Por Lula Grandón – Especial para Infoleaks.

A horas del próximo Paro Internacional de Mujeres y en la cuenta regresiva para la octava presentación del proyecto de ley de aborto en el Congreso, la historia de Lucía, la niña de 11 años que quedó embarazada tras ser violada por la pareja de su abuela en Tucumán, conmovió a todo el país. Leyes que existen pero que arbitrariamente se incumplen, corporativismo y religión son apenas algunas de las aristas que asoman detrás de esta aberrante vulneración de derechos

En términos institucionales, podríamos decir que Tucumán es una provincia coherente, dado que en sus establecimientos educativos no se incluye la Educación Sexual Integral en la currícula pero, en cambio, sí se enseña religión. Además, es la única provincia del país que no adhirió a la Ley de Salud Reproductiva. Un parejo y sólido entramado que sirve de sostén para la violación de derechos humanos reconocidos por leyes, normativas y tratados por parte de autoridades que hacen oídos sordos al reclamo y la movilización social.

Celia Debono es integrante de CLADEM Argentina (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres). Desde Tucumán nos contó cuál fue el acompañamiento que brindaron a Lucía y su familia: “Nosotras sabíamos que este caso no se tenía que judicializar porque, como dice el fallo F. A. L., cuando llegan estos hechos ante el sistema provincial de salud, tienen que actuar conforme lo ordena el protocolo. Y uno de los requisitos es justamente no judicializarlo. Como nosotras no teníamos acceso a ninguna información oficial y en el hospital tampoco podíamos acceder a lo que estaba pasando con la niña, nos presentamos ante la jueza con un Amicus Curiae.”

Según la información que nos suministraron desde la organización de mujeres, fue a raíz de esa gestión, el 25 de febrero de 2019, que la familia de la niña Lucía se puso en contacto con CLADEM Argentina y ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste en derechos humanos y estudios sociales, otra organización de  Tucumán),  para que les representen legalmente y les acompañaran durante este proceso. “Nos encontramos con una madre desorientada, con mucho miedo, sin saber qué es lo que efectivamente iba a pasar con su hija y solicitando ayuda urgente para que se pudiera resolver la situación que las atormentaba. Esa situación era el embarazo de Lucía. Querían la interrupción de ese embarazo”, relatan.

Tras el Amicus Curiae, presentaron una carta documento en la cual intimaban al SIPROSA (Sistema Provincial de Salud) a proceder conforme las leyes vigentes. La niña se encontraba claramente en las situaciones descritas en los incisos 1 y 2 del artículo 86 del Código Penal, ya que corría peligro su salud, tal como indicaban los informes socio-ambientales y médicos que se habían realizado en el sistema, y porque el embarazo era producto de una violación. La respuesta de la Justicia no tardó en llegar. La jueza dio luz verde a la presentación y envió un oficio al SIPROSA ratificando que no correspondía la judicialización y obligando a proceder conforme lo establece el fallo F.A.L..

 

La estrategia antiderechos

 

“Hasta ahí es la actuación judicial”, explica Debono. “Pero, ¿qué pasó? El comunicado que emite después el SIPROSA dice que la jueza había dicho que procediera como indica el fallo F. A. L. y que se salven las dos vidas. O sea, habrían agregado esa interpretación.”

Tal como se informó en numerosos medios de comunicación, tras las dilaciones y la obstrucción del aborto no punible, finalmente se decidió someter a Lucía a una cesárea. La práctica estuvo en manos del doctor José Gijena y la doctora Cecilia Ousset. El comunicado de CLADEM al que tuvo acceso Infoleaks detalla que el martes 27 de febrero de 2019, el facultativo recibió una llamada amenazante diciéndole  que iba a pagar caro lo que estaba por hacer. Luego, en horas de la mañana del mismo día, el Dr. Vigliocco (médico, Secretario Ejecutivo del Sistema Provincial de Salud) lo contactó telefónicamente para pedirle que practicara la ILE a Lucía. Durante todo el día tuvo comunicación con la Ministra de Salud y las autoridades  del Ministerio. Sin embargo a partir de las 16 horas dejaron de atenderle el teléfono. Nadie sabía si la práctica efectivamente se realizaría. Finalmente, a las 21:00 se tomó la decisión de realizar el aborto.

Según el relato del doctor Gijena, concurrió junto con la Dra. Cecilia Ousset como acompañante al Hospital del Este, en donde se encontraba internada la niña, para realizarle la ILE. La doctora Ousset, esposa de Gijena, es objetora, pero como los hechos fueron distintos a lo previsto terminó instrumentando la cirugía para poder llevarla a cabo. Es que al ingresar al quirófano todo el personal médico se declaró objetor: el anestesista, la instrumentadora quirúrgica y la jefa del departamento de tocoginecología del hospital. Por este motivo, además, debieron convocar en forma urgente a un anestesista de otro nosocomio.

En Tucumán hubo un gran hermetismo respecto al caso. La información que Gijena y Ousset tenían al momento de entrar al quirófano era lo que se podía leer en medios nacionales, más algunos datos que les llegaban a través de la Red de Profesionales de la Salud de la que forman parte, pero en definitiva eran todas noticias extraoficiales o trascendidos. El diario local de mayor tirada de la provincia, “La Gaceta”,  no publicaba nada sobre Lucía. Parecía que se trataba de algo oculto, que no  se podía hacer. Sin embargo, creyeron posible una interrupción legal del embarazo. Pero al llegar al hospital y ver a la niña advirtieron que no podían realizar el aborto. Lucía tenía una complexión pequeña, un cuerpo infantil. Las autoridades del Ministerio de Salud habían mentido. Les habían dicho que era una niña de complexión grande. Además, su presión sanguínea era alta y tenía preeclampsia.  Era imposible someterla a una ILE porque corría peligro su vida. Fue en ese momento que Gijena le explicó a la niña y a la madre que el procedimiento debía ser por vía abdominal.

Afuera, grupos antiderechos comenzaban una vigilia.

 

Niña, no madre

 

Lucía llegó por primera vez al sistema de salud pública de Tucumán tras varios intentos de suicidio y en enero supo que estaba embarazada. “Quiero que me saquen lo que me puso adentro el viejo”, dijo. El aborto que reclamaba está considerado no punible por el Código Penal de la Nación (art. 86) vigente desde 1921. Sin embargo, el Estado le negó ese derecho y la obligó a continuar con la gestación. El mismo Estado que debe garantizar el cumplimiento de sus propias leyes, las desobedeció. Mediante todo tipo de maniobras, funcionarios y funcionarias presionaron a la familia y a la niña para no llevar adelante la ILE (Interrupción Legal del Embarazo), judicializaron su caso pasando por alto la jurisprudencia (fallo F. A. L.), expusieron su identidad, violando también la Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Hasta ahora, solo la fiscal de Instrucción, Adriana Giannoni, es investigada por coacción a pedido de la diputada nacional Teresita Villavicencia, para que se defina qué injerencia tuvo en la obstrucción del aborto de  Lucía. Al resto de los funcionarios involucrados, por ahora, solo los alcanza la denuncia pública. Cuando le preguntamos a Celia Debono si CLADEM presentó alguna denuncia formal, la respuesta fue contundente: “Para eso hay tiempo. Ahora estamos enfocadas en Lucía y su mamá.”

¿Cómo está Lucía?

Ella está bien.

 

Nota

De acuerdo a datos publicados por la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, en 2017 nacieron 2.493 bebés de niñas menores de 15 años en Argentina. Un 3% más que en 2016. En las provincias del norte, los valores oscilan entre los 29 y 45 bebés por cada mil niñas o adolescentes.

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