Por Mario Hernandez
Massa hizo lo que Guzmán quiso, pero no pudo. Desde que en julio asumió la conducción centralizada de la política económica, el gasto primario tuvo una contracción real del 19 % interanual.
El Fondo Monetario Internacional aprobó el jueves pasado la tercera revisión trimestral sobre Argentina y desembolsó U$S 6.000 millones para pagar vencimientos del préstamo stand by que tomó Macri. “Las políticas macroeconómicas más estrictas desde julio están comenzando a dar frutos: la inflación se está moderando, la balanza comercial está mejorando y la cobertura de reservas se está fortaleciendo gradualmente”, planteó el comunicado del Directorio del organismo.
La aprobación del FMI a la gestión de Sergio Massa está explicada principalmente por el éxito en reducir aceleradamente el gasto fiscal. Y no sólo por eso, también hacerlo con el aval de las dos principales coaliciones políticas, es decir, de todas las alas al interior del Frente de Todos, y el de Juntos.
De acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que analiza la ejecución presupuestaria de este año, “en los últimos cinco meses los gastos primarios cayeron 18,8% año contra año, lo que contrasta con la suba de 12,5% del primer semestre”.
Más concretamente, el gasto en julio cayó 11,5% interanual, en agosto 20,4%, en septiembre 15,9%, en octubre 16,8%, hasta llegar a la caída récord de 27,7% en noviembre.
De esta forma, si bien en los primeros seis meses el gasto era creciente, el resultado acumulado a noviembre en los 11 meses del año es de un recorte del 5 % respecto al mismo período del año anterior, según OPC. Y en la primera semana de diciembre el gasto cayó 52 %, según la consultora Analytica.
Por otro lado, los intereses de deuda pagados en noviembre crecieron 20 % interanual, en el acumulado del año aumentaron 1,9% y ya absorben 1,6% del PBI.
Las consecuencias de este recorte recaen sobre las condiciones de vida de las mayorías. En primer lugar, porque el ajuste en las partidas sociales significa menos bienes, servicios e ingresos para un conjunto amplio de la población que sólo puede acceder a servicios públicos necesarios para su vida como educación, salud, vivienda, infraestructura, o también prestaciones y haberes del sistema de seguridad social y asistencia estatal alimentaria y de ingresos. Así también, para los trabajadores que dependen del Estado y ven recortados sus salarios.
Por ejemplo, de acuerdo a OPC en el acumulado a noviembre en contraste con el mismo período del año pasado hay partidas sensibles que se vieron reducidas en relación a la inflación, como las erogaciones en Políticas Alimentarias (-5,2 %) “debido a que la actualización del valor de la Tarjeta Alimentar estuvo por debajo de la variación de precios”.
Así también, la Asignación Universal por Hijo (-11 %), “debido a que los impactos de la fórmula de movilidad resultaron inferiores a la inflación”. Esto también repercute directamente en todas las prestaciones que brinda la Anses, como las jubilaciones y las pensiones que perciben 6 millones de jubilados y otros 1,5 millones de beneficiarios de pensiones no contributivas. Según cálculos de La Izquierda Diario, los haberes mínimos se derrumbaron un 10 % en los últimos tres años (sin considerar bonos).
Es por ello que a pesar de los 6 bonos otorgados en el año y del incremento en la cantidad de beneficiarios, las jubilaciones y pensiones apenas tuvieron una variación de 1,2 % y las Pensiones no contributivas 1,1 %.
Tarifazos: los subsidios energéticos tuvieron una reducción de 1,9 % interanual, lo que el gobierno buscó trasladar a usuarios con el esquema de tarifas segmentadas. Así también, las Transferencias a las Provincias se recortaron 7,7 %, entre las cuales se destaca una disminución de 29 % de las transferencias a las Cajas provinciales previsionales (presionando así por la reducción de los haberes jubilatorios de regímenes provinciales), y las transferencias a hospitales provinciales (-14,1 %).
El informe destaca otros ajustes de partidas del gasto aún más pronunciados de -8,1 % en Inversión real directa, -21,5 % en Inversión financiera, de -31,1 % en bienes y servicios, -41,5 % en Transferencias de capital (destinadas a Fondos Fiduciarios, Empresas Públicas y Provincias), Otros gastos corrientes -51,8 % y -54,4 % en Otros subsidios.
En segundo lugar, el ajuste está apoyado fuertemente en la caída de los salarios. Ya no sólo de los empleados públicos para reducir el déficit fiscal, sino en un plano más general de deterioro del poder adquisitivo ante la inflación crónica. El salario real de los trabajadores registrados cayó 5 % en octubre en su comparación interanual, alejándose aún más de la posibilidad de recuperar algo de lo perdido con el macrismo, tal la promesa del Frente de Todos.
Y por último, no deben subestimarse las consecuencias del ajuste fiscal sobre la actividad económica. Menos bienes y servicios, menos inversión, aporta a la desaceleración económica que ya acumula dos meses consecutivos de variaciones mensuales negativas. De acuerdo a un informe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), esta política está impactando en diversos sectores de la economía real, como en el consumo, en donde se mantiene una dinámica caracterizada por el estancamiento y caídas de ventas en los últimos cinco meses. El freno en la actividad implica a la larga menor generación de empleo.
El empleo no registrado subió al 37,4% en el tercer trimestre del año
La precarización laboral empeoró, así lo confirma el Indec que difundió los datos del mercado laboral. El 72,5% de la población ocupada es asalariada, y el 37,4% de esta no cuenta con descuento jubilatorio, es decir es informal. En el mismo período de 2021 este sector alcanzaba al 33,1%, esto significa que hubo un alza 4,3 puntos porcentuales.
Si se proyectan los datos de los 31 Aglomerados de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) a todo el país surgiría que los ocupados suman 20,9 millones, de los cuales 15,2 millones son asalariados. Del total de asalariados casi 6 millones son asalariados no registrados, hubo un incremento de más de 680.000 en un año. Si se considera al total de trabajadores (incluyendo trabajadores y profesionales por cuenta propia) se estima que hay alrededor de 8 millones de trabajadores informales.
En septiembre de este año el poder de compra del salario de los trabajadores informales bajó 14% en relación a diciembre de 2019, y en lo que va del año la merma es de 10%. La pérdida con respecto a octubre de 2016 es del 35%.
Según un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) uno de cada tres trabajadores ocupados es pobre. «El ciclo de estancamiento iniciado en 2014 provocó un incremento de la pobreza de ocupados, que llegó a 18,1% tras el estancamiento y el alza inflacionaria iniciada en 2016. A partir de la crisis de 2018-2019, profundizada por la pandemia de COVID19, la pobreza de trabajadores se ha instalado en un nuevo nivel, que en 2022 llegó a 29,8%», detalla el documento. En todo el país hay 17 millones de pobres, pero la elevada inflación anticipa que la pobreza aumentará.
La mitad de los asalariados gana menos de $ 70.000 por mes
En el tercer trimestre el ingreso medio de los asalariados fue de $ 83.310, apenas un tercio de lo que cuesta la Canasta Familiar y muy por debajo de la línea de pobreza. Para los trabajadores informales el ingreso medio fue de $ 45.981, menos de la mitad de lo que ganan los trabajadores formales.
Es importante tomar como referencia el costo de la Canasta de Ingresos Mínimos que calculan los trabajadores de la Junta Interna de ATE-Indec, está valuada en $ 227.392 en noviembre y $ 205.000 en setiembre, mismo mes de comparación que el informe del Indec del tercer trimestre.
En tanto que la línea de pobreza para un hogar de cuatro integrantes es de $ 145.948. Es decir, para la mayoría de los asalariados tener una ocupación no es suficiente para alcanzar el nivel de consumos mínimos para llegar a fin de mes. Cabe recordar que la Canasta de Pobreza que mide el Indec no incorpora otros gastos necesarios como el costo de un alquiler.
Brecha de género: considerando a toda la población con ingresos, el promedio medio individual fue de $ 83.755, con una brecha de 24,5 % entre varones y mujeres. Los primeros percibieron en promedio $ 95.609 por mes, en tanto que las mujeres ganaron $ 72.150.
En el caso de los ocupados (asalariados y no asalariados), la brecha de género se redujo de 25,3 % a 22,7 % entre el tercer trimestre de 2022 y el mismo período del año anterior.
Por su parte, el indicador que «mide» la distribución del ingreso personal, llamado Coeficiente de Gini, el Gobierno festejó que «mejoró», pasando de 0,441 en el tercer trimestre de 2021, a 0,424. Cuanto más bajo es el indicador, más «equitativa» es la distribución entre las personas que componen el universo encuestado, un universo que lejos está de abarcar a las familias más ricas, grandes empresarios y propietarios del país.
Aún con estos considerandos, el indicador expresa una importante concentración del ingreso en pocas manos. El 10 % de la población con mayor ingreso per cápita familiar concentró 31,3 % del total del ingreso 17 veces más que el 10 % de la población con menor ingreso, que apenas obtuvo el 1,9 % de la torta.
La Unidad Piquetera consiguió algunos avances en la pulseada con el gobierno
Después de todo un día de acampe piquetero, frente a Desarrollo Social en la Ciudad de Buenos Aires, funcionarios del mismo convocaron a la noche del jueves a una reunión a los referentes de la Unidad Piquetera. A esa hora ya había trascendido que la ministra Victoria Tolosa Paz, no estaba en el Ministerio ya que se hallaba haciendo campaña electoral por el interior del país.
La reunión fue más que tensa, ya que los funcionarios tenían poco para ofrecer y trataban de eludir compromisos. Los y las dirigentes de la Unidad Piquetera insistieron y plantearon que no se iban a ir del despacho con las manos vacías, todo esto mientras abajo, miles de piqueterxs armaban sus carpas para pasar otra noche en la calle, a pesar de la lluvia.
Finalmente, después de horas de deliberaciones se consiguió destrabar el tema de la entrega de alimentos, la activación de convenios que venían siendo cajoneados y una cita para el miércoles próximo con la «desaparecida» ministra que se ha convertido en el ariete principal de la embestida derechista del Frente de Todos contra los y las trabajadoras desocupados.
Una vez concluida esta prolongada reunión que culminó a la madrugada, la Unidad Piquetera decidió levantar el acampe, bajo una intensa lluvia, y tras una asamblea general donde los dirigentes del Polo Obrero, “Chiquito” Belliboni, de la Coordinadora por el Cambio Social, Charly Fernández y de Libres del Sur, Silvia Saravia, anunciaron los avances conseguidos.
Trabajadores de la salud
El lunes 26 de diciembre por la mañana tendrá lugar una nueva mesa técnica entre el gobierno y concurrentes de Asamblea CABA, luego de que los residentes porteños lograron torcerle el brazo a Larreta, conquistando un piso de salarial de 200.000 pesos.
En las últimas semanas se llevaron a cabo tres mesas técnicas entre delegados concurrentes de la Asamblea CABA, representantes de la Asociación de Médicos Municipales y de la Federación de Profesionales, y funcionarios del Gobierno de la Ciudad como Daniel Carlos Ferrantes, subsecretario de Planificación Sanitaria y Gestión en Red, y Laura Cordero quien es subsecretaria de Atención Hospitalaria.
Hasta el momento en dichas mesas técnicas las y los concurrentes obtuvieron algunas pequeñas mejoras en su situación de precariedad. Lograron una póliza de seguros de accidentes que cubre tanto el viaje al trabajo, así como también los accidentes que pudieran ocurrir dentro de los efectores de salud porteños. Algo similar a la cobertura de ART sin ser eso mismo, ya que la misma sería un elemento que reconocería la relación laboral entre concurrentes y el gobierno porteño; cuestión que aún sigue en disputa.
También se logró que dentro de los efectores porteños se reconociera la entrega de viandas para quienes realizan la concurrencia y pudieran tener así garantizada la alimentación mientras realizan sus tareas en el hospital. Desde el gobierno también plantearon la posibilidad de incorporar nuevos cupos de residencias por los puestos de concurrencias recortados en los últimos años, sin embargo, el gobierno continúa sin precisar la cantidad de los nuevos puestos ya que se excusa que eso debe ser evaluado junto con el ministerio de Hacienda porteño y de la posibilidad de las sedes. A la vez, el mismo Ferrantes esbozó que no se procedería con el cierre de los puestos de concurrencias existentes (por ahora) ya que no se logró avanzar en acuerdos con las universidades para la generación de los posgrados correspondientes. Es necesario que las y los concurrentes, junto a residentes y todo el equipo de salud que pelean por defender la formación en el sistema público de salud, exijan que esa afirmación se traduzca en un compromiso escrito por parte del GCBA en la próxima mesa a realizarse el lunes 26/12 porque “a las palabras se las lleva el viento”. Así como también continuar levantando el reclamo por salario por las tareas realizadas, ficha municipal para ser reconocidos dentro del sistema de salud e igualación del puntaje a la hora de concursos por cargos públicos.
La lucha de los residentes y concurrentes de la provincia de Buenos Aires está por entrar en la novena semana sin una respuesta favorable a los trabajadores por parte del gobierno de Axel Kicillof.
El viernes 16 se movilizaron nuevamente en una jornada de paro que arrancó con un corte sobre la Avenida Corrientes y Avenida 9 de Julio para luego marchar hacia la Casa de la provincia de Buenos Aires sobre la Avenida Callao en el centro porteño. Esta acción fue discutida por delegadas y delegados de la Comisión Provincial de Residentes( CPR) de distintas regiones y hospitales. Entre los presentes estuvieron distintas residencias de 13 hospitales del Conurbano, como el Hospital Eva Perón (Ex Castex) de San Martín, el Hospital Materno infantil de Tigre, y el Hospital de San Fernando, entre otros, centralmente de la región V de la zona norte.
El reclamo de los residentes y concurrentes de la provincia tomó mayor impulso tras el triunfo de la marea blanca de los residentes de CABA. En el centro político del país, miles de jóvenes llenaron las calles durante dos meses, de forma consecutiva, con 21 días de paro ininterrumpido. Le arrancaron paro hasta a los gremios que no se movilizan jamás, y así pasaron de cobrar 130.000 a 200.0000 pesos de bolsillo. Hoy las y los residentes de primer año en la provincia de Buenos Aires cobran 140.0000, y el objetivo es claro: un salario igual a la canasta familiar, calculada en 217.000 pesos, para todo el equipo de salud.
Uno de los reclamos que se hizo sentir en la movilización es la exigencia de paro a los gremios, especialmente a CICOP, y la representación de los residentes en la mesa paritaria que convocó el gobierno provincial para el martes 20. Ese día, los residentes volvieron a movilizar a La Plata y discutieron nuevas jornadas de paro en caso de obtener una negativa por parte del gobierno.
Corrientes se sumó a la “marea blanca” que se vive actualmente en todo el país, mediante la conformación de una Asamblea de Residentes, así como de sucesivas manifestaciones que tuvieron lugar durante el transcurso de la primera quincena de diciembre en la capital correntina. Además iniciaron una retención de servicios en reclamo de mejoras salariales.
“No confundas vocación con explotación”, rezaba uno de los tantos carteles que pudieron observarse durante la jornada de manifestación de médicos residentes que se vivió el lunes 12 de diciembre en la ciudad de Corrientes.
No solo en esa ocasión fue posible observar este tipo de consignas escritas, que reclaman mejoras salariales y de las condiciones de trabajo sino que estas también se hicieron visibles en las puertas de las salas de hospitales de la ciudad.
El reclamo se extendió y se procedió a una retención de servicios. Forma parte de una serie de medidas adoptadas por los residentes de la salud como respuesta a la precarización laboral que padecen. En esta lucha participan no solo médicos residentes de la capital correntina, sino también de otras localidades, y la misma está conformada a su vez por profesionales de distintas áreas de la salud: médicos, enfermeros, obstetras, psicólogos, bioquímicos, entre otros. Y muy importante: los ciudadanos de a pie pudieron brindar su apoyo al tratarse de una convocatoria abierta.
Los profesionales de la salud reclaman principalmente: recomposición salarial, ser reconocidos como trabajadores de la salud y mejoras edilicias y laborales.
Resaltan además el hecho de que la mayoría de los profesionales que atienden en hospitales son residentes, de ahí la importancia de que puedan trabajar en condiciones dignas y que deban contar con una retribución salarial también digna.
Se reconoció lo esencial de su labor durante la pandemia, en donde muchos de estos médicos pusieron en riesgo su propia vida en favor de la salud pública. Si bien su aporte fue aplaudido por toda la sociedad, esto no se tradujo en verdaderas políticas de parte del gobierno para su sector, ya que continúan trabajando en condiciones de precarización laboral y mal pagos.
Los diálogos y reuniones con las autoridades del ministerio de salud ya se habían iniciado el 18/11, justamente con la intención de lograr las mejoras antes mencionadas.
Se buscó llegar a un acuerdo “a través del diálogo”, como manifiestan los propios residentes, y se conformó la “Asamblea de residentes de la provincia de Corrientes”.
Ante la falta de respuestas favorables y la ausencia de una solución por parte del ministerio, decidieron visibilizar su lucha, buscando contar con el apoyo de la población.
Finalmente realizaron una marcha el pasado lunes 12/12, en la plaza Cabral situada en la ciudad de Corrientes. La misma contó con un gran apoyo por parte de la población correntina y altos niveles de convocatoria gracias a la difusión en redes sociales, en especial en su página de instagram: @asamblea residentes.ctes.
No obstante la lucha continúa, ya que finalizada la marcha, se decidió iniciar una medida de retención de servicio, la cual dio inicio este miércoles 14/12, y consistió en la presencia física en el establecimiento correspondiente sin prestar actividad laboral, salvo que fuera de extrema necesidad.
El viernes 16 desde las 21:00, profesionales de la salud jujeños se concentraron en el hospital materno infantil desde donde iniciaron la marcha de luces hacia la Casa de gobierno.
«Queremos un sueldo que esté acorde a estos tiempos de inflación. Es una segunda marcha donde los profesionales de la salud queremos informar cuál es nuestra realidad. Nos sentimos abandonados por las políticas de salud. Necesitamos el apoyo a esta causa, para que haya una Ley de salud, por el 82% móvil y aumento salarial «, informaron las y los trabajadores a través del megáfono mientras transitaban las calles céntricas de la capital jujeña.
Trabajadores afirman que si bien el martes 13 fueron recibidos por el ministro de Salud, no recibieron una propuesta clara sobre su situación.
«Es la primera vez del año que podemos lograr unión. Nosotros somos un sector que hace a veces entre 2 o 3 guardias pese al cansancio; hemos perdido colegas durante la pandemia, sin embargo este es el trato que se nos da. El gobernador dice que hay superávit, nosotros no manejamos los números de la provincia, pero si fuera como dice él entonces no hay voluntad política de resolver esta situación», comentaron trabajadoras al llegar a la plaza Belgrano, donde se realizó un cierre de la acción a micrófono abierto para que se expresen las y los trabajadores, donde también afirmaron que continuarán con las medidas diarias de «ruidazos» que realizan a las 10:00 en distintos hospitales.
Sutna
Desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina informaron que este martes martes 20 de diciembre la cartera laboral notificó el dictado de conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen con las fábricas Bridgestone, FATE y Pirelli. Desde el SUTNA confirmaron que decidieron acatar la medida del Ministerio por lo que quedaron sin efecto las acciones gremiales anunciadas para el miércoles 21 de diciembre. Ese día, a las 12:00, se llevó a cabo una nueva audiencia en la sede del Ministerio de la calle Alem.
Otro plan de lucha en el gremio del neumático contra el hostigamiento patronal
Por Alfonso de Villalobos
El SUTNA anunció un paro con movilización por las medidas persecutorias para el miércoles 21.
Fue el conflicto sindical más emblemático del año con un plan de lucha que duró cinco meses y una huelga que se sostuvo durante diez días hasta que el sindicato logró alzarse con gran parte de sus reclamos en los últimos días de septiembre.
El acuerdo implicó un compromiso de armonía que, aseguran los representantes sindicales, las patronales violentaron. En un comunicado en el que anuncian un paro de actividades para el próximo miércoles 21 con movilización a la cartera laboral denuncian que, las tres empresas que integran el sector, «han llevado adelante conductas prepotentes y arbitrarias, intentando imponer cambios unilaterales en condiciones de trabajo, acosando y hostigando a compañeros, y obstaculizando el ejercicio de las funciones de los representantes sindicales». Allí aseguran que «buscan amedrentar al conjunto de los trabajadores a través de medidas disciplinarias caprichosas e injustas, suspensiones y despidos digitados». Una vez anunciada esa medida, el SUTNA sumó un paro de 24 horas para el domingo en aquellas plantas que se negaron a dictar asueto para que los trabajadores puedan ver la final de Argentina contra Francia. «
Página 12
Compartimos a continuación el texto enviado por los trabajadores y las trabajadoras del diario Página/12 a los directores del medio en el que manifiestan su preocupación por el agravamiento de sus condiciones laborales y “la reiteración de acciones encaminadas a debilitar” su organización gremial y “a consolidar un producto periodístico que nada tiene que ver con su identidad histórica”.
Carta abierta a la dirección de Página/12
Señorxs Hugo Soriani (director general), Nora Veiras (directora periodística) y Victoria Ginzberg (secretaria de redacción)
Lxs trabajadorxs de Página/12 nos dirigimos a ustedes preocupados por el agravamiento de nuestras condiciones de trabajo y la reiteración de acciones encaminadas a debilitar nuestra organización gremial y a consolidar un producto periodístico que nada tiene que ver con su identidad histórica.
Desde que el Grupo Octubre tomó el control del diario en 2016, los salarios se deterioraron en términos reales. Se atribuyó esa situación a un contexto económico adverso y a la presión del gobierno de Mauricio Macri a través del recorte de la pauta oficial. Sin embargo, la licuación de nuestros salarios continuó más allá de Macri.
Frente a los reiterados reclamos por la pérdida de poder adquisitivo, la respuesta del diario que ustedes dirigen combinó distintas acciones destinadas a debilitar nuestra representación gremial. Se negaron durante meses a recibir a la Comisión Interna para entablar una negociación y empezaron a ascender a cada vez más redactorxs a cargos de subeditor, poniéndoles como condición la no adhesión a reclamos decididos en asamblea.
En los últimos meses profundizaron esa política antisindical al otorgar aumentos selectivos, por encima de la paritaria que firmó la UTPBA, solo a quienes por lo general no adhieren a las medidas de fuerza. En la mayoría de los casos son mejoras nominales que ni siquiera alcanzan a igualar la inflación, pero que tienen como objetivo dividir a lxs trabajadorxs.
Al mismo tiempo, para disimular el impacto de las medidas de fuerza, han decidido abastecerse cada vez más de contenidos producidos por otras usinas del Grupo Octubre: la Agencia GO, AM750, IP, Canal 9, suplementos regionales como Buenos Aires/12 y la sección de Redes y Audiencias, iniciativas que desarrollan con personal precarizado y fuera del convenio de prensa, igual que algunos compañerxs de la Web/12.
El mismo objetivo sugiere la nueva modalidad de contratar redactorxs “volantes” que siguen órdenes directas de ustedes y no de lxs editorxs de cada sección.
Una redacción raleada y pauperizada pone en evidencia que el Grupo Octubre, con la anuencia de la dirección que ustedes integran, apuesta a desgastar a quienes tienen más antigüedad para que se retiren voluntariamente, y en su lugar contratar personal sin experiencia o bien no reemplazarlo.
Esta estrategia anti gremial es insólita en un diario que históricamente defendió los derechos de lxs trabajadorxs y que ahora pertenece a un sindicato. Debido a ello, les exigimos que asuman el rol de conducción y pongan fin a estas prácticas vergonzosas.
Asamblea de Trabajadorxs de Página/12
Portuarios de Rosario: «Queremos unas fiestas sin familias en las calles»
Desde la Terminal Puerto Rosario hasta la gobernación y bajo una lluvia que no aflojó, las y los trabajadores se movilizaron contra los despidos persecutorios por parte de la patronal de Vicentín. Van semanas de negociaciones trabadas por la negativa empresaria a retroceder de los despidos.
Hace más de un mes que este conflicto aún no tiene respuesta favorable para las y los obreros que no quieren ninguna familia en la calle pasando las fiestas. Los trabajadores denuncian que los empresarios quieren modificar las condiciones laborales aumentando la jornada laboral para obtener más ganancias y que se niegan a discutir el necesario aumento salarial en el marco inflacionario. Frente al reclamo de los trabajadores, los empresarios al frente de Terminal Puerto Rosario respondieron con despidos para buscar disciplinar. Hasta ahora las negociaciones en el ministerio de Trabajo provincial y nacional no trajeron soluciones para los trabajadores que se niegan a aceptar los despidos.
En estos momentos los trabajadores se enfrentan a una campaña del intendente Javkin y del gobernador, Omar Perotti, que salen a declarar en los medios de comunicación criminalizando a la protesta y no dando ninguna solución. Las y los trabajadores del puerto vuelven a las calles para demostrar que aún hay fuerzas para pelear por todos los puestos de trabajo. «No queremos unas fiestas con familias en las calles. No vamos a permitir los despidos», es la respuesta.
La Federación aceitera llevará el salario básico inicial a $319.185 a partir del 1° de Enero
La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) de manera conjunta con los paritarios del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) alcanzaron un acuerdo con los representantes patronales de las cámaras CIARA, CIAVEC y CARBIO que lleva el salario básico inicial a $319.185 a partir del 1° de Enero de 2023 para las y los obreros y empleados aceiteros.
El planteo de nuestras organizaciones gremiales se basó en el derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.
Durante enero, febrero y marzo de 2023 el salario inicial consistirá en $ 294.284 más una suma de $ 24.900 no remunerativa que se incorporará al remunerativo a partir del mes de abril de 2023.
Asimismo, en el mes de julio de 2023 se efectuará una revisión de este acuerdo.
Además, se acordó el pago de una suma extraordinaria no remunerativa de $ 210.080 para todos los trabajadores aceiteros encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 420/05, que será liquidado en los meses de febrero y marzo de 2023.
Se trata de un pago extraordinario que acuerdan todos los años desde 2010 e imputan como participación en las ganancias.
Desde la Federación destacan: «En estos momentos en que la inflación atenta directa y críticamente contra los ingresos de la clase trabajadora argentina, la fijación de los salarios a partir de sus nueve necesidades, como dictan la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, resulta una bandera fundamental para todo el movimiento obrero».
No a la expulsión de los delegados de GPS
Con 1.400 trabajadores GPS es la principal empresa tercerizada que trabaja para Aerolíneas Argentinas tanto en Aeroparque como en Ezeiza. Solo en Aeroparque son más de 800 compañeros y compañeras. Estuvieron en la “primera línea” durante la pandemia, son de los llamados esenciales, siendo aparte de quienes garantizaron los vuelos durante la pandemia, trabajando en todos los turnos sin importar si había feriados o fiestas. Día a día trabajan a la intemperie, expuestos a las inclemencias del clima por un sueldo menor al de trabajadores no tercerizados. A pesar de exigir a Aerolíneas el fin de la tercerización son parte de quienes siempre rechazan los ataques privatizadores. Sin embargo, la empresa GPS y la conducción del sindicato (alineada con Luis Barrionuevo) han lanzado una serie de ataques sobre las y los trabajadores que combinan intentos de elecciones truchas, suspensiones a trabajadores y delegados, y hasta el despido de un trabajador con graves problemas de salud. Ahora le han sumado un intento de expulsión del sindicato de los delegados electos con el 70% de los votos.
¿A qué se deben estos ataques?
Es sabido que las y los trabajadores que cuentan con la representación de sus delegados electos democráticamente tienen mejores condiciones de trabajo que ahí donde los delegados responden a la conducción del sindicato o donde no tienen ninguna representación. Este no es un dato menor para los trabajadores cuyas tareas en muchos casos no solo demandan un gran esfuerzo físico sino también la exposición a las temperaturas extremas en la pista durante horas. Quienes hayan tenido la posibilidad de viajar en avión los habrán visto en los Aeropuertos, son quienes guían a las y los usuarios de Aerolíneas en muchos tramos, acompañan a las personas con problemas de movilidad y también quienes cuidan de los aviones y equipaje en las pistas. Entre otros aspectos que hacen a las condiciones de trabajo, gracias a la organización de base que conquistaron pudieron durante la pandemia pelear por elementos y condiciones de salubridad, algo que la empresa les negaba y en lo cual el sindicato no se metía.
El último conflicto detonó frente al despido de Víctor Lemos, un trabajador que había tenido dos ACV cuando frente a un pico de presión la empresa lo mandó en colectivo de línea a la guardia. Frente a esto los trabajadores se reunieron en asamblea para rechazar el despido y la empresa respondió suspendiendo a 40 trabajadores.
¿Cómo llegamos hasta acá?
Desde hace tiempo la conducción del sindicato y la empresa vienen queriendo deshacerse de nuestra organización de base, pero este año sus ataques y provocaciones fueron incrementando. El viernes 25 de marzo del 2022 la conducción de la Unión del Personal de Aeronavegación de Entes Privados (UPADEP) tenía que llevar adelante las elecciones de delegados en Aeroparque. Sabiendo que contaban con muy poco apoyo entre sus trabajadores sobre la hora intentaron realizarlas sin las oficializaciones de los candidatos, sin publicar los padrones e imponer un método de votación antidemocrático. Tan burdo que hasta los 4 candidatos (tanto oficialistas como opositores) rechazaron la elección por fraudulenta y el sindicato tuvo que suspenderlas e inventó causas judiciales (que se cayeron) contra los delegados.
Ahora pretenden realizar una Comisión Investigadora sobre esas elecciones (que finaliza el 28 de diciembre) y anunciaron oralmente, en las mismas reuniones dentro del ministerio de Trabajo, que su intención es expulsar a los delegados para que no puedan volver a presentarse a elecciones. Un dato no menor es que de dicha comisión no participa ningún trabajador de GPS Aeroparque. La maniobra es más que clara.
Frente a su fracaso el sindicato intentó poner delegados a dedo, a los que llama «representantes interventores». Todo esto en la principal empresa tercerizada de Aerolíneas Argentinas, mientras la gerencia de la empresa matriz mira para otro lado y el ministerio de Trabajo deja correr el tiempo para que termine la Comisión Investigadora. La última semana la empresa GPS incluso suspendió a un delegado por participar de las manifestaciones contra el despido de Víctor Lemos, algo completamente ilegal.
Las y los trabajadores vienen insistiendo que se convoque a elecciones de manera democrática y sin proscripciones, de hecho realizaron una elección organizada por los mismos trabajadores, con una Junta electoral de decenas de trabajadores que venían de participar en listas opositoras a la actual Comisión Interna. La misma se llevó adelante con récord de votantes, el 70% de los trabajadores de GPS que podían votar lo hicieron.
Por eso dicen: ¡No a la EXPULSIÓN de los DELEGADOS! ¡Ninguna sanción a los trabajadores!
Exigen a la gerencia de Aerolíneas Argentinas que tome cartas en el asunto y llame a la empresa a terminar con sus provocaciones; que el ministerio de Trabajo deje de mirar para otro lado y que la conducción del sindicato convoque de manera inmediata a elecciones democráticas y sin proscripciones.
Banco Provincia: paran exigiendo que se anule la reforma jubilatoria
La Asociación Bancaria (AB) realizó el miércoles 21 un paro de 24 horas en todas las sucursales del Banco Provincia. Exigieron la derogación de la Ley 15.008 que modificó en 2017 el régimen jubilatorio de los trabajadores de esa entidad financiera.
La norma se sancionó durante el Gobierno de María Eugenia Vidal y elevó los 65 años la jubilación para hombres y mujeres que se desempeñaban en el Banco Provincia y estableció un 75% del haber que se cobraba durante los años de actividad en reemplazo del 82% móvil que regía, con el argumento de que ese régimen llevaba la caja a una situación deficitaria.
Esa decisión generó un extenso conflicto con los trabajadores de la banca pública bonaerense y existen en la actualidad más de 5.000 presentaciones judiciales para que se declare la inconstitucionalidad de la Ley.
En ese escenario, el Poder Ejecutivo envió en 2021 a la Legislatura un proyecto para modificar el régimen jubilatorio del Bapro, en el marco de una comisión especialmente creada por la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
La iniciativa se trabajó durante un año junto a representantes de la Asociación Bancaria, de jubilados, la asesoría legal, el Ministerio de Hacienda, la Caja de Jubilados y el Banco y, una vez enviada, la Cámara de Diputados la trató en 4 comisiones.
Desde la organización gremial indicaron que tras un período de intercambio con el Gobierno de Axel Kicillof se logró «un consenso» para presentar un proyecto en la Legislatura bonaerense que modifique la ley contemplando las demandas de los trabajadores, pero lamentaron que la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) se negó «a dar quórum para dar el debate de cara a la sociedad».
«Este miércoles ante una oposición irresponsable que creó el problema y ahora se niega a solucionarlo… ¡paramos! En defensa de nuestra fuente de trabajo, del patrimonio del Banco y de nuestros derechos», informaron desde el gremio en un comunicado.
Adidas agotó las camisetas de Messi y salió campeón de la precarización
“Debido a la extraordinaria demanda de las camisetas Adidas de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA en todo el mundo, tenemos muy pocas existencias en algunos países”, dijo pocas horas antes de la final un portavoz de Adidas. Las pocas que quedaban se terminaron de vender en las últimas 48 horas. Ahora ya está en marcha la producción de la nueva, con el escudo de la AFA con tres estrellas.
La consultora Euromericas Sport Marketing, en un estudio junto a Google y Amazon, había calculado que para el Mundial de Qatar 2022 se comercializarían camisetas oficiales por 2.800 millones de dólares. Sin embargo, los analistas de mercado aseguraron estos días que “se quedaron cortos» ya que la fiebre mundialista disparó las ventas hasta agotar todos los stocks como nunca.
Casi todas las selecciones se vistieron con indumentaria Adidas y Nike. Y por primera vez en muchos años las dos marcas se enfrentaron en la final. En Brasil 2014 las selecciones alemana y argentina habían jugado ambas con la marca de las tres tiras; en Rusia 2018 la francesa y croata tenían ambas la de la pipa.
Pero más allá de esa rivalidad, ambas compartieron un trofeo: el de la precarización.
Según contaron los trabajadores en las plantas de RA Intertrading de Lugano y de Catamarca, cuando Argentina ya jugaba la fase de grupos una oficial de costura múltiple «B» cobraba 313 pesos la hora. La quincena que cobraban premios podían ganar 40.000 pesos, la otra 28.000. O sea que con la venta de dos camisetas de la selección “Adidas Authentic” (29.000 pesos en tiendas oficiales) les pagaban un mes de sueldo. Un par más si tomamos el valor de las “clásicas” (18.000 pesos).
La selección, como repitió todo el periodismo deportivo, fue “de menor a mayor”. Lo que no mejoró fueron los sueldos de las y los obreros textiles. Tuvieron que gambetear los gastos de noviembre y diciembre con más destreza que varios jugadores.
El mismo modelo se repitió en todos los países donde Adidas fabrica sus camisetas e indumentaria para fútbol. En el sur de Asia hemos visto el fanatismo de muchos pueblos con la Scalonetta. En esa región hay cerca de 40 millones de trabajadores y trabajadoras textiles que hacen indumentaria deportiva para las grandes marcas europeas. En Camboya y Birmania vienen habiendo protestas y huelgas en plantas donde hacen camisetas y también botines Adidas. Cobran 2,27 dólares al día de productos que se venden por 50 o 100 veces esa cifra.
Nike, la “subcampeona”, también tiene su fama de precarización y explotación en sus 590 plantas de todo el mundo. La mitad están ubicadas en China, Vietnam e Indonesia, pero tiene muchas también en América Latina.
Ya comenzado el mundial el diario inglés The Mirror mostró que las camisetas Nike de su selección se vendían a 160 euros (modelo Vapor Match, las de juego) y 103 euros la versión ‘Replica’. Y que se fabrican en Tailandia con salarios de 1 euro el día. También sucedía con las camisetas de Croacia, Francia, Países Bajos, EE UU o Portugal.
En los festejos se pudieron ver cientos de miles de camisetas de Argentina. Seguramente la mayoría no eran “originales”, oficiales. Es lógico: si lo comparamos con el Salario Mínimo Vital y Móvil, en el Mundial de Rusia equivalía a 5 camisetas. Este año con los 47.850 pesos del SMVM te podés comprar… 2 camisetas.
Denuncian inseguridad laboral en la construcción del Gasoducto Kirchner
Mientras el gobierno celebra el avance en las obras del gasoducto Néstor Kirchner, los trabajadores de Tenaris Siat -la empresa proveedora de los tubos de acero-, denuncian que no se están cumpliendo con las condiciones de seguridad en el espacio laboral. Desde la Comisión interna de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Tenaris publicaron la siguiente carta:
A la GERENCIA de TENARIS:
Queremos llamar la atención por la gravedad de los sucesos que están ocurriendo en Tenaris Siat Valentín Alsina en un tema tan sensible e importante como es la SEGURIDAD.
Día a día nos encontramos con nuevas situaciones inseguras producto muchas, de las terribles condiciones de la Planta, las cuales fueron denunciadas por nosotros en múltiples oportunidades y sobre las cuales no se actuó en tiempo y forma, y que ya a esta altura han generado más de un accidente, la Seguridad en Siat no es Preventiva sino siempre Reactiva, agravado aún más con el hecho de que el 80% del personal es nuevo, como así también los supervisores son nuevos, de esta manera se da una condición mucho más grave aún, sumado a esto es el constante accionar de Supervisores, Jefes y Gerentes que, con una creatividad realmente sorprendente, ordenan acciones inseguras como, por ejemplo, realizar tareas que no están contempladas en los procedimientos y prácticas operativas, o en condiciones de seguridad que implican un riesgo para el personal, siendo que si se produjera algún tipo de incidente o peor aún un accidente, el culpable de dicho evento pasa a ser el Personal afectado.
Según parece, en Tenaris Siat, los procedimientos y políticas de la Empresa están sujetas a los caprichos y necesidades de la Gerencia, con un constante doble mensaje al personal, el hostigamiento, el apriete, la amenaza y todo esto agravado por el temor del personal nuevo y contratado a perder su trabajo, cuya continuidad es puesta en duda continuamente si el Trabajador no ejecuta las órdenes impartidas y sin tener en cuenta en ningún momento si esta orden puede llevar a un accidente.
Hasta el día de la fecha, hemos tenido mucha suerte, pero el azar es caprichoso, en TENARIS SIAT Valentín Alsina, de seguir estas terribles políticas de Producir sin importar que el tubo se manche con sangre, esta desidia criminal ante los constantes reclamos de condiciones inseguras, ante el apriete permanente que crea un clima de trabajo insoportable, dicho con todas las letras: EN TENARIS SIAT VALENTÍN ALSINA VAMOS A TENER LA DESGRACIA DE QUE ESTA OBRA DE TANTA MAGNITUD SEA EMPAÑADA CON LA MUERTE DE UN TRABAJADOR, LO CUAL NO QUEREMOS QUE SUCEDA BAJO NINGÚN PUNTO DE VISTA.
Tal es el clima nefasto de trabajo, que hasta se han generado hechos de violencia física de Supervisores y Jefes a trabajadores, como así también, supervisores hartos del maltrato de Gerentes, de hecho, ya se han ido seis supervisores hartos de la inoperancia de la jefatura la cual no avalan y no quisieron ser parte ni cómplices del atropello al cual los someten, tenemos personal con problemas psicológicos y físicos producto del stress generado.
Se ha caído un tubo junto con la percha/Balanzón (grúa Nro. 9 de la línea 1×12) correspondiente por falta de mantenimiento preventivo de Puentes Grúa, hecho el cual podría haber derivado en un accidente fatal, por suerte, dicho tubo cayó sobre una plataforma la cual amortizó la caída porque de haber caído 10 metros más adelante todavía lo estaríamos lamentando.
Se han caído tubos en el sector de Embulte y numerosas chapas, se cayeron tubos en la Playa de Despacho y un camionero salvó su vida de milagro de que no lo aplaste un tubo.
Exigimos que se respete la Seguridad en la Empresa y que la Producción no sea el único objetivo de la Gerencia y Jefatura; que lo que tanto promocionan sea una realidad y no un simple discurso de marketing barato, LA SEGURIDAD ES PRIMERO.
José Villa – Gustavo Juárez – Diego Albes – Norberto Negrin – Daniel Ingui
COMISIÓN INTERNA
UOM
Omar Plaini criticó a Macri
El secretario general del gremio de Canillitas, Omar Plaini, criticó al ex presidente Mauricio Macri por atribuir la «evolución de Qatar» a que es «un país que no tiene sindicatos», y consideró que del ex mandatario «no se puede esperar absolutamente nada».
«De Macri no se puede esperar absolutamente nada más que este tipo de declaraciones provocativas, fuera de todo contexto y lugar. Quiere un país sin sindicatos. En realidad es lo que siente. A él le gustaría ser un monarca; un emir», aseguró Plaini.
De esta forma, el dirigente sindical se refirió a las declaraciones de Macri, quien aseguró que la sociedad qatarí «está evolucionando muchísimo» y destacó «el progreso» que existe en el país que organizó el Mundial 2022 porque «no tiene gremios».
«Dijo que quiere un país libre sin sindicatos. De Macri no me sorprende nada porque esa es su concepción. Es el titular de la Fundación FIFA que decidió hacer un Mundial en un país monárquico de 2.700.000 habitantes, donde 2.400.000 son extranjeros», subrayó el también senador bonaerense del Frente de Todos (FdT).
Además, recordó que en ese país de Oriente «hay ausencias de vacaciones pagas», las personas «sufren retenciones de los permisos para salir del país» y en la construcción de uno de los estadios «fueron denunciadas centenares de personas fallecidas».
«Eso es Qatar y ahí la FIFA realizó un Mundial. Las declaraciones del ex mandatario van en sintonía con lo que piensa. Una vez dijo que había que mandar a varios dirigentes en un cohete a la luna o que ‘había que sacrificar’ a los gremialistas», apuntó.
Y por último, agregó: «Creó una Gestapo antisindical, espió a su propia familia. Llegó a decir en un momento que los alemanes son una raza superior. Esta es la concepción de Maurico Macri que convalida la situación de un país como Qatar y dice que está en evolución».
También la Confederación General del Trabajo (CGT) repudió las afirmaciones del expresidente
Un documento de la conducción nacional de la CGT ratificó «el mensaje del Papa Francisco, quien con sus sabias y oportunas palabras ponderó otra vez el rol de los trabajadores y las organizaciones sindicales y la enorme importancia de la solidaridad entre los trabajadores para lograr una mayor equidad en la sociedad».
«No hay sindicato sin trabajadores y no hay trabajadores libres sin sindicato», había asegurado en su momento Su Santidad, en el contexto de «una fuerte defensa del valor del trabajo y de su función social», sostuvo el documento de la Central.
Los integrantes del Consejo Directivo repudiaron en un documento las declaraciones del ex presidente Macri, quien reivindicó el desarrollo económico de Qatar en pleno Mundial de Futbol por «la inexistencia de gremios en ese país» árabe. Según la central obrera, es «su errónea apreciación».
«Tamaña expresión es inaceptable por parte de un actor de la política argentina, quien debería promover el diálogo y el encuentro con los sindicatos. Y también desconoce la representación que la Constitución otorga a los gremios y olvida su importancia en la historia social argentina, en la que los trabajadores organizados fueron y son un pilar fundamental del crecimiento de la Argentina», señaló.
El Papa criticó duramente a Macri
Después de que el ex presidente Mauricio Macri reivindicara el “exitoso” modelo económico qatarí, en el que “no hay gremios” que bloqueen las transformaciones presuntamente positivas impulsadas por el Estado, el Papa Francisco lo cruzó duramente afirmando que “no hay sindicato sin trabajadores y no hay trabajadores libres sin sindicato”.
Durante una audiencia con delegados de la central gremial Italiana CGIL, el Sumo Pontífice remarcó que es el trabajo el que permite “la autorrealización, vivir la fraternidad, cultivar la amistad social, pero repudió la explotación de las personas y exigió mejores condiciones de seguridad en el trabajo.
En el marco de su visita a Qatar, el ex presidente Mauricio Macri elogió a la sociedad anfitriona del Mundial, el desarrollo de distintos aspectos de la infraestructura y la educación que impulsa la monarquía qatarí y afirmó que esa evolución es posible, entre otros motivos, porque en ese país “no hay gremios” que se opongan a ese proceso de cambios progresivos, obviando toda mención a las numerosas denuncias internacionales contra Qatar por los miles de trabajadores muertos que dejó el proceso de preparación del Mundial y la construcción de estadios sin las adecuadas normas de protección laboral.
Macri comparó a la Argentina con el país asiático, tomando a este último como modelo: “Qatar está en una evolución fenomenal. El eje de modernización que sigue el emir es muy potente, ellos no tienen complejos, traen a los mejores educadores, están haciendo una evolución, todo se mide, se evalúa, se capacita. Todo lo que queremos hacer en la Argentina y los gremios se oponen. Acá no hay gremios y los chicos reciben cada vez mejor educación”.
Cuestionando explícitamente las afirmaciones del ex presidente argentino, el Papa Francisco afirmó: “Vivimos una era que, a pesar de los avances tecnológicos, y a veces precisamente por ese sistema perverso que se autodefine como tecnocracia, ha defraudado parcialmente las expectativas de justicia en el ambiente de trabajo”. Y añadió: “Y esto requiere ante todo volver a partir del valor del trabajo, como lugar de encuentro entre la vocación personal y la dimensión social. El trabajo permite a la persona la autorrealización, vivir la fraternidad, cultivar la amistad social y mejorar el mundo”.
El Papa también denunció: “¡Todavía hay demasiados muertos, mutilados y heridos en el lugar de trabajo!”. Y añadió: “Una segunda preocupación es la explotación de las personas como si fueran máquinas”. También recordó que durante la pandemia de coronavirus “ha crecido el número de los que dimiten del trabajo”, porque “están insatisfechos con su profesión, con el clima que se vive y se respira en los ambientes laborales, las formas contractuales, y prefieren renunciar”.
Larreta y Morales presentaron un proyecto que reduce indemnizaciones por trabajadores “en negro”
En sintonía con el discurso de la “mafia” y la “industria” de los juicios laborales, Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley que busca modificar el sistema de multas que los empresarios deben pagar a los trabajadores por deficiencias en la contratación. La iniciativa, que se traducirá en una reducción de la indemnización que cobre un empleado “en negro”, será presentada en un acto que tendrá la presencia de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, dos de los presidenciables del PRO y la UCR. Se trata del primer proyecto que presenta la alianza opositora en el marco de su plan de gobierno si ganan las elecciones.
“El actual sistema de sanciones fracasó”, concluyó el análisis de Juntos por el Cambio para argumentar la presentación del proyecto de “Ley de Registración de la Relación Laboral y modificaciones del sistema de certificado de trabajo y remuneraciones”, por lo que advirtieron: “No hay más empleo registrado, no hay menos litigiosidad, no contribuyó con el Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS)”. La iniciativa fue una promesa que Rodríguez Larreta y Morales hicieron ante empresarios en IDEA y UIA para dar respuesta ante el reclamo por los “costos laborales”.
El proyecto fue presentado en la sede de la Coalición Cívica y además de Larreta y Morales también estuvo la otra presidenciable del PRO, María Eugenia Vidal, los jefes de bloque de JxC en el Congreso, los referentes de las fundaciones de los partidos que integran la alianza opositora y la encargada de ir buscando los acuerdos entre ellas, Julia Pomares. La también jefa de asesores de Larreta participó de las reuniones con la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) quienes aportaron ideas para la elaboración del texto.
En el articulado se definen la relación laboral correctamente registrada y la remuneración no registrada, como también se describe el cálculo de las sanciones por incumplimiento. El objetivo es reducir y re-direccionar las sanciones judiciales por trabajo no registrado o mal registrado. El monto de las multas pasará de estar atado al salario denunciado y se vinculará al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Además, no lo percibirá más el trabajador sino que pasará a ser recaudado por la AFIP y de ahí a la ANSES “con la intención de fortalecer su naturaleza solidaria”. Para ello, proponen cambios y derogación de artículos en las leyes Nacional de Empleo, Indemnizaciones Laborales y de Prevención de la Evasión Fiscal.
La ley reducirá el monto de la indemnización que el trabajador o la trabajadora recibe ante un despido y en el que reclama por la falta o mala registración. Un caso práctico de un trabajador registrado que es despedido y hoy cobra 100.000 pesos con un año de antigüedad, por distintos conceptos (preaviso, vacaciones, SAC, entre otros) cobraría casi 369.000 pesos de indemnización. Si se suman multas por falta de registro y por distintos incumplimientos, el monto se eleva a 1.268.721 pesos. De cumplirse lo que busca JxC (derogar y reducir multas y re-direccionarlas al Estado), un trabajador total o parcialmente “en negro” pasaría a cobrar 658.221 pesos. Un recorte del 48,1% de la indemnización.
Pero no solo impactará en el bolsillo, sino que también en un juicio los trabajadores perderán una herramienta de negociación con el empresario para conseguir mejores condiciones de pago. Sobre esto último, JxC considera que la actual legislación “desalienta” los acuerdos conciliatorios por la “especulación” del trabajador de obtener un mayor monto al final del juicio.
Los principales nombres detrás de la redacción de esta ley son Ezequiel Jarvis y Horacio Barreiro. El primero es el subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, hombre clave en el vínculo de Larreta con los gremios e integrante de la Fundación Pensar (PRO). El segundo es un dirigente histórico del radicalismo bonaerense, que formó parte de la cartera de Trabajo en el gobierno de Vidal e integra la Fundación Alem (UCR). Ambos están en la mesa de legislación laboral de Juntos por el Cambio junto a las fundaciones de la Coalición Cívica y del partido de Miguel Ángel Pichetto. La Coalición Cívica, cuyo representante en esa Mesa es el ex diputado Javier Campos, también participó en la elaboración.
Según sostienen en el proyecto, “el empleo formal registrado no crece desde 2011” y la informalidad en el mundo del trabajo “fluctúa desde hace décadas alrededor de un 30 al 40%”. Por lo que creen que, de aprobarse la ley, generará una reducción de la litigiosidad y un incentivo para que los empresarios formalicen trabajadores.
Por el contrario, abogados laboralistas ya están en alerta y aseguran que es “un incentivo a no registrar” por el ahorro que implican las multas más baratas.
Una fuente consultada de JxC al tanto de la propuesta aseguró que lo que se busca es hacer “más previsible” el sistema laboral. “Contratás a alguien y no tenés idea de cuánto vas a tener que pagar si lo despedís porque no sabés cuáles son las multas que vas a tener por una defectuosa registración”, explica. “El empresario no sabe los riesgos que tiene al contratar a un trabajador”, resume al referirse a “los riesgos” de invertir para el empresario.
Larreta no busca una “reforma laboral profunda” sino “modernizar” la legislación laboral y este proyecto es solo una parte de su plan de Gobierno. La agenda laboral en la que trabaja también contempla crear un fondo de cese por sector para reemplazar las indemnizaciones, el fomento de la formación y capacitación laboral, y regímenes simplificados para la Economía popular para reducir los planes sociales.
Abogados sindicales se pronuncian contra la “mafia judicial”
Por Mariano Martín
Son representantes legales de la CGT y las CTA que actuaron en coordinación tras la condena a Cristina y en un conflicto usado como bandera macrista.
A falta de una respuesta unívoca de las centrales obreras, los abogados de esas organizaciones comenzaron a levantar el perfil y acordaron pronunciamientos y acciones para denunciar el accionar de un sector amplio del Poder Judicial en connivencia con medios de comunicación y espacios mayoritarios de la oposición. En las últimas semanas el Foro de Abogados de Organizaciones Sindicales (FAOS) tomó posición respecto de la condena a Cristina de Kirchner, la información relacionada con el viaje a Lago Escondido de funcionarios judiciales, directivos de Clarín y referentes del macrismo y conflictos que la dirigencia que responde a Mauricio Macri tomó como bandera para atacar el movimiento obrero.
La FAOS llegó a reunirse días atrás con la ministra de Trabajo, Raquel «Kelly» Olmos, para buscar en el Gobierno un respaldo político que hasta ahora las propias centrales, la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, parecen no haber acertado a coordinar. El espacio nuclea a medio centenar de letrados entre los que se destacan Héctor Recalde, ex diputado kirchnerista y mano derecha por años de Hugo Moyano, con quien en el último tiempo retomó el vínculo; Marta Pujadas, una de las abogadas laboralistas de la mesa chica de asesores de la CGT y consejera de Gerardo Martínez (albañiles, Uocra); Hugo Antonio Moyano, letrado de Camioneros e hijo del sindicalista del mismo nombre; Héctor García (CTA-T), y Horacio Meguira (CTA-A), entre otros.
La alianza de profesionales del derecho hizo su debut público al presentarse en octubre pasado como «amicus curiae» (amigos del tribunal) en una causa judicial en la que se tramita un conflicto en una empresa láctea tomado como testigo por Patricia Bullrich y otros dirigentes que le responden, como el caso de la ex secretaria de Seguridad de Independiente, Florencia Arietto. En ese caso, que sirvió para el macrismo como bandera para la creación de un autodenominado Movimiento Empresario Antibloqueos (MEAB, el mismo que intentó sin éxito participar en las elecciones internas de una patronal de Moyano, la Fadeeac), hasta el propio ex presidente se involucró para denunciar supuestas maniobras del gremio de lecheros (Atilra) para impedir la normal producción.
Este mes hubo un nuevo pronunciamiento del FAOS a continuación de la sentencia contra Cristina de Kirchner a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos en la denominada causa «Vialidad». Al respecto el foro se refirió al fallo como «un fuerte retroceso en el devenir del sistema republicano social y democrático de derecho» que estuvo, a su juicio, marcado por «las irregularidades y la falta de garantías para el ejercicio del derecho fundamental de defensa en juicio» de Cristina. «No puede caber duda que la condena impuesta es consecuencia directa de la falta de equilibrio de los poderes del Estado y de la malversación del Poder Judicial de la Nación», añade el texto fechado el 10 de diciembre, día de la conmemoración por los Derechos Humanos. A pesar de su constitución transversal, los integrantes de FAOS se ocuparon de aclarar que no se trata de una iniciativa de las centrales obreras que asesoran sino de los abogados de manera autónoma, aunque reivindicaron en cada caso su pertenencia. De hecho no hubo participación en CGT de otros referentes letrados como Federico West Ocampo (Sanidad) u Horacio Ferro (Gastronómicos), pese a que esos gremios estuvieron presentes a través de otros letrados de menor jerarquía.
No debería extrañar, sin embargo, que Gastronómicos y otros espacios de la central mayoritaria no quisieran poner su firma en un pronunciamiento como el de la FAOS toda vez que en algunos casos actuaron en sintonía con las avanzadas del macrismo en la Justicia. El propio Luis Barrionuevo declaró públicamente haber cobijado por meses a un testigo de una causa contra Cristina y también el propio dirigente se hizo de una breve intervención del PJ resuelta por la jueza federal María Servini.
Fallo de la justicia chubutense contra trabajador de prensa
El diario El Chubut decidió despedir a Iván Marín por instigar al incendio en el edificio del periódico a un año del Chubutazo. El juez Duret rechazó su reclamo y no obligó a la empresa a reincorporarlo. “El juez está diciendo que participé en los destrozos del diario, pero el incendio comenzó cuando me había ido”, explicó.
“En el proceso yo tuve que demostrar que no era culpable”, denunció Marín. “Es un fallo antiobrero. Porque además me hacen pagar las costas del juicio a mí (400.000 pesos). Es un fallo revanchista”, afirmó.
Fuentes: La Izquierda Diario, Resumen Latino americano, Tiempo Argentino, Clarín, Anred, Red Eco Alternativo, argentina.indymedia, El Destape, Radio Gráfica.