.

La composición de la Cámara Federal que juzgó a las Juntas se empezó a deshilachar a partir de 1986 cuando el gobierno de Raúl Alfonsín anunció que iba a instruir a los fiscales para no acusar a los cuadros inferiores. Después vinieron los golpes de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El tema sobre cómo resguardar la memoria del juicio se convirtió en un eje de conversación recurrente para Carlos Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Andrés D’Alessio, Jorge Torlasco, Jorge Valerga Aráoz y Guillermo Ledesma.

En una cena en la casa de Valerga Aráoz, surgió la idea de copiar los registros fílmicos que había hecho Argentina Televisora Color (ATC) y que estaban en el Palacio de Tribunales sin especiales condiciones de preservación. Para eso, los excamaristas contaron con el apoyo del penalista Bernardo Beiderman, que destinó 10.000 dólares de su bolsillo para la tarea de copiado, que, en ese entonces, no era nada barata.

Gil Lavedra consiguió un lugar cerca de Tribunales que podría ocuparse de la reproducción y Ledesma se ocupó de ir sacando los originales. Eran 147 videos registrados en el formato U-Matic, según reconstruye Gil Lavedra en su libro La hermandad de los astronautas, que fueron saliendo de cinco o diez para ser copiados. A través de Beiderman, se pusieron en contacto con la Fundación Penal y Penitenciaria Internacional, que gestionó que las copias se resguardaran en el Parlamento. Ellos mismos las llevaron hasta Europa, mezcladas entre sus pertenencias.

Las 530 horas de filmaciones originales del Juicio a las Juntas se preservaron en la Cámara Federal porteña. Durante muchos años, esos videos únicamente salían si alguna víctima pedía su testimonio o si algún medio requería imágenes para un documental. Se prestaba y se debía devolver rápidamente.  El excamarista Horacio Cattani fue quien con más dedicación se ocupó de que no pasara nada con ese material. Una vez, un exdetenido-desaparecido pidió llevarse un casete para copiarlo. Volvió a los tribunales de Comodoro Py pálido como un papel porque había olvidado la grabación en un taxi. La fortuna quiso –relató hace años Cattani– que el taxista lo encontrara, viera el rótulo y lo devolviera a la mesa de entradas de Tribunales.

En 2011, Memoria Abierta –una organización nacida en 2000 por decisión de los organismos de derechos humanos que buscaban preservar los archivos sobre lo sucedido en los años del terrorismo de Estado– firmó un convenio con la Cámara Federal porteña para digitalizar las 530 horas del juicio y dar acceso a quienes quieren consultar las declaraciones que se brindaron en el proceso a los excomandantes.

Sin embargo, advirtieron que había declaraciones que no estaban completas o que estaban dañadas. Así fue cómo surgió la idea de recurrir a la copia que estaba en Noruega para que la memoria de ese Juicio, que funciona como una de las piedras fundacionales de la democracia argentina, esté completa. En una ceremonia en la sede de Memoria Abierta en el Espacio Memoria y Derechos Humanos –exESMA–, el embajador Lars Ole Vaagen le hizo entrega a la directora ejecutiva de la institución, Verónica Torras, del material. Del encuentro también participó la secretaria general de la Cámara Federal porteña, Susana Echevarría.

Con la copia llegada desde Oslo se podrán completar declaraciones de sobrevivientes como Pablo Díaz (Noche de los Lápices), Víctor Basterra (ESMA), Lila Pastoriza (ESMA), Enrique “Cachito” Fukman (ESMA), Guillermo Fernández (Mansión Seré) o el sacerdote Orlando Yorio. También se podrá tener un registro acabado del testimonio que brindó la funcionaria estadounidense Patricia Derian –que jugó un rol clave en la denuncia de los crímenes de la dictadura argentina durante la administración de James Carter– o de Eduardo Rabossi, exintegrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y exsubsecretario de Derechos Humanos.

El proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad nos distingue en el mundo. Sin embargo, no existe dentro de la institución judicial, salvo excepciones, una clara conciencia de la envergadura del archivo de derechos humanos que este proceso ha ido construyendo en perspectiva de memoria histórica”, le dice Verónica Torras a Página/12.

Como marca la directoria de Memoria Abierta, el Poder Judicial ya no es depositario únicamente del acervo del Juicio a las Juntas sino de todos los procesos que se llevaron adelante desde la reapertura de las causas –y que cuentan con más de 1000 condenados–. “Creemos que el trabajo realizado en conjunto con la Cámara Federal en relación con el archivo del Juicio a las Juntas puede funcionar como caso testigo respecto de cómo es posible garantizar la preservación y el acceso a esta documentación, y cuáles son las articulaciones posibles entre Estado y sociedad civil, las tareas y los recursos que se requieren”, marca.

“Es necesario que el Poder Judicial reconozca la singularidad y valor histórico de la documentación reunida en estas causas, y avance en la formulación de un protocolo técnico que garantice la guarda, preservación, sistematización y acceso futuro a este archivo, y establezca las sanciones pertinentes para impedir su destrucción o falsificación”, reclama.

Fuente: P12

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