Por Juan Hernández Zubizarreta-Pedro Ramiro

Hasta la guerra de Ucrania, podía quedar en evidencia la brecha existente entre el discurso y la práctica del capitalismo verde impulsado por la Unión Europea.

“La democracia y la protección de los derechos humanos son una exquisitez al alcance de muy pocos países en el mundo”, afirma una tertuliana –a la sazón, profesora de derecho internacional– en el programa más escuchado de la radio española al hilo de la visita oficial a España del emir de Qatar: “Sin obviar que nos relacionamos con dictaduras, necesitamos esas relaciones comerciales” 1/. Unos días antes, el gobierno español pasaba por encima de sus propias normas para deportar a Argelia al activista Mohamed Benhalima, a pesar de que sobre él recaía una condena a pena de muerte. Hace algunas semanas, mientras reivindicaba que Ucrania tiene todo el derecho a defender su soberanía nacional frente a la invasión de las tropas rusas, el ejecutivo de Pedro Sánchez mantenía que el Sahara Occidental no tiene otra posibilidad que convertirse en una provincia de Marruecos porque es la única solución realista. Varios meses más atrás, el gobierno-más-progresista-de-la-historia enviaba a la ministra de Asuntos Exteriores a Brasil para negociar con Bolsonaro el acuerdo UE-Mercosur y luego otorgaba la Gran Cruz de Isabel la Católica al presidente de Colombia, a su paso por España para firmar la renovación del acuerdo de protección de inversiones entre ambos países.

Hasta la guerra de Ucrania, podía quedar en evidencia la brecha existente entre el discurso y la práctica del capitalismo verde impulsado por la Unión Europea. Por un lado, la narrativa de la transición ecológica, la digitalización y la nueva economía de los cuidados; por otro, un metabolismo económico basado en la devaluación de la fuerza de trabajo, el extractivismo y el neocolonialismo. Ahora, con la urgencia de asegurar el suministro de energía y materiales para sostener a toda costa los dividendos empresariales, el Pacto Verde Europeo está acabado también en el plano retórico. Y los derechos humanos, en este marco, aparecen como un lujo de un pasado que ya difícilmente se puede conservar.

Sabemos que la expansión de las clases medias, el Estado del bienestar y los valores europeos han sido posibles gracias al crecimiento económico construido sobre la base de la depredación de los pueblos y los territorios de las periferias de todo el globo. Y que mientras en Europa los grandes propietarios obtienen golden visas sin ningún control y a buen precio en el mercado oficial, millones de personas se someten a las burocracias migratorias y quedan atrapadas en limbos jurídicos infernales. Pero, en estos momentos, las razones geopolíticas han terminado de sepultar lo que aún pudiera quedar de buenismo –así es como suele descalificarse al cumplimiento de los derechos humanos– en el discurso oficial de las democracias liberales europeas.

“Los europeos hemos construido la Unión como un jardín a la francesa, ordenadito, bonito, cuidado, pero el resto del mundo es una jungla. Y si no queremos que la jungla se coma nuestro jardín tenemos que espabilar”, ha dicho el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell: “La política internacional exige una gran dosis de realismo. Porque las cosas son como son y no como nos gustaría que fueran” 2/. Ya no hay rodeos: para garantizar el aprovisionamiento de gas y reforzar las fronteras, pacto con Estados autoritarios que hacen de la violación de derechos humanos su práctica cotidiana; para promover los negocios de las grandes empresas españolas, alianza con gobiernos de extrema derecha que están criminalizando y persiguiendo el derecho a la protesta. El greenwashing ha dado paso a la economía de guerra.

Necrocapitalismo

Dejar morir por falta de atención a quienes tienen hambre o por falta de socorro a quienes se ahogan en el mar o por no tener un seguro privado a quienes se contagian de coronavirus en una residencia pública, así funciona la necropolítica (Hernández, 2018). Las personas se convierten en una mercancía más, y son prescindibles quienes no participan de la sociedad de consumo o no aportan valor en el proceso de reproducción del capital. En “un capitalismo que parece que se desmorona sin encontrar solución a sus crisis sucesivas, y que hace de hombres, mujeres y niños simple material de desecho” 3/, la violencia se utiliza para distinguir quién puede ser sustituible y quién no. Una suerte de guerra social que no busca la victoria definitiva, sino que se asienta como un periodo de larga duración, esta es hoy la condición sistémica del modelo capitalista y patriarcal.

En un sentido más amplio, el necrocapitalismo sitúa a la muerte en el centro de la gestión económica y política, no exclusivamente en sus efectos. Como decimos, se deja abandonadas a quienes no resultan funcionales a los mecanismos habituales de extracción de riqueza: privatización de la sanidad y educación públicas, destrucción de los servicios sociales, eliminación de las tareas de salvamento marítimo, exclusión de quienes no puedan afrontar las facturas de la energía o el alquiler. Más aún, se les está empujando a morir: que el gobierno español envíe al matadero a un disidente argelino y a todo el pueblo saharaui, que la guardia costera griega deje a la deriva en alta mar a refugiados sirios después de quitarles todas sus pertenencias y objetos de valor, son apenas algunos ejemplos de ello.

Asistimos a una ofensiva mercantilizadora en la que las dinámicas capitalistas, patriarcales, coloniales, autoritarias e insostenibles se exacerban. La democracia liberal-representativa y sus instituciones transitan por espacios cada vez más alejados de los verdaderos conflictos globales que se mueven entre la vida y la muerte. El capital y las empresas transnacionales se han lanzado a la destrucción de cualquier derecho que impida la mercantilización a escala global. El capitalismo, que ha rebasado con creces los límites biofísicos del planeta, se transforma en puro expolio territorial. A la vez, el sistema financiero especula con la propia existencia y dispone de un poder que le permite expropiar lo que ya existe.

La frontera de apropiación y mercantilización corporativa no remite en el marco del capitalismo verde y digital; al contrario, se expande de manera sectorial y geográfica. Y los megaproyectos se vuelven espacios preferentes para la acumulación de capital (Fernández, González y Hernández, 2022). Una estrategia a escala global que incluye centros, periferias y semiperiferias del sistema, alterando las prioridades geopolíticas presentes y futuras. En este contexto, los derechos humanos y los derechos colectivos, incluyendo al medio natural en su conjunto, se ven sometidos a la regla de la oferta y la demanda. La propiedad privada y la especulación se sitúan en el vértice de la jerarquía normativa y la desigualdad se consolida como elemento central de la arquitectura corporativa de dominación.

La crisis sistémica provoca que las élites tengan serias dificultades para mantener sus tasas de ganancia y acumulación, y en este escenario la guerra se convierte en un eje central sobre el cual se está recomponiendo el capitalismo. Al fin y al cabo, el capital es una relación social que se articula y expande en espacios territoriales y de la mano de los Estados. Eso sí, el comportamiento de los Estados imperialistas y su posición de dominación no son homogéneos, ya que depende de su capacidad económica y militar. La guerra de Ucrania tiene que ver sobre todo con una disputa entre hegemones, como sostiene Arrighi, que en ningún caso confrontan modelos sociales o democráticos alternativos: confrontan espacios de dominación y comparten modelos de destrucción de derechos colectivos y de la democracia para mantener sus niveles de beneficio (Serfati, 2022).

Con la guerra se profundiza en la dinámica de crisis energética, subida de precios y materias primas, desigualdad social, empobrecimiento generalizado y agravamiento del desorden climático, pero la crisis estructural del capitalismo viene de más lejos. Hoy hablamos de la espiral de inflación, endeudamiento y desabastecimiento; hace tiempo que venimos haciéndolo de sus causas: una lógica de crecimiento ilimitado y acumulación imposibles, un modelo de financiarización insostenible, la emergencia de un cambio climático desbocado, el agotamiento acelerado de energía y materiales. Pero ahora, como bien ha señalado Sánchez Cedillo, “esta guerra cambia las reglas del juego en la UE pospandémica, eliminando todo proceso democrático que afecte a las élites capitalistas” 4/. Una reorganización política y económica donde la violencia estructural se expresa, en esta nueva fase del capitalismo, bajo formas de múltiples guerras generalizadas, donde se pasa de lo excepcional a lo cotidiano. Un estado de excepción permanente donde los derechos colectivos se desplazan por un necrocapitalismo cada vez más generalizado.

Derechos del poder corporativo

El avance en la mercantilización de las normas jurídicas hace que los aspectos económicos aparezcan como autosuficientes, autorregulables y blindados jurídicamente, mientras los derechos humanos se presentan cada vez más como aspiraciones vacías. El derecho corporativo global equivale al derecho constitucional universal. Y la supuesta fragmentación de los ordenamientos jurídicos no es tal, ya que la acumulación de riqueza se sitúa en el vértice de la jerarquía normativa, desplazando los derechos humanos a los márgenes regulatorios del sistema.

Un estado de excepción permanente donde los derechos colectivos se desplazan por un necrocapitalismo cada vez más generalizado.

La clave fundamental de esta constitución económica global es que el derecho privado prevalece sobre el derecho internacional de los derechos humanos y sobre las normas nacionales sobre derechos y libertades. El poder corporativo se construye sobre la re-regulación de derechos, lo que significa más poder, más protección, más reglas e instituciones jugando a su favor, con más derechos y más riqueza cada vez en menos manos. El derecho internacional de los derechos humanos, a su vez, se reinterpreta en favor del poder corporativo: solo resulta aplicable a las empresas transnacionales a través de la acción estatal, mientras los derechos corporativos se tutelan en marcos nacionales e internacionales, lo que consolida la asimetría jurídica como principio corporativo universal (Hernández y Ramiro, 2015).

La asimetría normativa, no en vano, ha sido la base de la globalización neoliberal: frente a la fortaleza de la armadura jurídica construida para blindar los derechos de las grandes corporaciones, la extrema fragilidad de los mecanismos para el control de sus obligaciones. O, lo que es lo mismo: a la vez que continuamente se re-regulan los negocios privados transnacionales, sigue avanzando la desregulación en la tutela de los derechos fundamentales. Nada de eso hubiera sido posible sin la conformación de una gran alianza pública-privada entre los Estados centrales y las corporaciones transnacionales. No habitamos en un mundo sin reglas, sino en un ordoglobalismo en favor del capital transnacional: “El mundo normativo neoliberal no es un mercado sin fronteras y sin Estados, sino un doble mundo a salvo de las reivindicaciones colectivas de justicia social e igualdad redistributiva por parte de los guardianes de la constitución económica” (Slobodian, 2021: 38).

El derrumbe del capitalismo global, por sí solo, no va a cambiar este estado de cosas. Al contrario, la huida hacia adelante en busca de la rentabilidad perdida solo va a servir para profundizar en la lógica de expulsión, desposesión, violencia, encierro y necropolítica. El derecho internacional, con toda su catarata de pactos y acuerdos globales en defensa de los derechos humanos, se ha convertido en papel mojado ante la guerra desatada por los grandes poderes económicos para tratar de asegurarse su parte del botín en medio de la tormenta perfecta 5/.

En este contexto, el poder corporativo se articula en torno a una serie de principios que desplazan y fulminan los fundamentos que sustentan el derecho internacional de los derechos humanos. Son principios formalmente ocultos, no regulados, pero que gozan de la máxima imperatividad y transversalidad. Vienen a constituirse, en la práctica, como una declaración paralela a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se produce así una descomposición radical y progresiva de los núcleos centrales de los derechos. La paz, la democracia, la alimentación, la vivienda, la educación, la cultura, el trabajo, la migración, los cuidados y la salud transitan hacia la retórica jurídica. La desregulación en masa de derechos, la expropiación por parte de las élites de los bienes colectivos y la destrucción global de derechos reconfiguran sustancialmente los derechos humanos. Y los desechos humanos reemplazan a la dignidad de las personas.

Descomposición de los derechos humanos

En este marco, la necesidad de ampliar los dividendos empresariales hace que se vayan extremando más y más las prácticas contra las personas, las comunidades y los ecosistemas. El carácter de contrapeso del derecho se sigue difuminando en favor del poder corporativo, modificando las garantías formales de la democracia. Se generalizan la pulverización del derecho legislativo, la privatización y la contractualización de la ley y las relaciones económicas, la prevalencia de los anexos a las reglas en los acuerdos de comercio e inversión, la destrucción del paralelismo en las formas, la inflación de las normas administrativas, la quiebra del imperio de la ley, la prioridad de la seguridad jurídica de los contratos frente a la seguridad de los derechos de las personas y las comunidades.

Así, se están generando modificaciones sustanciales en la propia categoría jurídica de los derechos humanos, que sufren una profunda reconfiguración. En primer lugar, se desregulan en función de la explotación generalizada de las personas y de los procesos de privatización. Después, se expropian en base a la acumulación por desposesión en el marco de una ofensiva mercantilizadora global. Y, para terminar, se destruyen en función del colonialismo y el racismo estructural. Todo ello, en un contexto de agudización del autoritarismo y la violencia.

El necrocapitalismo se articula sobre la descomposición de derechos en estos cuatro ejes, consolidando una nueva forma de poder y de acumulación por parte del capital. No es solo que las instituciones que nos gobiernan estén eliminando y suspendiendo derechos, es que directamente están reconfigurando quiénes son sujetos de derecho y quiénes quedan fuera de la categoría de seres humanos. Todo ello tiene una profunda conexión con la lógica neocolonial; en palabras de Achille Mbembe: “Las colonias son el lugar por excelencia en el que los controles y las garantías del orden judicial pueden ser suspendidos, donde la violencia del estado de excepción supuestamente opera al servicio de la ‘civilización’” (Mbembe, 2011: 39).

La financiarización de la vida económica y social coloca a la especulación en el centro de las relaciones sociales y políticas. El capital captura la democracia, los países y los territorios y convierte a las sociedades en parte del organigrama de las grandes corporaciones. De ahí que el expolio financiero necesite de un autoritarismo y una violencia crecientes, ya que no se alimenta de nuevos beneficios generados en la producción. La codicia es el elemento constituyente de su manera de actuar y la razón de ser de un modelo destructivo para las mayorías sociales y el conjunto de la vida en el planeta.

En numerosos países, además, se están construyendo restricciones manifiestas respecto a quién pertenece a la comunidad nacional y quién no, lo que provoca la exclusión legal del extranjero pobre, apuntalando las bases programáticas de la xenofobia. Tal y como afirma Ferrajoli (2019), 

el entramado de normas que limitan drásticamente los derechos de las personas migrantes conlleva, además del efecto legitimador, un factor de des-educación, al generar una imagen del otro como alguien naturalmente inferior, porque ya es jurídicamente inferior. Y esta percepción racista, a su vez, legitima la discriminación en los derechos.

Todas estas prácticas afectan a la propia configuración de los derechos humanos. Volviendo a la idea fundamental de lo que significa la necropolítica, se trata de dejar morir a miles de personas racializadas y pobres. También está teniendo lugar la fragmentación de derechos según las categorías de personas, las prácticas racistas y heteropatriarcales, los tratamientos excepcionales a determinados colectivos, las políticas migratorias con sus muros y fronteras, la trata de seres humanos, las deportaciones en masa, la criminalización de la solidaridad y la desobediencia civil, la división de la sociedad entre asimilables y exterminables.

Otras destruyen en bloque los derechos de las personas, los pueblos y la naturaleza. Es el caso de la crisis climática y la destrucción de ecosistemas, los feminicidios de mujeres y disidentes de género, el hambre que sufren millones de personas, los nuevos campos de concentración, la persecución y eliminación de la disidencia social, el encarcelamiento de pueblos y comunidades, el endurecimiento de los usos coloniales y las guerras de destrucción masiva.

Están, por último, las prácticas que afectan al núcleo central de los derechos colectivos. Como la apropiación de los bienes comunes, la explotación laboral, la consolidación de la precariedad en el núcleo constituyente de las relaciones laborales, el trabajo infantil y el trabajo esclavo, la reorganización capitalista de la producción y la reproducción, las expropiaciones colectivas por medio del pago de la deuda, las expulsiones de millones de personas de sus territorios porque las grandes corporaciones se apropian de los bienes comunes. Amnistía Internacional las ha recopilado y el panorama es demoledor 6/: no son fallos del sistema, es el avance del neofascismo global.

Radicalizar la democracia

La lex mercatoria se compone de normas que subordinan lo público a lo privado, y lo constitucional a lo puramente administrativo, colonizando todas las esferas normativas y arrinconando los derechos humanos, sociales y medioambientales en los márgenes de la jerarquía normativa. En este contexto, los derechos humanos se mueven entre la fragilidad de las normas internacionales, las recomendaciones de los comités encargados de su aplicación y la impunidad de los gobiernos ante el incumplimiento reiterado de los textos de derechos humanos. Esta asimetría pone en evidencia la fractura de sus sistemas de garantía y demuestra cómo han evolucionado hacia el territorio de la retórica jurídica.

Los derechos humanos se van así vaciando como categoría sustantiva al perder espacio normativo frente a la mercantilización de la vida. Su privatización es un hecho. En realidad, la privatización y la excepción van colonizando las instituciones jurídico-políticas y el Estado policial va sustituyendo al sistema de garantías. Y todo ello va dando paso a la gobernanza feudal de un nuevo espacio neofascista a nivel global. Este neofascismo –podríamos denominarlo igualmente posfascismo– no necesita destruir el sistema democrático, le basta con transformar y vaciar las instituciones jurídicas que lo sustentan (Fundación de los Comunes, 2020). En este marco, tolerar lo éticamente intolerable pasa a formar parte de los núcleos centrales de la práctica política, provocando una sensación de descomposición generalizada del sistema internacional de los derechos humanos y la formalización de facto de sistemas que establecen un orden jerárquico entre grupos étnicos o raciales.

Tras la pandemia y la guerra, la acción del Estado se ha vuelto imprescindible para que no se produzcan quiebras en cascada y se venga abajo el sistema económico-financiero. Pero el relato de las “propuestas de futuro para la recuperación”, pese a toda la retórica gubernamental fundamentada en los valores europeos y concretada en los fondos Next Generation, pasa por reforzar la arquitectura jurídica de la impunidad y continuar con su lógica de expulsión, desposesión y necropolítica. De hecho, los planes de “transformación y resiliencia” van a ser reformulados inmediatamente para adaptarse a los requerimientos de la recién promulgada estrategia RePowerEU: se trata de rebajar aún más las barreras ambientales y climáticas –hasta llega a suspenderse el principio de “no hacer un daño significativo”– con tal de garantizar el suministro energético a la Unión Europea 7/.

Como ha señalado Miguel Mellino, “para las élites y clases dirigentes ha llegado el momento de la destrucción creativa del capitalismo. Están desmontando viejas estructuras para crear las bases de una nueva lógica de acumulación” 8/. Está en juego una fase de recomposición capitalista y es ahí donde efectivamente toca intervenir. Un contexto donde las rivalidades geopolíticas, los conflictos bélicos, la competencia económica, la militarización del comercio y la preocupación por asegurar las ganancias empresariales nos asoman a nuevas maneras de reinterpretar los derechos humanos. Muchos de sus imperativos universales conectan con la emancipación y la resistencia de los pueblos, pero otros colisionan con la falta de empatía de las categorías de derechos y las maneras de entender las relaciones humanas.

El uso alternativo del derecho implica el uso legal, alegal e ilegal del mismo; la reinterpretación conceptual de la legalidad frente a la legitimidad vuelve a aparecer en el marco de la defensa de los derechos de las mayorías sociales. Hablar en serio de derechos humanos implica radicalizar la democracia, construir proyectos socioeconómicos en colectivo, fortalecer los procesos de autoorganización social desde la base sin renunciar a la disputa de ciertos espacios institucionales y reconfigurar nuevos espacios de contrapoder a nivel local y global.

Recordando a Daniel Bensaïd, “nadie puede decir cómo serán las revoluciones del siglo XXI. Como sistema dominante, el capitalismo apenas tiene unos siglos. No es eterno. Terminará, para lo bueno y para lo malo. Porque entramos en una crisis de civilización de larga duración, en la que la reducción del mundo a una dimensión comercial es cada vez más irracional y miserable. Lo fundamental es darle una oportunidad a la parte evitable de la historia” 9/.

Notas

1/ Declaraciones de Mariola Urrea en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, 18 de mayo de 2022.

2/ Josep Borrell: “No enviar armas a Ucrania habría sido una inmensa hipocresía y un fallo histórico”, entrevista de Pablo R. Suanzes, El Mundo, 4/03/2022.

3/ “Tener poco valor, o un valor marginal para el capital, ser superfluo, inmediatamente sustituible es tendencialmente la condición definitoria de la inmensa mayoría del planeta” (Rodríguez, 2018: 223).

4/ Raúl Sánchez Cedillo, “Toda guerra siembra fascismo”, El Salto, 25 de febrero de 2022.

5/ Gonzalo Fernández y Juan Hernández Zubizarreta, “La tormenta perfecta ya está aquí”, El Salto, 17 de marzo de 2022.

6/ Amnistía Internacional, La situación de los derechos humanos en el mundo, 2022.

7/ Josep Nualart y Nicola Scherer, “Como abordar el ‘the winter is coming’ en una UE dependiente de Rusia: el RePowerEU”, La Marea, 20 de mayo de 2022.

8/ “Miguel Mellino: La guerra en Ucrania es la crisis definitiva del orden neoliberal globalizado”, entrevista de Gorka Castillo en Ctxt, 1 de marzo de 2022.

9/ Revue Ballast, “Abecedario de Daniel Bensaïd”, El Salto, 9 de febrero de 2020.

Fuente: Rebelión

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