Por Ailén Bullentini

El 28 de enero de 1977, el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que entonces era Francis Blanchard, recibió una carta de parte de la Confederación Mundial del Trabajo, una entidad con sede central en Bruselas. En esa carta, el secretario general adjunto de esa confederación, José González, denunciaba la «gravedad de la represión y la violación de las libertades fundamentales de los trabajadores» que, por aquellos años, atravesaba el movimiento obrero en la Argentina, bajo la dictadura cívico militar eclesiástica. La carta llevó adjunta una lista con 499 “obreros, dirigentes sindicales y sin cargo alguno, que han sufrido la represión del régimen actual», que “han sido detenidos, secuestrados, desaparecidos, asesinados o que por estar a disposición del Poder Ejecutivo nacional optaron por salir del país y no pueden regresar a la Argentina pues serían encarcelados nuevamente». 

Esa fue una de las tantas listas que la OIT recibió durante el terrorismo de Estado de parte de sindicatos y gremios nacionales e internacionales, federaciones y confederaciones regionales, agrupaciones políticas y colectivos de referentes del movimiento obrero. La documentación está en poder del Estado argentino desde mediados de marzo.

“Se trata de documentos que escriben la historia del movimiento obrero bajo la persecución del terrorismo de Estado”, señala Julián Scabbiolo, titular de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, la entidad que recibió los archivos entregados por la OIT. Un cúmulo de información que hace hasta poco estaba “guardada en Europa”, y que dentro de poco estará “a disposición de todos los argentinos».

La memoria del movimiento obrero

En 2017 la Comisión que funciona bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas de la Nación se propuso iniciar conversaciones con la oficina de la OIT en la Argentina para solicitar la apertura de archivos de ese organismo que reflejaran reclamos vinculados a la persecución y exterminio del movimiento obrero por parte de la última dictadura cívico militar. 

Entonces, la CGT y la CTA, además de Abuelas de Plaza de Mayo, apoyaron la misión de recuperar ese archivo “tan importante para la historia, la política y la cultura del movimiento obrero”, apuntó Scabbiolo. Dos años después, en octubre de 2019, se llegó a un acuerdo y a través de un memorando de entendimiento, el organismo internacional se comprometió a buscar y entregar a la Comisión copias de toda la documentación que en sus oficinas de Argentina y Ginebra se hallara vinculada a denuncias e intercambios sobre el accionar del terrorismo de Estado contra el pueblo trabajador argentino.

No fue aquel el primer pedido de desclasificación de documentación que el Estado argentino realizó a la OIT. En 2015, el director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo –a cargo de Carlos Tomada– Julio Rosales, presentó el primer pedido. 

Hasta hoy, la Comisión recibió cuatro envíos de documentación –el último, a mediados de marzo pasado–, aunque no se descarta que haya otras más adelante. Entre lo entregado hasta ahora hay presentaciones de entidades obreras argentinas, regionales y mundiales, de confederaciones y federaciones, de agrupaciones políticas que denuncian ante la OIT detenciones, secuestros, torturas y desapariciones de dirigentes y militantes de base sindicales, pero también la interrupción de derechos gremiales en la Argentina desangrada por las Juntas militares. Listas de obreros víctimas, como la de la CMT de enero de 1977, pedidos de intervención “personal” al director de la OIT, solicitudes para que se trate el caso de Argentina en las conferencias anuales del organismo. Pedidos de intervención al organismo internacional. También hay respuestas del Gobierno represor.

Patrimonio histórico

“Toda esta documentación es un gran aporte a la reconstrucción de la persecución al movimiento obrero no solo argentino, sino también regional. Hay reclamos por trabajadores de países de la región por lo que se percibe el impacto del Plan Cóndor. Y además es la confirmación de que el pueblo trabajador fue atacado ferozmente, pero que también resistió”, concluyó el titular de la Comisión. 

Ahora están dedicados a analizar la información, identificarla y clasificarla, para luego poder abrirla al acceso público en la Biblioteca de Trabajo y Derechos Humanos «Roberto Repetto», que maneja la entidad. “Que esté preservado por el Estado Nacional y accesible en forma gratuita para su consulta en la biblioteca de la Comisión es importante. Estamos hablando de un patrimonio histórico cultural para las futuras generaciones”, concluyó.

Denuncias colectivas

La situación represiva que sufrió el movimiento obrero desde el minuto cero de la instalación de las Fuerzas Armadas en el gobierno nacional fue denunciada de inmediato ante la OIT. En su análisis La OIT y las dictaduras latinoamericanas, la  investigadora Luciana Zorzoli ubica en el 25 de marzo de 1976 la primera queja formal que el organismo internacional recibió sobre el tema. Fue de parte de la Federación Sindical Mundial. «En los siguientes siete días el crecimiento de las denuncias fue exponencial», sostiene Zorzoli en su documento, donde explica que las presentaciones fueron derivadas al Comité de Libertad Sindical de la OIT, en el marco de la apertura de un caso ante la entidad: el número 842. 

Como todas las que llegaron después, aquella lista de trabajadores y referentes sindicales secuestrados y detenidos presentada por la Confederación Mundial del Trabajo el 28 de enero de 1977 fue incluida en el Caso 842. Esa presentación reclamaba también, la intervención «personal» al director del organismo ante el Gobierno de facto para que «deje en libertad a los detenidos, informe de la situación de las personas desaparecidas, proceda al juicio correspondiente a los responsables de los asesinatos que se mencionan y restablezca el estado de democracia y respeto a los derechos sindicales y a las libertades fundamentales de los trabajadores”.

La misma entidad vuelve a contactarse con la OIT en marzo de 1977, cuando pide a Blanchard «su intervención personal ante las autoridades de la República Argentina a fin de que sean puestos en libertad los dirigentes sindicales: Oscar Smith, Amilcar González, Dolores Domínguez, Miguel Ángel Maldonado». González, Domínguez y Maldonado estaban a disposición del PEN. Smith fue secuestrado y continúa desaparecido. Antes y después habrá nuevas presentaciones de la Federación Sindical Mundial, Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, la Unión Internacional Sindical deTrabajadores Metalúrgicos, la Federación Internacional Sindical de la Enseñanza, entre otras agrupaciones internacionales. 

Las listas

Las denuncias con listas de trabajadoras y trabajadores, dirigentes y referentes del movimiento obrero argentino y latinoamericano secuestrados y desaparecidos, detenidos a disposición del Poder Ejecutivo y perseguidos, fueron creciendo a medida que pasaban los meses y se iba corriendo el velo sobre los crímenes que a diario cometía la dictadura argentina. Zorzoli señaló que esos listados impulsaron al Comité de Libertad Sindical de la OIT a «llevar un registro detallado y pedir al gobierno en forma periódica informes sobre las situaciones particulares» de esas personas. Incluso mencionó que el organismo llegó a recibir cartas de familiares de esas víctimas, aunque se determinó que solo serían incorporadas al expediente aquellas presentaciones emanadas de organizaciones sindicales.  

El 21 de abril de 1978, la Federación Sindical Mundial le vuelve a escribe a Blanchard. Le recuerda la «no observancia» por parte de la Junta genocida «del Convenio sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización y sobre la detención o desaparición de sindicalistas y ex sindicalistas, la intervención de organizaciones sindicales y restricciones impuestas a las actividades sindicales”. Adjunta una lista con trabajadores víctimas: 1500 militantes sindicales presos o desaparecidos en Argentina.

Pedidos individuales

En febrero de 1977, el Frente Unido de Trabajadores de Puerto Rico (FUT) le solicitó a la OIT «pronta intervención» ante la «alarmante situación por la que están atravesando en este momento trabajadores argentinos y peruanos». «En particular el peligro de muerte en que se halla el compañero Jorge Di Pascuale, secretario general de la Federación de Trabajadores de Industrias Farmacéuticas de Argentina, además de la encarcelación de centenares de compañeros líderes sindicales de ambos países”. 

Di Pascuale había sido secuestrado la madrugada del 29 de diciembre de 1976 por una patota que lo fue a buscar a su casa. Sobrevivientes del Vesubio lo vieron allí, torturado. Estuvo desaparecido durante 33 años, hasta que el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó sus restos en una fosa común del Cementerio de Avellaneda.

El caso de Alfredo Bravo

En octubre de 1977, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) le escribió al presidente de la Comisión de Libertad Sindical de la OIT para denunciar la detención del secretario general del gremio, Alfredo Bravo. En el documento informaban que el fundador de CTERA había sido detenido en su lugar de trabajo (una escuela de adultos de la Ciudad de Buenos Aires) y que «durante 12 días no se tuvieron noticias de su paradero, nadie se hacía responsable de su suerte». La dictadura nunca lo dijo, pero el dirigente fue trasladado a La Plata en aquellos días, encerrado en el centro clandestino que funcionó en la Brigada de Investigaciones de esa cuidad y torturado en el Destacamento de Arana. El genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz fue su torturador. Años después, ya reestablecida la democracia, ambos se encontrarían cara a cara en un «debate» en el programa televisivo Hora Clave

La misiva evidencia que no es la primera vez que el caso de Bravo llega a la OIT; se mencionan denuncias anteriores de la Confederación Mundial de Organizaciones de Profesionales de la Enseñanza y la Federación Internacional de Sindicatos de la Enseñanza. Sin embargo, la presentación de la CTERA sería una de las únicas dos que organizaciones sindicales argentinas realizarán ante la OIT por casos puntuales de referentes desaparecidos. La otra pertenece al Sindicato de Empleados de Entidades Financieras no Bancarias, que en enero de 1978 denuncia la desaparición de una trabajadora y su esposo.

La insistencia de Montoneros

En noviembre de 1980, la rama sindical del Movimiento Peronista Montonero también le escribió a Blanchard una carta en la que una nueva lista con trabajadores y dirigentes sindicales «secuestrados por las fuerzas represivas, o prisioneros de la Junta Militar argentina» a la que definió como «incompleta» debido «a la magnitud del genocidio cometidos contra los trabajadores argentino». La carta la firma Eduardo Berrozpe, encargado de asuntos internacionales de Montoneros. Desde ya, no era la primera jugada que la agrupación hacía ante el organismo internacional.

“Mucho se hizo ante la OIT, siempre con la intención difundir los crímenes de la dictadura, por la despiadada represión contra los trabajadores sindicalizados, y con las principales organizaciones sindicales intervenidas”, recordó Berrozpe en diálogo con este diario. Desde Montoneros, los primeros contactos con entidades vinculadas a la organización de los trabajadores a nivel mundial fueron entablados por dirigentes sindicales de la organización, que cada tanto salían del país con ese objetivo, para luego retornar y seguir organizando la resistencia sindical. Armando Croatto, del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda; José Dálmaso López, dirigente sindical de la industria química de Santa Fe, Gonzalo Chávez, de la Juventud Trabajadora Peronista lideraron esas tareas. 

En paralelo, fronteras adentro, comenzaba a gestarse la Comisión de los 25, en la que dirigentes de diferentes sindicatos impulsaron la resistencia y los reclamos por secuestros, desapariciones y detenciones de dirigentes e integrantes de base del movimiento obrero.

Berrozpe, dirigente bancario, se sumó a la tarea de relaciones sindicales internacionales a fines de 1978. “Fue muy importante todo lo que se hizo sistemáticamente con todas las centrales sindicales internacionales y en particular en el marco de la OIT. Las denuncias cobraron mucha potencia desde 1977, particularmente durante el Mundial, y la situación en Argentina se trató reiteradamente en las Conferencias de la OIT, también con la presencia en ellas de dirigentes de “Los 25”, que organizaron el primer paro contra la dictadura 27 de abril de 1979”, remarcó.

¿Qué hacía la OIT?

Frente a esta cantidad de decenas, la OIT asumió un rol mediador: recibía las demandas, las traspasaba al representante argentino en el organismo y pedía explicaciones. Antonio Malintoppi, un representante del director del organismo, Francis Blanchard, visitó la Argentina en dos oportunidades entre 1978 y 1980, consigna Zorzoli. 

Además, la persecución al movimiento obrero fue un tema denunciado en las conferencias anuales de la OIT. La investigadora de Conicet y titular de la Unidad especial de investigación sobre delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Victoria Basualdo, concluye que la OIT «cumplió un papel importante» en ese aspecto debido a la exposición que significó el tema a nivel mundial. En un contexto «de censura, control sobre la prensa y represión intensa, encuentros internacionales como la conferencia anual eran también foros de importancia potencial central para difundir lo que ocurría en la Argentina. Precisamente por eso se convirtió también en un eje importante de discusión en el seno del movimiento sindical, y en un objetivo para los sectores perseguidos que buscaban también lograr alguna presencia allí, aunque fuera informal», apunta en La OIT entre la dictadura y la democracia en la Argentina, uno de sus tantos artículos al respecto. 

Argentina no quitó los pies del plato de la OIT durante la última dictadura cívico militar eclesiástica. Mantuvo a su agregado, Gabriel Martínez, a cargo de la misión permanente del país ante la organización y fue éste quien se hizo cargo de las respuestas vertidas por las Juntas genocidas, que fueron varias y todas en el mismo tenor. En octubre de 1977, en respuesta a una denuncia de la Confederación Internacional de Federaciones Sindicales Libres, los funcionarios dictatoriales hablan de una «gravísima situación económica, social, política y moral que había colocado al país al borde del caos» como fundamento para «las restricciones al ejercicio de importantes derechos», como los sindicales reclamados ante la OIT.

Dicen que «no existió ni existe una suspensión total de los derechos sindicales sino de aquellos que fueron absolutamente indispensables para arribar a los resultados socio económicos propuestos”, sin aclarar cuáles son; reconocen que establecieron una “pausa respecto de la libre actividad de índole gremial colectiva” así como la “suspensión de la negociación colectiva” de salarios. Y reconocen la detención bajo disposición del Poder Ejecutivo Nacional de diez dirigentes gremiales. Nada dicen de las centenas de trabajadores desaparecides que, para entonces, ya era información conocida mundialmente.

Fuente: P12

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